Chile comenzó el año con miras al trabajo que realizaba la Convención Constitucional, el órgano encargado de entregar una propuesta de nueva constitución al país. Mientras tanto, Gabriel Boric se preparaba para asumir como jefe de Estado, ante una alta expectación del país y el continente.
Gabriel Boric llegó a La Moneda con una fuerte crítica a "los 30 años" de los Gobiernos posdictadura.
Las expectativas respecto a su administración comenzaron a decaer cuando el mandatario dio a conocer su primer gabinete ministerial, que incluyó a los partidos de la ex Concertación por la Democracia, coalición de centro-izquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010. Durante esos años se profundizó el modelo económico heredado por la dictadura cívico-militar (1973-1990).
Para el analista político Rodrigo Karmy, el Poder Ejecutivo ha sufrido de "parálisis", puesto que no ejerce la disputa política. "Al no disputar políticamente, simplemente se mimetiza con el movimiento de restauración conservadora.
Los 10 primeros meses de Boric me parecen un completo fracaso de una política de izquierda".
A pesar de haber sido crítico a la militarización del sur chileno y del Tratado Transpacífico (TPP11) cuando era diputado, Boric prolongó el estado de excepción en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, donde se ha recrudecido el conflicto por la disputa territorial entre comunidades mapuche, las empresas forestales y el Estado. Asimismo, el Gobierno no retiró la discusión del TPP11 del Senado, que terminó de aprobar el acuerdo comercial.
Otro de los temas más complejos que ha debido afrontar el Gobierno ha sido dar solución a los presos de detenidos tras el estallido social de octubre de 2019.
El analista Camilo Godoy explicó a Sputnik que el Gobierno comenzó levantando 139 querellas para los presos de la revuelta, pero no ha avanzado en una agenda de amnistía más profunda, lo que ha decepcionado a los familiares de los detenidos, que le exigen a Boric que cumpla con su promesa de campaña y les otorgue la libertad.
Godoy también criticó la política exterior del Gobierno: "La lectura del programa de gobierno inicial daba cuenta de la escasa preparación en materia de política exterior.
La respuesta frente a eso fue, tal como en otros gobiernos de la Concertación, optar por la experiencia.
Pero Antonia Urrejola, la actual canciller, estuvo en una época muy compleja de la OEA, con golpes de Estado en Honduras e intentos de golpe en Bolivia".
Para Karmy, la política del Ejecutivo ha sido un relevo generacional a la Concertación y no ha existido un programa transformador como se planteó en un comienzo.
El rechazo a la propuesta de nueva Constitución
El plebiscito del 25 de octubre de 2020 el país decidió, con el 78,27% de los sufragios, terminar con la Constitución de 1980, elaborada por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Además, el 78,99% de los votantes decidió que el órgano redactor de la nueva constitución fuese uno 100% elegido por la ciudadanía.
Fueron 155 convencionales los que se encargaron de redactar una nueva constitución, que fue entregada al país el pasado 4 de julio.
Dentro de las propuestas más rupturistas con la Constitución vigente, se encontraba pasar de un Estado subsidiario a uno democrático y de derecho; la eliminación del Senado: descentralización el país; plurinacionalidad; derechos sexuales y reproductivos y la eliminación del lucro en el sistema educativo, entre otras.
El pasado 4 de septiembre, el 61,86% de los votantes rechazó la propuesta de nueva constitución.
Un día más tarde, los partidos políticos comenzaron las negociaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente y bordes constitucionales, es decir, las bases acordadas para llevar adelante dicho proceso.
Karmy explicó a Sputnik que el acontecimiento central que define el año es el plebiscito del 4 de septiembre y entregó varias razones:
"Primero, porque apuntala la restauración. El proceso de restauración conservadora en el que estamos metidos hasta la punta.
Segundo, porque borra completamente lo que fue la voluntad popular del plebiscito del 25 octubre de 2020, cuando la ciudadanía decidió una convención 100% electa".
"El solo hecho de que haya habido 100 días en que los partidos políticos hayan estado discutiendo sobre los mecanismos y que a su vez estos mecanismos se hayan instaurado inicialmente bajo la figura de los 12 bordes. Significa que ese Congreso Nacional borró de la nada la voluntad popular", agregó.
Un proceso constituyente institucional y moderado
El pasado 12 de diciembre, y luego de tres meses de discusiones, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, presentó el Acuerdo por Chile, en el cual los partidos políticos decidieron que serán 24 expertos designados por el Congreso y 50 ciudadanos electos quienes se encargarán de redactar la nueva propuesta constitucional.
A diferencia del proceso constituyente anterior, que emanó desde el Congreso Nacional para darle una salida institucional a la grave crisis social que vivía el país tras las masivas movilizaciones de octubre de 2019, esta vez no se comenzará con una hoja en blanco.
Los partidos políticos acordaron una serie de bases constitucionales para este nuevo proceso.
Una de ellas es considerar a Chile como una República democrática, cuya soberanía reside en el Estado "unitario y descentralizado". Además, se reconoce al país como un "Estado social y democrático de derechos", con división de poderes: Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Asimismo, se "reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible".
Este punto acordado deja así de lado el debate sobre la plurinacionalidad, uno de los elementos más controversiales de la anterior propuesta constitucional.
El grupo de 24 expertos, 12 designados por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado, elaborará un anteproyecto que pasará al futuro Consejo Constitucional.
Para Karmy, que el oficialismo aceptara este acuerdo refleja la fórmula de Boric. "Prefieren un acuerdo malo a que no haya acuerdo. Lo que me recuerda al expresidente Patricio Aylwin [1990 - 1994] cuando decía: 'Justicia en la medida de lo posible'".
"Esa 'justicia en la medida de lo posible', tiene que ser completada con justicia en la medida de lo posible, para que los militares no vuelvan a intervenir, para que los empresarios no tengan que huir.
Es decir, es una fórmula del chantaje o la mediocridad de 'la justicia en la medida de lo posible' o la debacle", agregó.
"La fórmula de Boric, que es preferimos un mal acuerdo a no tener acuerdo, es la misma fórmula del chantaje y mediocridad que está presente en la fórmula Aylwin", finalizó Karmy.
https://sputniknews.lat/20221228/la-asuncion-de-boric-y-el-fracaso-constituyente-los-hitos-que-marcaron-el-2022-en-chile-1134045027.html
