Ante la desesperación que enfrenta la población hondureña por lo que representa la más cínica colección de promesas incumplidas en la gestión de vacunas contra el COVID 19, la noticia de los siete alcaldes de diferentes departamentos del país, que cruzaron la frontera hacia la hermana República de El Salvador y que recibieron la respuesta afirmativa y solidaria del Presidente Nayib Bukele para apoyarlos con al menos 35 mil dosis, se han desatado varias controversias en la opinión pública nacional.
Por más de un año el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER ha estado al frente de la atención a la pandemia siendo la principal entidad de gobierno en representación del Poder Ejecutivo, dando los peores resultados en toda la región no solo mesoamericana, sino también del hemisferio.
Son muchos ya los casos de corrupción, rapiña, saqueo, desfalcos y una lista interminable de delitos cometidos en nombre de la Salud Pública, con atroces repercusiones provocando la muerte de decenas de miles de compatriotas, sin que esto parezca tener una solución en el corto plazo.
La fama de gobierno corrupto ya se había acuñado antes de la llegada del Coronavirus al país, pero contrario a lo que se podría esperar en una situación de emergencia, el presidente de facto Juan O. Hernández y su equipo, vieron una excepcional oportunidad para aprobar compras de emergencia y prescindir así de las engorrosas licitaciones; fue así que se adquirieron por ejemplo, los tristemente célebres hospitales móviles de fabricación turca, que significaron una pérdida de 47 millones de dólares para las finanzas del Estado de Honduras, mismos a los que se deben agregarse los enormes intereses, al ser recursos de préstamos internacionales.
Del viaje de los alcaldes otro tema ha destacado y es el papel del canciller Lisandro Rosales, un peligroso fanático religioso que estuvo al mando del Comité Permanente de Contingencias del régimen de facto, responsable también de la mala gestión de la pandemia.
A pesar de que diariamente cumple con la responsabilidad de pregonar la palabra de Dios posteando un versículo de la biblia en sus redes sociales, ha demostrando con sus acciones estar muy lejos de predicamentos cristianos.
Al retorno de los alcaldes de sus visita a El Salvador, envió amenazas vía WhatsApp al Alcalde David Castro del Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán quien los hizo públicos en medios de comunicación, evidenciando la esencia perversa del canciller.
“Me imagino que esos siete alcaldes van a ser los primeros en ir a recibir a Bukele cuando se quiera meter a Conejo (isla), pero sordos los van a dejar los F5”, decía el canciller en su mensaje al alcalde, haciendo alusión a una absurda disputa por la Isla Conejo que ha servido a gobiernos anteriores de El Salvador y Honduras, como “comodín de la soberanía” cuando a situaciones políticas internas complicadas quiere dárseles tiempo o distracción.
Pero además, lejos de bendecir la buena obra y voluntad del gobernante salvadoreño, ha demostrado nuevamente su insensibilidad e incompetencia.
En otras gestiones realizadas recientemente por Lisandro Rosales -ahora llamado el “Canciller F5”-, destaca la adquisición de 5 mil dosis de vacunas Sputnik, en un viaje oficial hacia la Federación Rusa en el que supuestamente han vuelto a cerrar trato para la compra de algunos centenares de miles de vacunas; sin embargo, de estas gestiones y promesas han estado llenos los titulares de la prensa nacional, anuncios que han hecho solamente para ganar tiempo mientras las otras medidas adoptadas solo han profundizado la crisis sanitaria.
En Honduras con una población de 9 millones de habitantes, ya se pueden contar arriba de los cientos de miles los vacunados/as contra el COVID 19; la inmensa mayoría de ese universo, han viajado a Estados Unidos a inocularse en programas públicos o privados.
Otro tanto, como el personal de primera línea, ha recibido la vacuna de los mecanismos internacionales de gestión, pero la realidad para la inmensa mayoría sigue siendo la supervivencia con los métodos elementales de prevención del contagio.
Esto también evidencia que el derecho a la vida en nuestro país y especialmente bajo el régimen actual, solo es posible para las clases económicas pudientes.
Por Gilberto Ríos Munguía
(•)Dirigente del Partido Libertad y Refundación.
