La lucha por aflorar el gasto militar oculto se convierte en prioritaria por la exigencia de EE UU de llegar al 2% del PIB.
El Gobierno español solo reconoce una pequeña parte del gasto militar real, según los colectivos antimilitaristas y pacifistas.
¿Quién se beneficia de que más de la mitad del gasto militar se mantenga oculto?
“Hay que pararle los pies a Putin”, decía el presidente Pedro Sánchez a mediados de marzo, justo antes de anunciar que cumpliría con el compromiso adquirido con Estados Unidos y la OTAN de aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB, cuatro veces más de lo que dedican los Presupuestos Generales del Estado a Educación.
Un renovado ardor guerrero que es compartido por parte de la población española. Según el último estudio del CIS, hasta un 47,3% se muestra partidario de aumentar el gasto en Defensa para “estar preparados para futuras amenazas”.
No se trata, sin embargo, de una “inmensa mayoría”, como decía la ministra de Defensa, Margarita Robles: un 46,6% de la población, según el CIS, apostaba por no aumentar estos gastos o bajarlos.
Pero la pregunta no es solo si debe bajar o subir los gastos militares sino cuál es el punto de partida, es decir, cuál es el gasto militar actual.
Si se tiene en cuenta la cifra de gasto militar con la que trabaja el Gobierno, este no llega al 1% del PIB, por lo que una escalada hasta el 2% supondría doblar la inversión en las Fuerzas Armadas.
Desde hace más de una década diversos colectivos pacifistas llevan denunciando que el gasto militar declarado solo representa entre la mitad y una tercera parte del gasto militar real, escondido y camuflado en partidas de otros Ministerios
Sin embargo, desde hace más de una década diversos colectivos pacifistas llevan denunciando que el gasto militar declarado solo representa entre la mitad y una tercera parte del gasto militar real, escondido y camuflado en partidas de otros Ministerios.
Uno de estos grupos es el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, que lleva desde 1996 realizando análisis de los costes reales del gasto militar español.
Según su último informe, El gasto militar real del Estado español para 2022, este año los diversos Ministerios habrán dedicado al gasto militar 22.796 millones de euros, el 1,8% del PIB, muy cerca de la exigencia de la OTAN.
Pero no existe voluntad de reconocer este gasto oculto, dice a El Salto uno de los principales analistas del Centre Delàs, Pere Ortega.
Más bien al contrario, la guerra de Ucrania se ha convertido en una “excusa” para aumentar el gasto militar, explica este experto. Una demanda que contenta, además de a Estados Unidos, la primera industria militar del mundo, al complejo militar empresarial español y europeo.
Otro colectivo que lleva años estudiando los presupuestos para rastrear partidas militares es el Grupo Antimilitarista Tortuga. Según sus cálculos, que incluyen más partidas que el Centre Delás, el gasto militar real en 2022 asciende a 37.563 millones de euros.
De ellos, solo 10.155 millones fueron reconocidos por el Gobierno como tal. Desde esa perspectiva, el Estado español no solo no tendría que aumentar su gasto militar sino que podría bajarlo en más de 15.000 millones y seguiría estando dentro de los estándares exigidos por la OTAN. ¿Dónde se esconden esos 29.136 millones de euros de gasto militar oculto? ¿Qué intereses están en juego?
Gastos camuflados
Si algo caracteriza al gasto militar en el Estado español, cuenta a El Salto Juan Carlos Rois, del Grupo Antimilitarista Tortuga, es la “falta de transparencia” y la “opacidad”.
El gasto militar reconocido por los sucesivos gobiernos, ya sean del PP o del PSOE, se limita al gasto del Ministerio de Defensa, apenas un 0,9% del PBI. No constan como gasto militar, asegura Rois, los gigantescos programas de armamento, el dinero destinado a los organismos autónomos militares, la protección social de los soldados, los gastos asociados al instituto militar de vivienda o las pensiones militares escondidas en los presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Tampoco se consideran gasto militar las misiones en el extranjero, que corren por cuenta del Ministerio de Exteriores, o el sobrecoste de un 35% que, año tras año, aumentan el déficit de la enorme infraestructura que rodea las Fuerzas Armadas españolas.
Un déficit que se transforma en deuda e intereses que el Estado debe pagar año tras año, nada menos que 8.123 millones de euros en 2022, y que tampoco figura como gasto militar, detalla el informe anual que realiza este colectivo pacifista.
Según el último informe del Centre Delás, este año los diversos ministerios habrán dedicado al gasto militar 22.796 millones de euros, el 1,8% del PIB, muy cerca de la exigencia de la OTAN
“Ningún ministerio lleva 30 años presupuestando por debajo de lo que gasta en las proporciones que lo hace Defensa y la razón es muy simple: conocer la desmesura del gasto militar puede deslegitimarlo y por eso necesitan disfrazar un gasto al que no están dispuestos a renunciar”, se puede leer en este informe.
Para Rois, las razones de que el gasto real sea tres veces mayor que el admitido hay que buscarlas en los intentos de camuflar la realidad de un “ejército desproporcionado” de más de 135.000 efectivos —15.000 en la reserva—, “ineficaz” —con 1,7 oficiales por cada soldado—, e “insostenible”, ya que todo el aparato del Estado se moviliza y se endeuda para promover un negocio: el de la industria militar.
Para Rois, resulta imposible entender por qué el gasto en Defensa no ha dejado de aumentar si no se tiene en cuenta las presiones y el trabajo soterrado de los lobbies de la industria armamentista.
Una industria de la que el propio Estado es socio con participaciones en Navantia —que ha suministrado recientemente buques de guerra a Arabia Saudí para su guerra con Yemen—, en Airbus —uno de los principales responsables de la fabricación de aviones militares— o en Indra —uno de los líderes mundiales en tecnología militar— donde el Estado tiene el 28%.
Las puertas giratorias entre el ejército y el Ministerio de Defensa son el aceite que necesita esta relación entre el Estado y las empresas de armamento: dos decenas de altos cargos de las Fuerzas Armadas y de este ministerio pasaron de firmar los acuerdos para armar al Ejército español a formar parte de los consejos de administración de las principales empresas del sector.
Fernando Alejandre Martínez, jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta finales de 2020, pasó a ser asesor de Sener Aeroespacial, una de las contratistas del Ministerio. Salvador María Delgado Moreno, exjefe de Apoyo Logístico de la Armada, pasó a formar parte de la empresa Proyectos de Interés para la Defensa Argos.
Pedro Morenés, ex ministro de Defensa con el PP, ha ocupado altos cargos en la industria armamentista, como Expal, Instalaza o MBDA, una compañía con operaciones en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia que diseña y fabrica misiles.
Expal, una empresa vasca dedicada a la fabricación de municiones y explosivos, tiene como presidente del Consejo de Administración a José Luis Urcelay, quien fue unos años antes Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.
La misma historia recorre la trayectoria profesional de Eduardo Serra, ex ministro de Defensa con el PP, y una interminable lista de altos cargos políticos que se pasaron a la empresa privada.
Según el Grupo Antimilitarista Tortuga, el gasto militar real en 2022 asciende a 37.563 millones de euros. De ellos, solo 10.155 millones fueron reconocidos por el Gobierno. Desde esa perspectiva, para llegar al 2% del PIB España tendría que reducir su gasto militar en casi 15.000 millones
Dentro de esta estrategia conjunta, las intervenciones del ejército español en el exterior, para Juan Carlos Rois, no son otra cosa que un “escaparate para la venta de armas”, una “exposición” del catálogo de buques de guerra, aviones, armas y explosivos que el complejo industrial español ofrece al mundo, todo a costa del erario público, ya que el Estado subvenciona esta venta con dinero público, siempre en aumento. “España ahora está en 17 intervenciones en el exterior.
Lo que estamos haciendo principalmente ahí es exhibir material militar”, dice Rois. No es casualidad que España sea el séptimo exportador de armas del mundo, solo superado por las seis principales potencias del mundo, todas ellas con veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Qué tiene que ver todo esto con el 2%? “Todo”, explica a El Salto este experto en gasto militar. El Gobierno, por primera vez, se ha mostrado abierto a aceptar algunos de los gastos militares ocultos que los informes del Grupo Antimilitarista Tortuga y el Centre Delás llevan años señalando, pero existen “enormes presiones” del lobby de la industria militar para que la mayoría de esos gastos sigan distribuidos y “escondidos” en otros ministerios, todo para que la subida del gasto militar sea mayor y, con ella, las ventas de las empresas de armamento.
A través de la compra de material militar para el ejército, de los créditos para la fabricación de armamento, a través de las misiones en el exterior, a través de las participaciones del Estado en las principales empresas de armamento, cualquier aumento en gasto total dedicado a la guerra incide directamente en el gigantesco entramado militar español, subraya Rois.
Si se mantiene la fórmula actual, habría que duplicar la inversión en dos años para contentar a Washington y al lobby de las armas, una “barbaridad imposible de hacer en dos años si no es con recortes importantes en otros ministerios”, dice Pere Ortega, del Centre Delás
Hay muchos intereses en juego, señala Pere Ortega, en la forma de calcular el punto de partida del gasto militar. Si se mantiene la fórmula actual, habría que duplicar la inversión en dos años para contentar a Washington, una “barbaridad imposible de hacer en dos años si no es con recortes importantes en otros ministerios”. Algo bastante improbable, añade, por las actuales alianzas del Gobierno.
La propia crisis derivada de la guerra hace menos posible este incremento de 13.000 millones en el gasto militar y deja abierta una paradoja: la única forma de aumentar en estas dimensiones el gasto militar es que acabe pronto el conflicto, explica Ortega, una situación que haría completamente innecesario el coste político derivado de esta apuesta por aumentar el gasto militar.
Todo vuelve a la forma de calcular el gasto dedicado a las Fuerzas Armadas y todo lo que le rodea, incide este analista.
Si sumamos el gasto militar reconocido por el Gobierno al gasto social militar —pensiones, seguridad social, etc.— el gasto llegaría al 1,4% del PIB, cerca de la media europea. Y si se sumaran todos los gastos repartidos en los otros ministerios casi no haría falta aumentar el gasto militar para estar al día con las exigencias de la OTAN.
“Dudoso orden de prioridades”
La crisis de 2008 supuso un freno para el aumento del gasto militar en todo el mundo y una “demostración”, dice Pere Ortega, de que “se puede bajar el gasto militar” si es necesario. Casi todos los países redujeron sus inversiones, incluido EE UU que recortó el presupuesto de Defensa en casi 100.000 millones.
Pero este ciclo terminó en 2014, cuando los años de bonanza económica y la anexión de Crimea por parte de Rusia convencieron a los gobiernos de volver a la senda del rearme. Desde entonces, en Europa el gasto militar no ha dejado de aumentar, incluso en años de pandemia cuando el resto de la economía se hundía.
Medio año después de la anexión de Crimea, en la cumbre de la OTAN de Gales, Estados Unidos exigió a los países europeos un aumento del gasto militar, que debería llegar al 2%. En 2018, Pedro Sánchez asumió ese objetivo y volvió a reivindicarlo semanas después del inicio de la guerra de Ucrania.
El compromiso de aumento del gasto militar no ha contado con el visto bueno de Unidas Podemos, EH Bildu, ERC y otros partidos de la izquierda parlamentaria, por lo que unos presupuestos que cuenten con un gran aumento del gasto militar, en principio, solo podrán salir adelante con apoyos de los partidos de derecha del Congreso.
Sin embargo, el aumento del gasto militar venía de mucho antes de la guerra de Ucrania. En los Presupuestos de 2022, el Gobierno de coalición ya había aprobado una partida de 22.796 millones de euros de gasto militar, un 124% más de lo asignado al Ministerio de Defensa, un nuevo récord histórico, según las cifras que maneja el informe del Centre Delás.
Este aumento del 5,75% con respecto al año anterior se sustentó en un incremento del 16,2% en los gastos en armamento y del 8,76% de la I+D militar. Según este instituto de investigación para la paz, el gasto militar diario en España subió hasta los 62 millones, unos 479 euros por habitante. Los 34 Programas Especiales de Armamento por valor de 51.644 millones de euros son los principales responsables de estos aumentos.
De esta cantidad, 17.390 millones de euros fueron aprobados por los dos gobiernos de Sánchez. Entre estos planes se incluye la inversión de 2.500 millones para la segunda fase de desarrollo del programa del futuro avión de combate, cuyo coste final puede superar los 50.000 millones y que incluye a empresas como Airbus, Tecnobit, Indra, Sener, ITP Aero o GMV.
En los últimos 25 años, el gasto militar creció un 129%; las inversiones militares, un 199%; la facturación en material militar por parte de la industria, un 821%, y la exportación de armas, un 3.012%
“En un momento de crisis sanitaria, social y climática como el que vivimos, que los presupuestos preparados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez presenten un gasto militar tan elevado pone en evidencia un muy dudoso orden de prioridades, así como los privilegios con los que cuenta el complejo militar-industrial español”, dice el informe.
Un vistazo a lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, apuntan desde el Centre Delás, permite escrutar cómo ha evolucionado el complejo militar en España: el gasto militar creció un 129%; las inversiones militares, un 199%; la facturación en material militar por parte de la industria, un 821%, y la exportación de armas, un 3.012%.
https://www.elsaltodiario.com/gasto-militar/otan-2-por-ciento-intereses-detras-aumento-gasto-militar-espana
