Pedro Castillo, expresidente de Perú, estaba citado a declarar este miércoles ante el Congreso para responder sobre los hechos del pasado 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Parlamento y la instalación de un Gobierno de excepción en el país suramericano, acciones que han sido consideradas como un intento de golpe de Estado y por las que fue detenido y posteriormente encarcelado en el penal de Barbadillo.
El exmandatario, que fue destituido por el Parlamento ese mismo día, es señalado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. En medio de esta acusación fue citado a asistir al Congreso por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
Para cumplir con la cita, el expresidente solicitó acudir en persona al Parlamento, pero los congresistas le negaron esa posibilidad e indicaron que debía hablar vía teleconferencia. Al momento de comenzar la interpelación, su abogado, Eduardo Pachas Palacios, explicó desde la cárcel, que tenían problemas de conexión y que no podían abrir la cámara.
La presidenta de la SAC, la legisladora Lady Camones, le indicó que en el penal había un equipo del Parlamento que los podía ayudar, pero la defensa de Castillo le exlicó que no había nadie del Congreso y que solo estaban las autoridades de la penitenciaría. Ante esto, la audiencia se suspendió por varios minutos y luego llamaron a otros testigos.
Cuando se logró establecer la conexión con video en vivo, la SAC procedió a llamar a Castillo, pero en ese momento, su defensa informó que el expresidente tenía que atender otras diligencias programadas por la Fiscalía a esa misma hora. Por ello, Pachas presentó un recurso para modificar la fecha y la hora para la presentación del exmandatario ante el Congreso e indicó que esa declaración debían hacerla de forma presencial. Además, el abogado pidió que se especifique si la cita será como testigo o imputado.
La congresista explicó que la solicitud de que Castillo acuda al Parlamento en persona es "imposible", porque está privado de libertad de forma preventiva. También, alegó que el expresidente sí podría declarar desde la cárcel, porque según ella, tendría todo el tiempo para hacerlo.
En respuesta, la defensa argumentó que para que Castillo declare ante la SAC, su equipo tendría que estudiar todo el expediente sobre el que le piden declarar, y advirtió que en el proceso de interpelaciones, los parlamentarios, donde citan al expresidente como testigo, apuntan contra él como si fuera el principal culpable de los hechos del 7 de diciembre de 2022.
Ante la postura de la defensa de Castillo, la presidenta de la SAC decidió declarar la inasistencia del exmandatario y le hizo un llamado para que "colabore" en otra ocasión y hable por las vías virtuales que se le facilitan.
"Tómo medidas desesperadas"
Previo a la interpelación de Castillo ante la SAC, también fueron interrogados el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, y el exjefe del Gabinete, Aníbal Torres, quienes estuvieron presentes en el Palacio Presidencial de Lima, cuando Castillo realizó los polémicos anuncios al país.
El primero que acudió al senado fue Bobbio, quien había sido juramentado por Castillo como titular de Defensa apenas un día antes, el 6 de diciembre.
En su interrogatorio, el exministro ofreció su versión como testigo y relató que él no sabía nada sobre el anuncio que iba a dar el exmandatario y que antes de dar sus declaraciones públicas le temblaban las manos.
Con respecto al discurso que leyó Castillo ese día, Bobbio comentó que todo estaba escrito en una hoja y que no tiene conocimiento si el expresidente lo escribió, si lo hizo otra persona o entre varios asesores.
Bobbio agregó que, a su parecer, lo que ocurrió ese día, aunque estuvo fuera de legalidad, no puede ser calificado como un golpe de Estado, porque no fue algo más que un mensaje a la nación de "un hombre al que no dejaron gobernar" y que "tomó medidas desesperadas" para tratar de cambiar el rumbo del país.
"No hubo golpe de Estado"
Durante la interpelación al exprimer ministro Torres, las tensiones se elevaron dentro del Parlamento, debido a que el exfuncionario intentó, en varias ocasiones, profundizar sobre los hechos y el contexto en el que a su parecer sucedieron las cosas ese día, pero fue interrumpido repetidamente por los congresistas.
Sin embargo, Torres logró explicar a la SAC que, a su parecer, el pasado 7 de diciembre "no hubo un golpe de Estado", sino un mensaje a la nación de Castillo, con unas pretensiones que no se hicieron reales y que nunca se coordinó con las Fuerzas Armadas para garantizar el quiebre del Estado de derecho.
"¿Cómo se puede dar un golpe de Estado sin la coordinación de las Fuerzas Armadas?", cuestionó Torres tras aseverar que para que se quebrara el hilo constitucional, tenía que haber participación del sector castrense y eso nunca ocurrió. "Es algo de sentido común", insistió.
Del mismo modo, Torres agregó que el exmandatario tampoco rubricó normas jurídicas para aplicar las medidas que anunció, aunque admitió que había quedado sorprendido después del discurso porque no tenía idea del contenido del texto que leyó ante los medios.
El expremier también comentó que tras los hechos, Castillo le informó que iba a llevar a su familia a la embajada de México y él decidió acompañarlo. Sobre esto, detalló que el exmandatario le dijo que su esposa e hijos estaban amenazadas de muerte.
"No hubo delito de rebelión"
Sobre la acusación de rebelión, Torres comentó que cuando se pretende imponer esa acusación, según su interpretación de la ley, este señalamiento no se puede ajustar a derecho porque para que alguien sea imputado por ese crimen tiene que alzarse en armas contra el orden democrático y "Pedro Castillo ni siquiera tenía un cortauñas", por lo tanto, "no hubo delito de rebelión".
En medio de sus polémicas declaraciones, Torres señaló que lo único irregular que pudo haber cometido Castillo fue la lectura del discurso y que por eso debió ser interpelado por el Legislativo, pero eso nunca ocurrió porque a su parecer, el parlamento violó su propio reglamento y decidió vacar al expresidente sin investigar ni realizar un juicio político.
Torres agregó que en la actualidad hay una "dictadura" impuesta por el Congreso tras designar a Dina Boluarte como presidenta, que ha provocado la crisis política e institucional que enfrenta el país, que se encuentra en inestabilidad por masivas protestas desde la destitución de Castillo.
En respuesta, los parlamentarios, que en medio de las protestas que han dejado 60 fallecidos rechazaron las propuestas de adelanto de elecciones generales para resolver la crisis política, afirmaron que en el país sí existe un Estado de derecho y que la única "dictadura" fue la que intentó implementar Castillo al romper el orden democrático y abrogarse el poder absoluto.
La consulta que realiza el Congreso a los testigos responde a una investigación promovida por la fiscal Liz Patricia Benavides Vargas contra la expresidenta del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez Chino, y los exministros de Interior, Willy Huerta Olivas, y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez Palomino, a quienes se les acusa como presuntos coautores de los delitos de rebelión y conspiración contra los poderes del Estado.
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