La producción agrícola argentina es el principal complejo exportador del país, ya que alrededor de 150 millones de toneladas se cosechan cada año.
¿Quiénes se quedan con la mayor parte de la renta que generan los productores, cooperativas, agropymes, trabajadores rurales y empresarios de la Argentina?
La soja es la principal oleaginosa cultivada en Argentina, actividad que se desarrolla principalmente en las provincias de Buenos Aires (32,9% de la producción), Córdoba (29,2%), Santa Fe (17,5%) y Santiago del Estero (4,8%), debido a que la región central o zona núcleo presenta características de la biosfera y de su biodiversidad que permiten que este cultivo agrícola extensivo resulte muy rentable.
A ello se suma el desarrollo tecnológico con conocimiento de punta generado desde la articulación público-privada, que conjuga a grupos de productores y empresas agropecuarias (AAPRESID- BIOCERES- Grupos CREA- etc.) con la estructura estatal educativa y los organismos públicos de ciencia y tecnología (Instituto Nacional de Tecnología Agraria, INTA; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET; Universidades; Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, etc.).
Finalmente, la proximidad de la vía navegable con rápida salida al océano atlántico que la Cuenca del Plata le brinda a la estructura productiva agroindustrial, conforma esta triada de biósfera-conocimiento-tránsito que ubica a la Argentina en el podio de la exportación de cereales y oleaginosas mundial.
Es el primer exportador de harinas y aceites, y el tercer exportador mundial de porotos de soja.
Pero, ¿Quién se queda con las riquezas de este gran Polo Tecnológico Agroalimentario Argentino?
Los que producen
Cada campaña agrícola, los productores optan por la siembra de soja o maíz, o alguna combinación de ambas debido a que coinciden en la época de producción. La mejor campaña de soja fue la de 2014/15, en la que se cosecharon casi 62 millones de toneladas (Mtn) y se sembraron casi 20 millones de hectáreas.
La peor campaña de soja fue 2017/18, debido principalmente a problemas climáticos; cuando se cosecharon menos de 38 Mtn con una caída interanual del 31%.
Son casi 60.000 productores que siembran soja cada año, de los cuales el 10% concentra el 56% de la producción. Estos casi seis mil productores tienen en promedio 1.514 hectáreas de superficie sembrada con soja cada uno. El principal grupo de siembra es Adecoagro, con más de 210.000 hectáreas.
En segundo lugar aparece Aceitera General Deheza (AGD) con 200.000 hectáreas; en tercer lugar, Lartirigoyen y Cía. con 150.000 hectáreas (asociados al grupo Glencore); en cuarto lugar, MSU -Manuel Santos Uribelarrea Balcarce- con 140.000 hectáreas; y en el quinto lugar aparece Cresud con 132.000 hectáreas.
En general, estos grupos combinan arrendamiento con tierras propias, utilizan nuevas tecnologías de proceso como la siembra directa y el doble cultivo anual, nuevos paquetes de insumos, herbicidas asociados y fertilizantes. Además, son gerenciadores de los medios de producción de terceros. Su organización se basa en una red de contratos: arrendamiento de tierras y alquiler de equipos y maquinarias.
¿Son los productores los que se la quedan con la renta?
Sin lugar a dudas muchos productores están en mejor posición que la mayoría de los argentinos, sobre todo del 40% que vive en situación de pobreza, los muchos trabajadores que no alcanzan a cubrir la canasta básica, o las familias enteras que cada noche deambulan por las ciudades y pueblos buscando algún techo donde dormir.
Los 4 grandes no son los del Caribe
El ABCD, como se conocen a estas cuatro empresas trasnacionales, dominan el comercio exterior de productos agropecuarios, en lo que se configura como la parte del medio de un reloj de arena en cuyos extremos se encuentran casi 60 mil productores agrícolas y millones de consumidores, ya sean empresas, productores ganaderos, agroindustrias, etc. En la última década se sumó al top five la empresa china Cofco, pero será tema de otro análisis.
Estas grandes empresas controlan el paso de cada grano maximizando ganancias, compran al menor precio posible para vender al mayor precio posible, trasladan sus costos y obligaciones a los productores y triangulan exportaciones a sucursales con sede en un tercer país donde encuentran beneficios fiscales.
Fuerzan las normas y las leyes de los estados-nación para evitar el pago de impuestos, evadiendo sus responsabilidades fiscales en los países en los que operan. Según el artículo del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), la llamada Ley de Granos, un decreto firmado el 8 de octubre de 1976 por el dictador Jorge Videla y su ministro de Economía José Martínez de Hoz, les permite a las agroexportadoras registrar las ventas al exterior mediante declaración jurada.
En el Artículo 6 indica que: “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta”.
Esto le permite a las empresas agroexportadoras diferir el momento en que supuestamente se pacta la venta, de aquel en que efectivamente se concreta (es decir, se embarca) la exportación. Entre uno y otro evento puede pasar un año, pero el Estado cobra su porción según los precios vigentes al día de la declaración.
MATE también menciona que el 16 de abril de 2002 Jorge Remes Lenicov, por entonces titular de Economía, impulsó a que todo el gabinete de ministros firmara el decreto 618/2002, en el que anuló el artículo clave de la “Ley de Granos” de la dictadura: “en las actuales condiciones de emergencia por la que atraviesa el país, [el artículo 6° de la Ley de Granos hace] hace que no sea de efectiva aplicación el régimen de derechos de exportación”. Cinco días después, Remes Lenicov renunció.
En estos días el senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de Ley para modificar esa última parte del párrafo del artículo y establece que serán de aplicación los regímenes tributarios «vigentes a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, o a la fecha de efectivo embarque de la citada exportación, el que resulte mayor».
Con ello se apunta a atacar una acción netamente especulativa y de evasión fiscal que perjudica al conjunto de la ciudadanía argentina.
En el congreso se verá que intereses defiende cada legislador, si los de la Patria o los de las trasnacionales.
Las cuatro grandes empresas trasnacionales agroexportadoras son Archer Daniels Midland (ADM) fundada en 1902 en Estados Unidos; Bunge, fundada originalmente en Países Bajos en 1818; Cargill, fundada en Estados Unidos en 1865; y Dreyfus o LDC (Louis Dreyfus Company), que se fundó en Francia en 1851.
Las ABCD presentan una integración vertical. Además de las actividades de comercio, transporte y almacenamiento de granos, participan en el aprovisionamiento de insumos agrícolas, como semillas, fertilizantes y agroquímicos; almacenan en instalaciones propias; transportan en sus propios ferrocarriles y barcos; producen alimentos para animales; son productores ganaderos y avícolas; son propietarias o arrendatarias de tierras; participan en la producción y en los mercados de biocombustibles (de soja, maíz o azúcar).
Es decir, todas las características que tendría la unión de YPF Agro y Vicentin, como lo mencionamos en “La expropiación de Vicentin, la puerta para construir la nueva normalidad” (1). Sin lugar a dudas la intervención inteligente del Estado en el comercio exterior agroalimentario, mediante la dupla YPF Agro-Vicentin es una salida en tiempos donde la agroalimentación es protagonista en la política global.
De este modo, el Estado puede participar e incidir en el comercio exterior del principal sector productivo argentino, el que genera más del 50% de las divisas de la economía nacional. Además sería un arma para combatir la evasión, uno de los principales flagelos que impacta en la microeconomía y que permite la generación de dólares fugables.
Esta acción política es fundamental para construir una Argentina productiva y sustentable que garantice la distribución de las riquezas, la inclusión de quienes producen y trabajan, el desarrollo federal e inclusivo, y que no falte alimentos en la mesa de las y los argentinos.
Nota:
Matías Strasorier es Director del Centro de Estudios Agrarios, Argentina. Analista agropecuario, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. María Rizzo es médica veterinaria, maestrando en Desarrollo Regional y Políticas Públicas de FLACSO, y co-Directora del Centro de Estudios Agrarios.
https://rebelion.org/los-piratas-de-la-soja-argentina/
