La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó en 1986 que el gobierno de Estados Unidos había violado el derecho internacional en sus ataques contra Nicaragua y que le debía reparaciones a la nación centroamericana.
El 27 de junio de 2023 fue el 37 aniversario de este fallo, y Washington hasta el día de hoy se niega a pagarle a Nicaragua el dinero que legalmente le debe.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el brazo judicial de las Naciones Unidas. (No debe confundirse con la Corte Penal Internacional (CPI), que es independiente de la ONU. La CIJ se fundó en 1945 para resolver disputas entre estados; mientras que la CPI se formó recién en 2002, para enjuiciar a las personas).
En 1986, la CIJ determinó que Estados Unidos violó repetidamente el derecho internacional al:entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a los paramilitares de la Contra en Nicaragua;
atacando la infraestructura nicaragüense;
poner minas en los puertos de Nicaragua;
imponer un embargo a Nicaragua; y
alentar a los Contras a cometer atrocidades que violan el derecho internacional humanitario.
El actual gobierno de Nicaragua ha pedido públicamente a los Estados Unidos que cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional.
Este 26 de junio, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, exigiendo que Washington pague reparaciones.
“Existe una deuda histórica con el pueblo de Nicaragua que 37 años después no ha sido saldada por Estados Unidos”, dijo Ortega.
“Es una obligación claramente establecida en sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional, la Corte Internacional de Justicia”.
El presidente de Nicaragua escribió:
La lista de daños directos incluye daños humanos, daños materiales directos, gastos de defensa, pérdidas causadas por el embargo.
También otros daños como pérdidas sociales en educación, salud, trabajo, seguridad social, así como pérdidas potenciales para el desarrollo y la producción.
Desde todos los puntos de vista, el derecho al desarrollo de la nación se vio afectado de manera irreparable .
El valor estimado de los daños en marzo de 1988, fecha en que se presentó el Informe junto con toda la documentación de respaldo, se estimó en $12 mil millones.
Este monto no refleja daños posteriores a dicha fecha , cuyas consecuencias son actualmente comprobables.
Por ejemplo, hasta el día de hoy, el sistema de seguridad social del país continúa pagando pensiones a los heridos en la guerra y sus familiares, incluidos los que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas ilegalmente por Estados Unidos, que nunca asumió el costo social de dicha guerra. ilegalidades
Ajustado por inflación , $12 mil millones en 1988 serían más de $31 mil millones en 2023.
La guerra terrorista de Estados Unidos contra el gobierno sandinista de Nicaragua
Tras el triunfo de la Revolución Sandinista socialista de Nicaragua en 1979, Estados Unidos creó un ejército terrorista de extrema derecha que buscaba derrocar violentamente al nuevo gobierno revolucionario.
La CIA armó y entrenó a escuadrones de la muerte conocidos como Contras, abreviatura de “Contrarrevolucionarios”.
Con el respaldo de Estados Unidos, los Contras utilizaron sistemáticamente el terrorismo para desestabilizar la sociedad nicaragüense.
Un exlíder de la Contra de una de las familias oligárquicas más poderosas del país, Edgar Chamorro, publicó una carta abierta en el New York Times en 1986 admitiendo que “el terror es el arma más efectiva de los 'contras' ”.
“Fue una política premeditada para aterrorizar a civiles no combatientes para evitar que cooperaran con el Gobierno. Cientos de asesinatos, mutilaciones, torturas y violaciones de civiles se cometieron en cumplimiento de esta política”, recordó.
Refiriéndose a los Contras como "títeres de la CIA" y "un ejército controlado por el gobierno de los Estados Unidos", Chamorro escribió que "los 'contras' queman escuelas, casas y centros de salud tan rápido como los sandinistas los construyen".
Chamorro dijo que los Contras respaldados por Estados Unidos se apoderaron de aldeas pobres, luego “seleccionaron a los civiles de los que sospechaban que simpatizaban con el gobierno y les dispararon a sangre fría como una lección”.
El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con el líder de la Contra, el "Doctor Henry", frente a la Casa Blanca.
En 1984, el gobierno de Nicaragua presentó un caso ante el órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), exigiendo acciones legales contra los Estados Unidos por sus ataques.
El gobierno de Estados Unidos se negó a representarse a sí mismo en los tribunales y boicoteó el caso. Al hacerlo, Washington se negó a aceptar la legitimidad de la CIJ respaldada por la ONU, socavando el llamado “ orden internacional basado en reglas ” que EE.UU. afirma apoyar.
El caso de la CIJ se denominó oficialmente “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua ( Nicaragua v. Estados Unidos de América )”.
Los jueces escribieron en 1986 que el tribunal:
Decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la contra o alentar, apoyar y ayudar de otra manera a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua , ha actuado contra la República de Nicaragua, en violación de sus obligación bajo el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado;
Decide que los Estados Unidos de América, por ciertos ataques al territorio de Nicaragua en 1983-1984, a saber, ataques a Puerto Sandino el 13 de septiembre y el 14 de octubre de 1983; un ataque a Corinto el 10 de octubre de 1983; un ataque a la Base Naval de Potosí el 4/5 de enero de 1984; un ataque a San Juan del Sur el 7 de marzo de 1984; ataques a lanchas patrulleras en Puerto Sandino el 28 y 30 de marzo de 1984; y un ataque a San Juan del Norte el 9 de abril de 1984; y además por los actos de intervención a que se refiere el inciso (3) del presente que implican el uso de la fuerza, ha actuado, contra la República de Nicaragua, en incumplimiento de su obligación bajo el derecho internacional consuetudinario de no usar la fuerza contra otro Estado;
Decide que, al sembrar minas en las aguas interiores o territoriales de la República de Nicaragua durante los primeros meses de 1984, los Estados Unidos de América han actuado, contra la República de Nicaragua, en incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional consuetudinario de no utilizar fuerza contra otro Estado, para no intervenir en sus asuntos, para no violar su soberanía y para no interrumpir el comercio marítimo pacífico;
Determina que los Estados Unidos de América, al producir en 1983 un manual titulado Operaciones sicológicas [sic] en guerra de guerrillas , y difundirlo entre las fuerzas de la contra, ha fomentado la comisión por parte de estas de actos contrarios a los principios generales del derecho humanitario ;
Decide que los Estados Unidos de América, por los ataques al territorio nicaragüense … y al declarar un embargo general al comercio con Nicaragua el 1 de mayo de 1985, ha cometido actos calculados para despojar de su objeto y fin al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las Partes firmaron en Managua el 21 de enero de 1956;
Decide que los Estados Unidos de América tienen el deber de cesar inmediatamente y abstenerse de todos los actos que puedan constituir violaciones de las obligaciones legales anteriores;
Decide que los Estados Unidos de América tienen la obligación de reparar a la República de Nicaragua por todos los daños causados a Nicaragua por las violaciones de las obligaciones bajo el derecho internacional consuetudinario enumeradas anteriormente.
La larga historia de invasiones, ataques y bloqueos económicos de Estados Unidos a Nicaragua
El fallo de la CIJ solo consideró los crímenes que Washington había cometido contra Nicaragua en la década de 1980.
Estados Unidos tiene un historial de invadir y ocupar militarmente la nación centroamericana, en múltiples ocasiones.
Después de décadas de ocupación militar, los marines estadounidenses fueron expulsados de Nicaragua en 1933, debido a una rebelión armada encabezada por el general revolucionario Augusto Sandino.
Para mantener su control político y económico sobre el país, Washington dejó atrás una Guardia Nacional dirigida por Anastasio Somoza García. Somoza asesinó a Sandino, antes de tomar el poder estatal para sí mismo, con el apoyo de Estados Unidos.
La dinastía Somoza gobernó Nicaragua como una brutal dictadura de derecha. El hijo de Somoza García, Anastasio Somoza Debayle, siguió los pasos de su padre y dirigió el país con mano de hierro, hasta que fue derrocado en la Revolución Sandinista de 1979.
El presidente estadounidense Richard Nixon con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle en 1971.
En la década de 1980, la población civil de Nicaragua sufrió los horrores de la guerra terrorista patrocinada por Estados Unidos, así como un bloqueo económico devastador, que provocó hiperinflación y escasez de muchos bienes.
La amenaza de Washington de continuar con esta guerra e imponer el bloqueo llevó a los nicaragüenses a votar en las elecciones de 1990 por la candidata presidencial derechista Violeta Chamorro, de la acaudalada dinastía oligárquica que desde hace tiempo busca controlar el país (en alianza con EE.UU.).
La victoria electoral de Chamorro fue el resultado de la intromisión y manipulación masivas de Estados Unidos. La CIA y otras agencias del gobierno estadounidense gastaron millones de dólares en crear, apoyar y asesorar la campaña de Chamorro.
En 1991, el gobierno instalado por Estados Unidos de Chamorro le dijo a la CIJ que no planeaba continuar con el caso contra Washington.
Violeta Chamorro se dirige al Congreso de los Estados Unidos en 1991.
Sin embargo, la decisión de Chamorro de descontinuar el caso fue el resultado directo de las mismas violaciones del derecho internacional y ataques a la soberanía de Nicaragua por parte de Estados Unidos sobre los que la CIJ se había pronunciado en primer lugar.
El gobierno soberano de Nicaragua tiene el derecho de volver al caso de la CIJ hoy y exigir que se implemente su fallo legalmente vinculante.
En su carta al secretario general de las Naciones Unidas, el presidente Daniel Ortega señaló que, en 1991, el gobierno de Chamorro en “Nicaragua suspendió el proceso ante la Corte para determinar el monto adeudado, pero en ningún momento condonó el pago de la deuda , es decir, el derecho a recibir una compensación ”.
La carta de Ortega dejó en claro que la decisión de Chamorro de no continuar con el caso no cambia la obligación legal de Washington de pagar reparaciones.
El actual presidente de Nicaragua escribió a la ONU:
Nicaragua nunca recibió nada a lo que no tuviera derecho (como el derecho a no ser atacado) a cambio de suspender el juicio ante la Corte.
En lugar de recibir la reparación que moral y legalmente corresponde, Nicaragua sigue siendo objeto de un nuevo tipo de agresión.
Es en este contexto, en el que Nicaragua ha sido nuevamente víctima de atentados, ahora eufemísticamente llamados sanciones, y víctima de un intento de golpe de Estado, que el pueblo de Nicaragua recuerda la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
Nicaragua aprovecha esta oportunidad para recordar que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y de ineludible cumplimiento, por lo que Estados Unidos tiene la obligación legal de cumplir con las reparaciones ordenadas por la sentencia del 27 de junio de 1986.
https://mronline.org/2023/06/30/u-s-legally-owes-nicaragua-reparations-but-still-refuses-to-honor-1986-intl-court-of-justice-ruling/
