Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este jueves una ley que deroga la Ley 413, Ley de Participación Educativa y su reglamento cuyo propósito era promover el pago de aranceles y profundizaba la privatización del sistema educativo público.
Esta ley 413 fue aprobada el 7 de febrero del 2002 por diputados liberales en el periodo de los gobiernos derechistas y ahora la bancada del FSLN promovió su derogación y con ello se eliminan los últimos vestigios de cualquier legislación que induce al cobro en los colegios públicos.
“Los gobiernos neoliberales la utilizaron como una herramienta para violentar lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua y de manera particular lo dispuesto en el artículo 121, ya que amparado en la llamada autonomía escolar aprobaron una serie de acuerdos ministeriales con el objeto de cobrarle a los padres y madres de familia la asistencia a los colegios”, explica la exposición de motivos de esta iniciativa de derogación a la Ley 413.
La ley 413 se aprueba con la excusa de tratar de compensar la falta de presupuesto en el sistema educativo y se impone la mal llamada autonomía escolar con el fin de regular la participación de la sociedad civil en la función educativa, lo cual fue dañino para el pueblo, porque negó el derecho del niño o niña, del joven y del ciudadano nicaragüense a tener una educación gratuita.
La diputada Ana Iris Aragón recordó que con esta Ley 413 se impuso el sistema de autonomía escolar que no era más que un disfraz para privatizar la educación.
“Crearon esta ley 413 con el objetivo de cobrarle a los padres de familia, se cobró por ir a la escuela, era lamentable como un padre de familia con su hijo en el aula de clases cuando el maestro orientado por el director del colegio les preguntaba si ya habían pagado su mensualidad y a inicio de clases se miraban los talonarios para cobrar la matrícula, todos los materiales a utilizarse eran pagados y se pagaban proyectos de infraestructura. Se quitó el derecho a la educación gratuita y de calidad”, dijo Aragón.
Por su parte la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Maritza Espinales, calificó como un día especial al derogar la ley 413, la cual señaló como una ley perversa.
La parlamentaria rechazó que al eliminar esta ley se esté quitando el derecho a las familias a participar en el sistema educativo público, debido a que en la ley 582 o Ley General de Educación se establece los Consejos de Educación donde están presentes los movimientos gremiales, los sindicatos, los padres y estudiantes.
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