Con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 14 de junio de este año, la narco-dictadura que lidera Juan Orlando Hernández, completó el perverso plan de vender en partes el territorio hondureño y continuar violando los derechos humanos de los hondureños y las hondureñas.
La Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría de votos el establecimiento de la Jurisdicción Especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico más conocidas como ZEDE.
En un fragmento del análisis planteado por los magistrados que traicionaron a la patria, se señala que “la función jurisdiccional debe adaptarse a los nuevos requerimientos que la sociedad hondureña demanda”.
Sin embargo, numerosas expresiones vertidas en los medios de comunicación por parte de defensores y defensoras de derechos humanos, juristas, líderes patronales, representantes de organizaciones de sociedad civil que combaten la corrupción, la iglesia católica y la academia, entre otros, no reflejan que dichos actores, hayan demandado la venta del territorio, la competencia desleal, la creación de otros estados en violación de la soberanía del país y el establecimiento de paraísos fiscales.
Por el contrario, y para citar algunos ejemplos, a mediados de junio de 2021, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través de un comunicado expresó que la aprobación de las ZEDES, surgieron de forma intempestiva desde hace más de ocho años, como adición al evidente deterioro institucional que el país enfrenta, pero, apuntan que lejos de cohesionar a la sociedad, la dividen y debilitan, generando incertidumbre y mayor inseguridad jurídica, factores que perjudican, en lugar de incentivar la inversión doméstica e internacional.
La máxima casa de estudios indicó que “lo más preocupante es que este desorden esté siendo promovido desde el mismo Estado, en abierta desobediencia a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, las ZEDE constituyen la más grave violación al Estado de derecho que se ha registrado en la historia del país”.
En el comunicado, la UNAH hizo un llamado enérgico al Congreso Nacional, para que, en cumplimiento de su deber patriótico, derogue las acciones emanadas del Decreto 236- 2012, que reforman de manera ilegal la Constitución de la República, así como el Decreto 120-2013 y toda la normativa derivada, de forma que se pueda retornar de manera decorosa el Estado de derecho y la soberanía en el país.
Por último la UNAH propuso a todos los sectores productivos, gremios profesionales, obreros, campesinos, empresarios, academia, asociaciones ciudadanas y a la ciudadanía en general, el establecimiento de un diálogo abierto que sirva de punto de partida para la instauración de un nuevo contrato social (Asamblea Nacional Constituyente) que involucre a todas y todos sin distinción.
Habrá pérdida de soberanía en el Golfo de Fonseca
Entre tanto la Convergencia contra el Continuismo (CCC) ha expresado en reiteradas ocasiones que en Honduras, “no hay más desestabilizador y productor de exclusión y violencia que el proyecto autoritario y dictatorial que lidera inconstitucionalmente Juan Orlando Hernández en nombre de la burocracia política corrupta, la élite oligárquica y las transnacionales, con el pleno respaldo del gobierno de los Estados Unidos, y sostenido con la fuerza militar y las diversas redes de la criminalidad organizada”.
En una entrevista que brindó el 19 de agosto de 2016, al programa radial “Voces contra el Olvido” del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el destacado periodista fallecido en enero de 2018, Manuel Gamero, quien fungió como Director de Diario Tiempo desde su creación hasta el cierre de la versión impresa, interpretó la realidad de Honduras y a través de sus comentarios reflejó la condición que imperaba y que sigue imperando en el país.
Gamero dijo en aquella oportunidad que “este proceso nos ha llevado a tal extremo de que hoy día, después del golpe de estado de 2009, tenemos una sociedad completamente dividida, y dividida no mitad a mitad, sino dividida en dos terceras partes en contra de lo que está ocurriendo en el país y deseosa de que el país cambie y recupere su institucionalidad y otro tercio que está ahí, como dicen en términos vulgares; que mangonea el poder”.
Un poder que incluso no corresponde a partidos sino que a grupos, incluso a una sola familia y sus adláteres, es una situación pues que se ve insostenible, pero que infortunadamente por la fuerza de las armas y por la fuerza de apoyos internacionales, se mantiene; mientras la población hondureña está sumida en la pobreza, en la desigualdad y en la confusión, explicó.
“El hecho es entonces, que en la actualidad, una vez que ha desaparecido la institucionalidad, o que ha quedado secuestrada en un grupo, ni siquiera un partido, sino que un grupo de partido y en una élite más pequeña, entonces nos encontramos en situaciones como en lo económico, con la venta del país”, vaticinó el brillante periodista, abogado y analista.
A comienzos del mes de junio del año en curso, y en conferencia de prensa, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) plasmó su rotundo rechazo al establecimiento de las ZEDES en Honduras.
La Coordinadora del CNA, Gabriela Castellanos señaló que hay un sin número de factores para decir no a las ZEDE que van desde la categoría de la legalidad, hasta la afectación de cada uno de los hondureños.
El Congreso Nacional (CN), aprobó el 24 de mayo, reformas a la ley que rige a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en la cual se exonera del pago de impuestos a las compras de insumos y servicios que realicen las empresas que operen en las ZEDE.
Las áreas del territorio nacional establecidas como una ZEDE, funcionarán como un estado dentro de otro estado, si no, cómo se explica que estarán sujetas a un “régimen especial”, en la que, los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.
Los grandes beneficios anunciados a inversionistas extranjeros por parte del régimen de Juan Orlando Hernández con el establecimiento de estos proyectos de exclusión, encendieron, en principio, las alarmas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Fue así que el 3 de junio de este año, en conferencia de prensa, la dirigencia del COHEP advertía a empresarios nacionales y extranjeros que las inversiones que realizaran en esas zonas serían catalogadas de alto riesgo por la falta de seguridad jurídica.
El grupo empresarial manifestó que “las reformas que originaron el nacimiento de las ZEDE y su ley orgánica tenían motivos de inconstitucionalidad en territorio y soberanía, sin embargo, fue considerada como cosa juzgada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.
Y añadieron que las ZEDE “carecen de legitimidad, por no ser aprobadas en un amplio proceso de consulta a la ciudadanía hondureña y por los diferentes sectores de la sociedad hondureña”.
Sin embargo, sorpresivamente la postura de la clase empresarial cambió radicalmente cuando su presidente, Juan Carlos Sikaffy Canahuati publicara el 11 de junio en su cuenta de twittter lo siguiente: “Estoy de acuerdo con las ZEDES, siempre y cuando le otorguen los MISMOS BENEFICIOS a todas las empresas nacionales y extranjeras que operan a nivel nacional”.
Respecto a las acciones emprendidas sobre este tema, tanto por el Congreso Nacional como por la Corte Suprema de Justicia, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, comentó que el poder legislativo (que cuenta con mayoría de diputados nacionalistas, el apoyo de la bancada liberal y los otros partidos que actúan como bisagras del poder), “siempre ha dejado muestras de una poco ejemplar actuación, a través de su diputados que lo han venido conformando”.
No nos queda ninguna duda que el partido que maneja el Congreso Nacional y que tiene mayoría de sus representantes, pues es el que tiene el poder. No olvidemos que ahí es donde se aprueban y se desaprueban las leyes.
“Ya esto de las ZEDES, es un proyecto maquiavélico que ha significado hasta la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque no se prestaron en ese momento, algunos de los magistrados; para darle el visto bueno, porque estudiosos de la misma, se dieron cuenta que era una venta y una pérdida de la soberanía la que se estaba gestando”, explicó Oliva.
La reconocida defensora de los derechos humanos sostuvo que este proyecto de despojo se ha venido gestando desde hace varios años, y lo que ha hecho el poder legislativo ha sido “legalizar lo impuro para convertirlo en ley de la República”.
“Es así que tanto el Congreso como la Corte Suprema nos han dado un nuevo golpe, porque el tema de la corrupción y el narcotráfico no es de hoy, es un tema de avance hasta tener el control absoluto de las instituciones del estado que implica a los 3 poderes”.
Bertha Oliva apuntó que se ha venido configurando la pérdida del estado de derecho, a través de un partido que ha servido de modelo para implantar este tipo de acciones.
“Claramente que esto es desesperante, es angustiante, porque se ha venido implementado un guion paulatinamente hasta llevarnos hasta el momento en que estamos, donde no hay soberanía, no hay respeto por la misma, no hay gobernabilidad, no hay estado de derecho y se imponen las leyes a través de las armas, a través de la desarticulación”, sostuvo.
Desde la óptica de los derechos humanos, Bertha Oliva señaló que “estamos completamente alarmadas porque se trata en este proyecto del entierro y destierro, del despojo total, lo que implica no tener patria.
Para los que amamos nuestro país y nuestra tierra, esto es muy fuerte.
“Para las que creemos que este pedazo de tierra debemos cuidarlo y nunca entregarlo es realmente alarmante, porque cuando uno se queda sin patria, es lógico que las violaciones de derechos humanos van a estar, como están en el momento, a la orden del día”, advirtió.
No va haber organizaciones que podamos dar abasto para acompañar, para defender, para proteger, para animar a la población.
Y lo otro es que los esfuerzos que uno está haciendo en varias líneas de trabajo en el marco de lo que dice la Constitución y en el marco de los Tratados Internacionales y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no encontramos una mirada o una acción eficaz que venga a resolver el drama, el abuso que la población en general está siendo sometida.
“Nos esperan días muy difíciles, la situación de derechos humanos es trágica, pero también creemos que el pueblo es el que salva al pueblo, y que a mayor represión debemos tener mayor articulación, mayor unidad y debemos tener la obligación de nunca perder la solidaridad”, apuntó Bertha Oliva.
Finalmente el Coordinador de Proyectos para Honduras de la Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI), experto en temas ambientales y defensor de los derechos humanos, Pedro Landa, dijo a www.defensoresenlinea.com que tanto el Congreso Nacional como la Corte Suprema de Justicia, han demostrado una vez más, esa vocación política y rastrera de traicionar al pueblo hondureño.
Que la Corte Suprema haya admitido que las ZEDE tengan su propia jurisdicción en el ámbito de la impartición de justicia, es decir que está cediendo soberanía, se considera como un delito de traición a la patria, subrayó Landa.
Landa indicó que es “curioso que la oposición ha estado muy opaca en materia de oposición política, porque no ha mostrado ese rechazo contundente como lo ha hecho en otras partes.
Han sido los sectores sociales, los sectores académicos y la misma población en general, la que se ha volcado a las calles a rechazar esta nueva acción que se está haciendo en contra de la soberanía nacional”.
Respecto al impacto en los derechos humanos, Pedro Landa señaló que hay que reconocer que todas las garantías que se establecen en la Constitución quedan en entredicho, porque no hay certeza jurídica de cuál va a ser la normativa que se va a implementar ahí.
Vendrá el despojo de decenas de comunidades en el Golfo de Fonseca a causa del establecimiento de una ZEDE
Aspectos como la libertad de expresión, el acceso a una justicia pronta, oportuna, ágil y de debida diligencia, pues no se sabe cómo va a operar, porque eso va a depender de cada uno de los gobernadores que existan en cada una de éstas ZEDE, comentó.
Se dice que alrededor del 35 por ciento del territorio hondureño, estaría siendo cedido a inversionistas nacionales y consorcios internacionales en departamentos como Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
Las ZEDES establecerán sus propios órganos de seguridad interna, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario.
Funcionarán de manera autónoma e independiente y bajo el derecho anglosajón, por lo que recurrirán a jueces extranjeros.
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