Niños indígenas que fueron forzados a asistir al internado llamado Carlisle Indian Industrial School.
El Departamento del Interior de Estados Unidos ha documentado la muerte de más de quinientas niñas y niños indígenas en internados administrados o subvencionados por el Gobierno federal, que funcionaron de 1819 a 1969. Se cree que el número real de muertes es mucho mayor.
La investigación, que identificó 53 sitios en antiguos internados en donde se enterraron personas, fue ordenada por la secretaria del Interior, Deb Haaland, primera titular indígena del gabinete cuyos abuelos fueron obligados a asistir a un internado a la edad de ocho años.
“Resulta inapropiado decir que eran instituciones educativas o escuelas cuando, en realidad, no muchas personas terminaban los estudios y, peor aún, muchas ni siquiera sobrevivían a las terribles condiciones de vida en esos internados”, dice Nick Estes, historiador y cofundador de la organización The Red Nation. Estes dice que las instituciones fueron parte de un “proceso genocida” de “despojo y robo de tierras y recursos a los pueblos indígenas”.
AMY GOODMAN: Un nuevo estudio del Departamento del Interior de EE.UU. ha documentado las muertes de 500 menores de edad en internados para indígenas que el Gobierno federal de EE.UU. administró o subvencionó, aunque se cree que el número de muertes es en realidad mucho mayor.
El reporte identificó 53 cementerios vinculados a dichos internados, que estuvieron en funcionamiento durante más de un siglo. Esta es la primera vez que el Departamento del Interior documenta parte de la horrorosa historia de los internados, conocidos por sus brutales prácticas de asimilación que obligaban a los estudiantes a cambiar su vestimenta, idioma y cultura.
La investigación fue ordenada por Deb Haaland, secretaria del Interior y miembro de la comunidad indígena Pueblo de Laguna. Sus abuelos fueron forzados a asistir a un internado a la edad de 8 años. Haaland presentó el informe.
DEB HAALAND: Durante más de un siglo, decenas de miles de menores indígenas fueron sacados de sus comunidades y forzados a asistir a internados que el Gobierno de EE.UU. administraba, específicamente el Departamento del Interior, junto con instituciones religiosas.
[…] Mis abuelos maternos tenían solo 8 años cuando fueron separados de la cultura y las comunidades de sus padres y obligados a vivir en internados hasta los 13 años. Muchos menores en su situación jamás regresaron a sus hogares.
Las políticas federales que intentaron acabar con la identidad, idioma y cultura nativos aún se manifiestan en el dolor que hoy afrontan las comunidades tribales, que padecen ciclos de violencia y abuso, desaparición de personas indígenas, muertes prematuras, pobreza y pérdida de riqueza, trastornos de salud mental y abuso de sustancias.
Reconocer los impactos del sistema federal de internados para menores indígenas no puede ser solo un ajuste de cuentas histórico. También debemos trazar un camino para abordar este legado tan problemático. El hecho de que yo pueda estar aquí hoy como la primera secretaria indígena de un Gobierno es un testimonio de la fuerza y la determinación de los pueblos nativos.
Estoy aquí gracias a la perseverancia de mis antepasados. Gracias a personas como mi abuela y mi madre. Y el trabajo que haremos con la Iniciativa Federal de Internados Indígenas tendrá un impacto transformador en las próximas generaciones.
AMY GOODMAN: Esa era la secretaria del Interior, Deb Haaland. Matthew War Bonnet, quien a la edad de seis años fue llevado a un internado en la Reserva Rosebud del pueblo Siux en Dakota del Sur, testificó el 12 de mayo sobre dicha experiencia ante el Subcomité para los Pueblos Indígenas de la Cámara de Representantes.
MATTHEW WAR BONNET: Mi experiencia en el internado fue muy dolorosa y traumática. Recuerdo cuando llegué por primera vez a la escuela. Los sacerdotes nos llevaron a una gran habitación que tenía seis u ocho bañeras. Un cura nos metió a todos los niños pequeños en una bañera, nos frotó con fuerza con un cepillo grande y nos dejó la piel y la espalda en carne viva.
Además, nos cortaron el pelo. Luego nos pusieron a todos los niños pequeños en el mismo dormitorio. Estábamos todos juntos, del primer al cuarto grado. Por la noche se podía escuchar a todos los niños llorando.
AMY GOODMAN: Para hablar más sobre la historia de los internados para indígenas administrados o financiados por el Gobierno de EE.UU., nos acompaña desde Mineápolis Nick Estes. Este es escritor, historiador y autor del libro “Nuestra historia es el futuro: la lucha siux contra el oleoducto Dakota Access y la larga tradición de resistencia indígena”. Es además cofundador del grupo de resistencia indígena The Red Nation y ciudadano de la Reserva Siux del Bajo Brule.
Nick, bienvenido de nuevo a Democracy Now! Hable sobre la importancia de este nuevo informe del Departamento del Interior.
NICK ESTES: Muchas gracias por invitarme, Amy.
Como se pudo escuchar en las voces de personas como la secretaria Haaland, esta es una experiencia muy emotiva para gran parte de los pueblos indígenas de este país. Y debería ser una experiencia emotiva para las personas no indígenas de este país. Este es un momento histórico. Aunque no es algo nuevo para los pueblos indígenas, puede que sean algo nuevo para quienes escuchan los testimonios de ese horrible proceso genocida.
Creo que hay una razón por la cual el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro es una de las definiciones de genocidio según las leyes internacionales. De eso es de lo que estamos hablando, porque el llevarse a los niños, el proceso de remover a menores indígenas de sus grupos, ha sido una estrategia para aterrorizar a las familias nativas durante siglos. Lo vimos en la remoción masiva de menores nativos de sus comunidades para llevarlos a internados, como lo muestra este nuevo informe, o para entregarlos en adopción y dejarlos bajo la tutela de familias en su mayoría blancas, lo cual ocurrió principalmente en el siglo XX.
Este es un informe histórico en ese respecto, porque documenta, creo que por primera vez, que el Gobierno federal admite su papel en este proceso genocida. Claro está que no usan ese lenguaje en el informe, pero muchos de los investigadores, la mayoría de los cuales son indígenas, que realizaron el trabajo preliminar en este primer volumen, que según tengo entendido va a ser el primero de varios volúmenes, coinciden en que lo que pasó constituyó una destrucción generalizada y sistemática no solo de nuestra cultura, sino de nuestras naciones, así como una evidente usurpación de nuestras tierras.
Y creo que es importante hablar de eso. El colonialismo de asentamiento no significa solo un ataque contra las personas nativas por odio a nuestra cultura, nuestro idioma o nuestras creencias. Este sistema de internados se creó en un momento en que el Gobierno de EE.UU., a fines del siglo XIX y principios del XX, estaba buscando consolidar su frontera occidental a través de la Ley de adjudicación general de Dawes, que ocasionó que decenas de millones de hectáreas de territorio indígena fueran puestas a disposición para el asentamiento de colonos blancos mientras se usaba a los menores nativos como rehenes. De esa forma se expresaban los reformistas de la época. Ese es el lenguaje que estaban usando. Decían: “Vamos a usar a estos niños como rehenes” para garantizar, entre comillas, “el buen comportamiento” de su gente.
AMY GOODMAN: Usted ha visitado y reportado sobre un internado para indígenas en particular, la Escuela Industrial Indígena Carlisle, en Carlisle, Pensilvania, que se estableció en 1879. ¿Puede hablar de eso como un ejemplo de lo que sucedió en todo este país?
NICK ESTES: Carlisle se convirtió realmente en el arquetipo de los internados para indígenas fuera de las reservas. Y de hecho, en la Escuela Indígena Carlisle, los primeros grupos que entraron provenían del pueblo Lakota, mi nación, específicamente de las reservas Pine Ridge y Rosebud, porque habíamos mantenido una resistencia histórica contra la Ley Dawes, y prácticamente esa era una forma de romper los lazos tribales de nuestro pueblo.
Esa primera clase que conformó el internado está descrita en las dos autobiografías que escribió Luther Standing Bear. Él pertenecía a la tribu Sioux de la Reserva Rosebud. En sus escritos hablaba de que, más que escuelas, esos lugares eran campos de prisioneros de guerra, donde no aprendieron el abecedario o idiomas o matemáticas, las cosas que uno esperaría aprender en una escuela.
En cambio, aprendieron disciplina militar, porque [su fundador] era un militar: el coronel Pratt. Existía un acuerdo extraño entre el Ejército de EE.UU. y el Departamento del Interior para dirigir este internado fuera de la reserva, cuya disciplina militar se inculcó en muchos de los internados fuera de las reservas, así como también se inculcó el patriotismo estadounidense, el culto a la bandera y la obediencia religiosa.
De las primeras clases que formaron la Escuela Indígena Carlisle, según el testimonio de Luther Standing Bear, quien fue parte de la primera clase, la mitad de esos menores nunca volvieron a casa.
Muchos de ellos murieron en esa escuela. Por eso me parece un poco inapropiado llamarlas instituciones educativas o incluso escuelas ya que no había mucha gente que se graduaba, eso sin hablar de quienes no sobrevivían a las precarias condiciones.
Este nuevo informe también documenta el trabajo forzoso. El trabajo no remunerado de menores indígenas se usó esencialmente para subsidiar la falta de recursos que el Gobierno federal no estaba destinando a la educación de las comunidades indígenas. Así que fue una experiencia horrible para quienes nunca salieron de allí, pero también fue una experiencia horrible para quienes sí lograron salir.
Hasta el día de hoy, a la entrada de la Escuela Indígena Carlisle, hay un cementerio con cientos de lápidas. Muchas naciones tribales, incluyendo la tribu Sioux de la Reserva Rosebud, han estado luchando para que les devuelvan a sus antepasados.
Algunas han tenido éxito. Pero también es importante señalar que algunos de los niños que murieron allí pertenecían a naciones tribales que tienen protocolos acerca de no perturbar a sus antepasados cuando son sepultados bajo tierra. Así que es una situación muy delicada. No es sólo un problema del Gobierno federal, sino que también del Ejército estadounidense.
AMY GOODMAN: Quiero preguntarle…
NICK ESTES: Porque ese lugar una base militar en funcionamiento. Creo que también es importante señalar eso.
AMY GOODMAN: Nick Estes, una investigación de Preston McBride, de la Universidad de Dartmouth, ha sugerido que hasta 40.000 menores nativos estadounidenses murieron en internados administrados por el Gobierno en todo EE.UU. Pero este informe habla de 500. ¿Puede profundizar sobre esta discrepancia?
NICK ESTES: Sí. En la rueda de prensa del Departamento del Interior, tanto la secretaria Deb Haaland, como el subsecretario de Asuntos Indígenas, Bryan Newland, señalaron que este era un informe preliminar y que han identificado más de 53 tumbas marcadas o no marcadas en varios de estos internados fuera de las reservas, así como en internados dentro de reservas.
Creo que es un asunto realmente delicado porque, en relación por ejemplo a la Escuela Indígena Rapid City, que está en la ciudad de Rapid City, en Dakota del Sur, los cementerios están, de hecho, dentro de la propia comunidad. Ha habido proyectos de vivienda que se habían construido sobre esos cementerios.
Y muchas personas son reacias a identificar esos lugares públicamente por el historial de saqueos de tumbas en muchos de estos cementerios. Así que creo que lo que Preston está diciendo es muy cierto, esto es un recuento insuficiente, ya que es una evaluación inicial de estos cementerios específicos. Pero creo que a medida que avance esta investigación y se hagan públicos más documentos vamos a ver cómo esos números continuarán aumentando. Y es algo muy trágico.
Considero importante destacar que esta iniciativa comenzó en junio de 2021, cuando varios cientos de tumbas de menores nativos fueron encontradas en Canadá. Pero, ¿dónde están ahora los titulares sobre todas las inspecciones que muchas Naciones Originarias están realizando en estos lugares? Los números están en los miles en este momento, pero aun así no llega a ser noticia.
Por lo tanto, es importante prestar atención a esto a medida que se desarrolla y escuchar de verdad a muchos de los líderes nativos, así como a los investigadores nativos que históricamente han estado trabajando en esto. Esto no es algo nuevo para nosotros. No tenemos una cifra definitiva. Todo lo que tenemos es la experiencia común del sistema de internados, ya que ha afectado a todos y cada uno de los indígenas de este país.
AMY GOODMAN: ¿Tiene algún recelo sobre el informe? Es cierto que en el informe del Departamento del Interior se dice que esperan documentar miles, tal vez decenas de miles, de muertes. Pero estamos hablando de un informe que fue publicado por el Departamento del Interior y en el que trabajó la Oficina de Asuntos Indígenas de dicha agencia, que es quien de hecho administró todo el sistema de internados. La diferencia ahora, por supuesto, es que está al mando Deb Haaland, la primera indígena en la historia en formar parte de un Gobierno de EE.UU.
NICK ESTES: Creo que es importante señalar que Deb Haaland ha estado al frente del Departamento del Interior poco más de un año. Y un año, en comparación con un siglo y medio de políticas genocidas contra los pueblos indígenas, no es mucho, si analizamos cómo se desarrolla la historia.
Del mismo modo, es importante destacar que la agencia responsable de estos crímenes de lesa humanidad es quien ahora va a impartir justicia, por así decirlo. El jueves las tribus preguntaron sobre cómo la oficina de Haaland abordará el tema de las reparaciones.
El Departamento del Interior está diseñando su proceso de verdad y reconciliación con base en el modelo canadiense. Pero cabe destacar que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá solo surgió como consecuencia de una demanda colectiva en nombre de los sobrevivientes de los internados. Y yo diría que el Departamento del Interior tiene un historial muy deficiente en cuanto a asumir una responsabilidad por sus propios crímenes.
Un ejemplo es el acuerdo en el caso Cobell contra Salazar que ocurrió en 2011. La principal demandante fue la banquera Elouise Cobell, quien pertenecía a la Nación Pies Negros. Cobell realizó una auditoría forense de Estados Unidos y descubrió que el Gobierno federal había manejado irregularmente 176.000 millones de dólares de dinero individual de los indígenas y el Departamento del Interior se autoadjudicó, porque todavía se nos considera pupilos del Estado, 3.500 millones de dólares. Eso son solo unos centavos si se compara con lo que ella había contabilizado en cuanto a las indemnizaciones que se nos habían otorgado.
Entonces, no es casualidad que a la población indígena la ampare el mismo departamento que gestiona la vida silvestre y las tierras federales. Al inicio de la transmisión escuchamos que el Departamento del Interior está dando marcha atrás en su plan de licitación de tierras federales.
No se trata solo de los internados para menores indígenas, porque dichos internados eran solo una parte de un proceso más amplio de despojo y de robo de tierras y recursos de los pueblos indígenas, porque el sistema de internados para menores indígenas estaba usando dinero de tratados sobre rentas vitalicias y fondos federales que estaban destinados a la educación de los indígenas para financiar este proceso genocida.
Ese dinero se obtuvo a través de la venta de nuestras tierras a los colonos blancos. También se obtuvo a través del despojo de esas tierras por parte del propio Gobierno federal. Así que hay muchas partes aquí que deben rendir cuentas.
El mismo informe identifica 39.000 cajas de material impreso, propiedad del Gobierno federal. Creo que son más de nueve millones de páginas de documentos que necesitan ser revisados. Por lo tanto, asignar solo siete millones de dólares para este proceso de investigación que cubre un siglo y medio de políticas genocidas es como un grano de arena en cuanto a lo que debe suceder.
Es importante señalar que la representante Sharice Davids, demócrata del estado de Kansas y además miembro de una nación indígena, introdujo un proyecto de ley que el Congreso está revisando y que probablemente destinará más fondos federales hacia un proceso de investigación que no solo examine el sistema federal de internados para menores indígenas, sino también el papel de grupos religiosos y, en específico, el papel de la Iglesia Católica en estas políticas educativas genocidas.
AMY GOODMAN: Bueno, desde luego seguiremos pendientes de este caso.
Traducido por Iván Hincapié. Editado por Igor Moreno.
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