Durante décadas, gobiernos estadounidenses a través de organizaciones pantallas actuaron con total impunidad para sacar del poder al Frente Sandinista en Nicaragua pero, ahora, cuando la Asamblea Nacional de ese país le pone freno a ese accionar al aprobar una ley que obliga a las ONGs golpistas financiadas por Washington a registrarse como agentes extranjeros, ponen el grito en el cielo, y acusan la nación centroamericana de tener una “dictadura”.
A finales de la primera década de 2000, cuando nos desempeñábamos como corresponsal extranjero en esa nación, era habitual ver la labor del representante de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), un señor entrado en libras que “hacia el trabajo” contra el gobierno popular. Actuaba con total impunidad y en esa época, aun no se le ponía freno a su ilegal desempeño.
El desarrollo de esa política es analizado y denunciado en un extenso análisis de Ben Norton, periodista, escritor y cineasta estadounidense, en un artículo que publica el sitio en internet The Grayzone.
El gobierno electo de Nicaragua aprobó una ley que requiere que las ONGs financiadas por gobiernos extranjeros se registren como agentes extranjeros, por lo que un agente de la CIA convertido en portavoz del Departamento de Estado de Biden lo difamó como "conduciendo hacia la dictadura" - a pesar de la similitud de la política con la legislación estadounidense, indica Norton.
Desde que el Frente Sandinista socialista de Nicaragua volvió al poder mediante elecciones democráticas en 2006, el gobierno de Estados Unidos invirtió muchos millones de dólares en grupos de oposición de derecha en el país centroamericano, precisa la fuente.
Estas ONG financiadas tienen como objetivo desestabilizar el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, y desempeñaron un papel central en un intento de golpe de Estado brutalmente violento en 2018, el cual financiaron, e incluso movieron a ese escenario a grupos violentos de otros países, entre ellos salvadoreños y hondureños, según denuncias de la época.
Esto llevó a que la Asamblea Nacional de Nicaragua respondió a la violencia y a los esfuerzos de desestabilización patrocinados por Washington aprobando una ley en octubre de 2020, refrendada por Ortega, que requiere que las organizaciones financiadas por gobiernos externos se registren como agentes extranjeros.
Llama la atención que la normativa es muy similar a una aprobada en el Congreso estadounidense en 1938 conocida como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y que usan para obligar a los medios de comunicación y a los periodistas rusos y chinos que trabajan en su territorio a registrarse como agentes extranjeros, en una escalada política bipartidista al estilo de la Guerra Fría contra ambos países.
La Casa Blanca arremete ahora contra Nicaragua por su decisión de aprobar una norma similar y en ese sentido el 8 de febrero, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, antiguo agente de la CIA, publicó una declaración condenando al gobierno sandinista.
El presidente "Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura", porque la nueva ley de agentes extranjeros provocó la suspensión voluntaria de las operaciones de una importante organización de la oposición financiada por el gobierno estadounidense en el país”, plantea Price.
En su análisis Norton señala que fijándose en Nicaragua, el empleado de la CIA convertido en portavoz del Departamento de Estado concluyó su declaración con una amenaza apenas velada: "Instamos al presidente Ortega a cambiar de rumbo ahora".
Pero, no fue el gobierno quien aprobó esa ley, fueron los diputados electos por el pueblo a la Asamblea Nacional de Nicaragua, donde descansa el poder supremo del país.
En este escenario, tiene un papel destacado el Centro de la CIA en la inmensamente grande embajada de Estados Unidos en Managua, según denuncias.
La CIA tiene un largo historial de apoyo a los grupos de oposición de derecha en Nicaragua y durante la década de 1980, armó y entrenó a escuadrones de la muerte de extrema derecha, conocidos como los Contras, que libraron una guerra terrorista contra el gobierno revolucionario sandinista, masacrando a civiles, torturando a funcionarios, bombardeando infraestructuras, minando puertos e incendiando hospitales, escuelas y granjas.
En la actualidad, precisa Norton en su valoración, la financiación de las ONG antisandinistas procede en gran medida de los brazos del gobierno estadounidense para el cambio de régimen, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), las organizaciones pantallas del trabajo sucio.
Esta última es un órgano de la CIA creado por la administración de Ronald Reagan en la misma época en la que se llevó a cabo la campaña de terror de la Contra, con el fin de financiar planes de desestabilización similares con el pretexto de promover la democracia.
Para lograr sus objetivos, Washington, a través de la USAID invierte decenas de millones en los medios de comunicación de la oposición de derecha en Nicaragua.
La ley aprobada por el parlamento popular llevó al anuncio de que un grupo de oposición de derecha financiado con millones de dólares de los impuestos del gobierno estadounidense había decidido “cerrar” sus actividades.
El 5 de febrero, la organización activista antisandinista Fundación Violeta Barrios de Chamorro anunció que suspendía voluntariamente sus operaciones en protesta por la ley de agentes extranjeros.
En realidad, el gobierno sandinista no estaba cerrando ni expulsando a la fundación ni a ninguna otra organización, sino que esta decidió voluntariamente cesar sus actividades para evitar el cumplimiento de la nueva legislación.
La Fundación Chamorro fue fundada y lleva el nombre de la expresidenta neoliberal de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, que llegó al poder en 1990 gracias a una guerra terrorista y al bloqueo del país respaldados por Estados Unidos, junto con la financiación de la National Endowment for Democracy (NED) de Washington, subrayó Norton.
En otros de los trapos sucios aireados en su aproximación al tema, el analista señala que en 1991, la NED recompensó personalmente a la presidenta Barrios de Chamorro por su lealtad a Washington, otorgándole un premio de alto nivel aunque nunca se habló de que su llegada al poder se debió, entre otras cosas, a la manipulación del voto en las urnas.
La fundación de esta familia oligarca está financiada por el brazo de poder blando de Washington, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual en apenas cinco años entregó fondos cercanos a los 8 millones de dólares para fines desestabilizadores.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro también fue usada para dirigir el Programa de Fortalecimiento de los Medios de Comunicación (MSP) de la USAID, financiando y capacitando a activistas mediáticos de derecha en nombre de Washington.
Según una revisión de los datos disponibles públicamente de USAID, la agencia gastó las siguientes sumas de dinero solo en medios de comunicación de la oposición en Nicaragua desde 2011: 1.697.400 dólares en 2020, 1.729.645 dólares en 2019, 889.355 dólares en 2018, 400.000 dólares en 2017, 1.600.000 dólares en 2014, 550.000 dólares en 2013, 413.163 dólares en 2012 (1), 286.387 dólares en 2012 (2), 541.000 dólares en 2011.
Uno de los beneficiarios de la financiación del gobierno estadounidense a través de la Fundación Chamorro fue el medio de comunicación opositor de extrema derecha de Nicaragua 100% Noticias.
Este canal fomentó activamente la violencia durante el intento de golpe de Estado de 2018, promoviendo a extremistas que utilizaron cañones de mortero para matar y herir a activistas sandinistas y fuerzas de seguridad del Estado, precisa Norton.
El director de 100% Noticias, financiado por Washington, Miguel Mora, ha pedido abiertamente que los militares estadounidenses invadan su país y derroquen al presidente Ortega, citando la guerra de Panamá en 1989.
Mora también recibió a extremistas que llamaron a los nicaragüenses a organizar una turba violenta para invadir el recinto presidencial y linchar al líder electo, denuncia Grayzone.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro está dirigida por Cristiana Chamorro, una rica operadora de la derecha que probablemente será la candidata presidencial de la oposición en las elecciones de noviembre de 2021.
Cristiana Chamorro también ha ayudado a dirigir el principal periódico conservador, La Prensa.
En efecto, señala Norton, esto significa que USAID ha estado financiando al candidato presidencial de la derecha nicaragüense y al principal medio de comunicación del país con millones de dólares durante muchos años.
En general la USAID asignó más de 122 millones de dólares en total en operaciones en Nicaragua en los cinco años que van de 2016 a 2020.
La mayor parte de ese dinero se destinó a "Liderazgo, Gestión, Gobernabilidad", al "Programa de Gobernabilidad Municipal" y al "Programa de Desarrollo de Liderazgo Democrático", es decir, a financiar y cultivar a los líderes de la oposición de derecha.
Aunque la USAID afirma que sus proyectos son "humanitarios", sus propios datos disponibles públicamente muestran que la gran mayoría de su gasto en Nicaragua se destina a la financiación del "Gobierno y la Sociedad Civil" y a los gastos de funcionamiento de su personal, mientras que menos del 1 por ciento de su dinero se destina a apoyar la salud pública y la agricultura.
En resumen, a la Casa Blanca le molesta que le corten los tentáculos con los que trata de sacar del poder al sandinismo y amenaza porque se ponga fin a su actuación impune en América Latina, donde, al igual que en Nicaragua, intentan dar vida al entreguismo e imponer políticas neoliberales.
Periodista cubano, ex corresponsal de PL en Estados Unidos
https://espanol.almayadeen.net/articles/1458508/estados-unidos-y-el-fin-de-su-impunidad-contra-nicaragua
