Ya son varios los argumentos que indican abiertamente que procesar al expresidente buscaba impedir su asunción al poder.
Una nueva evidencia del matiz político de la sanción judicial impuesta al expresidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva, salió a la luz esta semana, cuando el excomandante del Ejército brasileño, general retirado Eduardo Villas Bôas, confirmó la presión militar a la Corte Suprema para encarcelar al exmandatario y frenar así su participación en las elecciones de 2018.
No es la primera evidencia de peso que demuestra el interés político que motivó el enjuiciamiento y condena del exmandatario, en detrimento de la legalidad y la justicia.
Entrevista a Villas Bôas
En una entrevista publicada en el libro General Villas Bôas: conversación con el comandante, recientemente editado por la Fundación Getulio Vargas, el excomandante afirmó que las publicaciones hechas por él en la red social Twitter, en vísperas del juicio de habeas corpus de Lula en 2018, fueron articuladas entre el alto mando castrense y el Supremo Tribunal Federal (STF), para lograr el rechazo a la petición; y evitar así que Lula pudiera apelar en libertad y disputar los comicios de ese año
Un día antes de la audiencia de la corte superior, el que fuera comandante del Ejército de los Gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer divulgó en Twitter que la institución apreciaba el respeto a la Constitución, la paz social y la democracia, y que compartía los deseos de los ciudadanos de bien y repudiaba la impunidad.
Villas Bôas expresó que liberar al exgobernante por aquella fecha era “un riesgo a la institucionalidad en el país” y dejó entrever la alta posibilidad de una intervención militar en caso de que se hubiera dado ese beneficio.
El excomandante reveló asimismo que fue bajo su mando que los militares volvieron a implicarse en política y se buscó un candidato que en las presidenciales de 2018 pudiese derrotar a la izquierda, representada por el PT de Lula.
Para Villas Bôas, el actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro era la única opción viable para derrotar a la izquierda en 2018 y, de paso, asegurar a los uniformados un protagonismo en la política brasileña.
Mensajes entre Sergio Moro y los fiscales
En 2019 salió a la luz el intercambio de mensajería entre Sergio Moro y Deltan Dallagnol, juez y fiscal, respectivamente, de la causa Lava Jato, así como de estos con otros actores judiciales.
Dichos mensajes dejan clara la intervención de Moro en la investigación criminal, cuestión improcedente desde todo punto de vista, por comprometer la imparcialidad judicial en el proceso penal.
El min. de la Corte Suprema, Lewandowsky, liberó la publicación de 50 páginas de conversaciones entre el exjuez Moro y los fiscales acusadores del Lava Jato.
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 1, 2021
El fin era Lula. La fuerza de tareas aguardaba "la articulación con los estadounidenses".
Vean: https://t.co/3QIKtdx3dw pic.twitter.com/WqNbUaZcdn
De hecho, según se aprecia de los mensajes filtrados, Moro dio opiniones e hizo presión para que se realizaran acciones de competencia exclusiva del Ministerio Público en el marco de la investigación, como la realización de redadas y registros, incidiendo incluso en el orden de estos.
Un elemento sugerente es que Moro, luego de la condena de Lula y la derrota del PT en las elecciones de 2018, fue designado por el presidente Jair Bolsonaro, como ministro de Justicia, cargo de alta relevancia en el Gobierno de Brasil, que el exjuez detentó durante 17 meses.
"Precisamos darle en la cabeza a Lula", decía la fiscal Carolina Rezende en marzo del 2016. Con los diálogos del Lava Jato en mano, los abogados de Lula presentan más pruebas sobre la parcialidad del proceso ante la Corte Suprema.
Otras irregularidades
Todo ello se suma a la ya larga lista de irregularidades que empaña la llamada “mayor operación anticorrupción de Latinoamérica”, que incluyen la sanción a Lula da Sila cuando ni siquiera los fiscales tenían certeza de que existiera delito alguno, como se aprecia en los audios filtrados en 2019.
Por si fuera poco, los propios miembros del Ministerio Público estuvieron rodeados por denuncias de corrupción, relacionadas con sus intenciones de apropiarse del retorno de multas impuestas por Estados Unidos a Petrobras, aunque no llegaron a materializarlo, por haberlo impedido el magistrado Gilmar Mendes del STF.
De hecho, estas y otras irregularidades llevaron a que, a inicios del presente mes de febrero de 2021, el equipo de fiscales a cargo de la operación Lava Jato fuera disuelto por el Ministerio Público del estado de Paraná.
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