El pasado 7 de julio se cumplió un año del asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse.
Desde ese momento el gobierno del primer ministro Ariel Henry se ha visto desbordado por la violencia de las pandillas, la escasez de alimentos y las caravanas de migrantes que intentan dejar el país.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó 934 muertes por la violencia entre bandas durante la primera mitad de 2022.
La mayoría de las víctimas no tenían ninguna relación con el conflicto entre los grupos G-9 y G-PEP que se disputan la capital, Puerto Príncipe.
En abril de este año las bandas iniciaron una guerra por el control de los barrios del norte de la ciudad.
Grupos armados tomaron el Palacio de Justicia, que se encuentra virtualmente paralizado, y la mayoría de las rutas que conducen al sur del país.
La ONU emitió un comunicado donde “llama a los estados miembros a prohibir el suministro de armas pequeñas, ligeras y munición a actores no estatales que participan o apoyan la violencia de las pandillas, actividades criminales o abusos de los derechos humanos”.
Sin embargo, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y otras organizaciones denuncian que el Gobierno de Ariel Henry es parte del conflicto. Aseguran que promueve que la Policía Nacional haitiana se mantenga al margen de los enfrentamientos y usa el caos para consolidar su poder.
Crisis alimentaria
El bloqueo de rutas impide que la ayuda humanitaria llegue a unos 3.8 millones de personas en el sur del país. La situación alimentaria, que ya era grave desde el terremoto de agosto de 2021, empeoró con la guerra en Ucrania: la isla importa el 70% de los alimentos que consume.
Según el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en Haití, Jean-Martin Bauer, “la situación está fuera de control” y recrudeció a partir de abril. “Grandes partes de Puerto Príncipe están controladas por las bandas”, aseguró.
Bauer aclaró que “partimos de un lugar muy vulnerable, con un millón de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en esta ciudad”. En julio, la inflación en el país llegaba al 26% y los alimentos habían subido un 52%.
Según datos del PMA, casi la mitad de la población de Haití, 4.4 millones de personas, necesita asistencia alimentaria inmediata. Para eso se requieren 39 millones de dólares desde ahora hasta fines de 2022.
Caravanas de migrantes
Miles de personas abandonaron Haití durante el último año con destino a Estados Unidos y otros países del Caribe. Más de 19.000 haitianos fueron expulsados o deportados de regreso al país entre enero y junio de 2022.
El sábado 6 de agosto, cientos de personas ultranacionalistas participaron en República Dominicana para reclamar que la comunidad internacional intervenga en la crisis haitiana. El argumento es que su país no puede “cargar” con los inmigrantes que cruzan la frontera hace meses de forma ininterrumpida.
El presidente dominicano Luis Abinader presentó un proyecto de “reja fronteriza” similar al muro que Donald Trump pretendía construir en el límite con México. Tendría 4 metros de altura, 70 torres de vigilancia y 41 puntos de acceso, con una extensión de 164 kilómetros.
“La situación de las personas en movilidad de Haití no debe asumirse sólo como la búsqueda de mejores oportunidades, sino como un desafío complejo de toda la región”, afirmó el relator de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los derechos de las personas migrantes, Joel Hernández.
“No podemos olvidar que Haití sufrió un terremoto en el 2010, los huracanes en 2016 y 2020, así como un segundo gran terremoto en 2021.
El impacto de esos desastres socioambientales ya implican un reto de coordinación y demandan solidaridad regional; a ello se suman factores estructurales y de derechos humanos”, explicó.
Un fracaso internacional
El lunes 8 de agosto la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado donde aseguró que los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití han sido “un fracaso”.
“Nos encontramos ante una versión más o menos radical de un Estado fallido y una sociedad civil débil y vulnerable.
Prevalecen la violencia, el mal uso de la fuerza interna, la lógica criminal en las acciones, las instituciones deficientes y la falta de capacidades de la sociedad civil”, aseguró.
El documento señala que no se pudo “facilitar la construcción de una sola institución con capacidad para dar respuesta a los problemas de los haitianos”.
Agregó que, “visto su fracaso, la comunidad internacional se retiró de Haití dejando tras de sí caos, destrucción y violencia”.
“Sin recursos, en un clima de violencia, sin capacidades tecnológicas, sin acumulación financiera, sin nada de eso, hoy se intenta hacer creer que una solución haitiana completamente endógena puede prosperar. No es así”, concluyó.
Para la OEA, la salida del conflicto debe darse a través de tres elementos: un proceso de diálogo que incluya a todas las fuerzas políticas; un proceso de seguridad institucional para el país y un proceso electoral creíble, justo y transparente.
Por María Jagoe
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