En la agenda de prioridades del Estado el combate integral al hambre y la desnutrición crónica infantil no aparece en su radar de acciones políticas y estrategias de primer orden.
El hambre en Guatemala, al igual que muchas regiones de Centro y Latinoamérica, es un flagelo que trasciende décadas, gobiernos, planes, proyectos y campañas públicas y privadas. Sin embargo, no todas las zonas del mundo presentan condiciones tan agudas en este repulsivo rezago social y humano.
Existen al menos 2 factores adicionales que se suman a las condiciones estructurales, históricas, sociales, políticas e institucionales que favorecen la ocurrencia y prevalencia de este fenómeno, factores adicionales que precipitan la profundidad del flagelo y encienden todas las alarmas dentro y fuera del país.
Estos dos factores de gran impacto directo y negativo son los crecientes efectos negativos del cambio climático (incluyendo el producido por la intervención depredatoria de ciertas actividades humanas de origen local) y la captura del Estado y sus instituciones estratégicas por parte del crimen organizado nacional y transnacional.
En cuanto a los efectos directos del cambio climático, Guatemala es considerada como una de las 8 zonas del mundo con mayor vulnerabilidad a desastres naturales y eventos catastróficos ligados a inestabilidad medioambiental.
La veracidad del dato queda ilustrada con el más reciente de estos eventos, el cual se manifestó en los primeros días del mes de noviembre del recién pasado año 2020, con las tormentas ETA e IOTA, las cuales afectaron amplias zonas rurales y muy empobrecidas de la zona norte y nororiental de Guatemala, impactando también en Honduras y en menor medida en El Salvador, afectando directa e indirectamente a un estimado de 8 millones de personas, según datos de la FAO (1).
A estos impactantes efectos producidos por grandes eventos climáticos, se deben sumar otros, igual de nefastos, como los desarrollados por actividades locales depredatorias del medioambiente, como los desplazamientos violentos y forzosos de campesinado al que se les arrebata arbitrariamente sus tierras y cultivos, así como los megaproyectos de minería a cielo abierto.
En ambos casos el catastrófico resultado medioambiental es igual; tala inmoderada de bosques y agudizamiento del estrés hídrico al agotar innumerables fuentes acuíferas, además de aumentar la privación de alimentos a numerosas familias en condición vulnerable de esas mismas zonas.
El segundo factor de gran impacto que se suma a las causales multidimensionales que tradicionalmente han provocado el hambre en Guatemala, es la captura del Estado y sus instituciones estratégicas por parte del crimen organizado nacional y transnacional.
Cada vez queda más claro para amplios sectores sociales dentro y fuera de Guatemala, la estrecha relación existente entre el hambre y la corrupción; el hambre y la impunidad. Por estos días, a ojos vistas de todo el mundo, las cabezas de los tres poderes del Estado están más preocupados por frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad, y en su agenda de prioridades el combate integral al hambre y la desnutrición crónica infantil no aparece en su radar de acciones políticas y estrategias de primer orden.
Producto de tal cooptación criminal del Estado, cientos de millones de quetzales del erario nacional se están fugando hacia manos privadas, disminuyendo sustancialmente la ya limitada capacidad institucional de los gobiernos de turno para dar respuesta pronta y efectiva al problema del hambre y la desnutrición infantil y a otros desafíos concurrentes y de nuevo cuño, como la pandemia del Covid19.
De hecho, la misma precaria gobernabilidad democrática alcanzada en el país durante el período de la post guerra interna tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se está erosionando dramática y aceleradamente, al punto que se han encendido las alarmas en Washington, pues de seguir su curso el colapso político e institucional del Estado guatemalteco, la migración masiva hacia el exterior causada por el hambre, la desesperación y por la inseguridad provocada por los grupos criminales, continuará su actual escalada, poniendo en riesgo no solo la política inmigratoria sino la propia seguridad interna en los EEUU.
En realidad, no existen grandes diferencias de fondo entre la política inmigratoria del gobierno encabezado por Trump y ahora por Biden. Desde que asumió el cargo en enero de este año, este último ha dicho y reiterado numerosas veces que “los centroamericanos no deben migrar a los EEUU”.
Por razones obvias, detener o reducir drásticamente la masiva, irregular y desordenada migración de decenas de miles de indocumentados centroamericanos hacia las fronteras de EEUU, es una prioridad de Seguridad Nacional para la potencia del norte.
El dilema y dolor de cabeza para Washington es cómo lidiar y negociar con una clase política centroamericana corrupta y ligada al crimen organizado, en particular, al narcotráfico.
Por estos mismos días en los que estamos por terminar el mes de marzo, se anuncia la visita a Guatemala de una comisión oficial norteamericana de alto nivel, encabezada por funcionarios de la talla de Ricardo Zuñiga y Juan Sebastián González (Jefe de Asuntos Hemisféricos del Gobierno de EEU), entre otros.
Públicamente se anuncia que el objetivo central de la visita de esta comisión especial es coordinar una estrategia regional para la migración hacia el apetecido país del norte. Empero, persiste el gran dilema e interrogante: ¿Qué efectos sólidos y efectivos pueden dar a los EEUU negociar con políticos y funcionarios carentes de legitimidad?
Recuerdo que en el año 2006 escribí y publiqué un artículo cuyo titular decía más o menos: “Centroamérica, entre la haitiización y la puertoricanización”.
Para nuestra mala fortuna, en Guatemala y la franja norte de Centroamérica, durante estos últimos 15 años se ha “haitiizado” nuestro empobrecimiento, y por otro lado, se está “puertoricanizando” nuestra calidad de región intervenida. Cualquiera de estas dos salidas empeora nuestra situación.
Notas
“FAO pide recaudar fondos para asistencia alimentaria en Centroamérica”. Geldi Muñoz Palala, El Periódico, 03/02/2021.
Sergio Barrios Escalante. Investigador social. Activista social por la niñez y adolescencia en la Red ADINA. Editor de la revista virtual Raftulum https://revistatulum.wordpress.com/
https://rebelion.org/el-hambre-en-guatemala/
