La semana pasada se hizo pública la acusación de Fiscales federales de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su campaña presidencial.
En los documentos no se nombra directamente al político, sino que se refieren a él como conspirador número 4 (CC-4), pero se hace referencia a su cargo como presidente y al vínculo con su hermano y exdiputado, Juan Antonio “Tony” Hernández, hallado culpable de narcotráfico por un jurado de Nueva York en octubre de 2019.
Otras vinculaciones: Los documentos afirman que Geovanny Fuentes Ramírez, detenido en marzo de 2020 en Miami y acusado por narcotráfico, pagó a Hernández cuando era presidente del Congreso fuertes sumas de dinero a cambio de protección, lo que incluía el uso de las Fuerzas Armadas para proteger un laboratorio de cocaína y el envío de la droga a Estados Unidos.
La agencia France Presse cita uno de los alegatos donde se afirma una declaración del presidente vociferando pretender que la DEA pensara que combatía al crimen organizado en su país, pero que en realidad “metería drogas delante de las narices de los gringos”.
En Honduras: La moción para iniciar un proceso de destitución contra Hernández fue presentada el 14 de enero por los diputados opositores, quienes han alegado que el mandatario cometió “actuaciones contrarias a la Constitución de la República”, además de estar “vinculado en múltiples juicios contra narcotraficantes que se judicializan en Estados Unidos, que lesionan el interés nacional e internacional”.
Para iniciar un juicio político contra el mandatario la ley hondureña establece que se requiere el apoyo de tres cuartas partes de los legisladores, es decir, 96 votos a favor de los 128 que conforman el Congreso. En la sesión del lunes 25 de enero, una mayoría de votos oficialistas rechazó la moción, por lo que Hernández podría terminar su mandato sin contratiempos.
Datos: No es la primera vez que hay acusaciones sobre el poder del crimen organizado en las instituciones gubernamentales hondureñas, luego del golpe de Estado promovido por EEUU contra Manuel Zelaya en 2009, en la costa norte se gestaron los feudos de las mafias con la cooperación de las fuerzas de seguridad y el poder judicial según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), quienes además señalan que con las elecciones del año 2013, “se confirmó de la narco democracia en Honduras: compra de votos, y la alteración de las actas electorales, sirvieron para que buena parte de las municipalidades y curules legislativos pasaran a manos de los carteles de las drogas”.
Por qué es importante: Estas vinculaciones probadas con el crimen organizado, la ofensiva desatada en contra de los movimientos sociales, recordemos el asesinato de Berta Cáceres, no le cuestan a Honduras ni a su gobernante o altos funcionarios, sanciones o precio por la captura de alguno de ellos, la gravedad de las acusaciones no impactan en la llamada comunidad internacional, desde donde sí se respaldan acciones contra países como Venezuela, presa de las medidas coercitivas unilaterales y acusaciones reiterativas de narcotráfico sin prueba alguna.
El deterioro de la política hondureña muestra también cómo en Centroamérica avanza el desmantelamiento de un Estado nación al mando de políticos sostenidos por las mafias, que llegan al poder bajo cuestionamientos que no terminan de producir consecuencias reales.
https://isrobinson.org/reportes/honduras-la-narcodemocracia-queda-en-evidencia/
