Los mismos 86 centros de votación de Bolivia que la OEA había cuestionado por su "inusual" apoyo al MAS en 2019 demostraron, un año después, que el organismo "politizó" su misión electoral, dijo a Sputnik la socióloga Gisela Brito. Según la experta, el organismo necesitará hacer una revisión interna para recuperar la credibilidad perdida.
Las elecciones bolivianas del 18 de octubre no solo significaron el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS) al Gobierno sino que también confirmaron los cuestionamientos hechos a la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en 2019 había denunciado presuntas "irregularidades", encendiendo la chispa de la violencia que terminó derrocando al entonces presidente Evo Morales.
En su informe final sobre las elecciones de 2019, los observadores de la OEA habían cuestionado los resultados en 86 centros de votación, considerando que arrojaban un apoyo al MAS de 91% en promedio, lo que representaba un comportamiento "inusual" que amplió definitivamente la ventaja de Morales sobre Carlos Mesa sobre el final del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
Con los resultados preliminares del 18 de octubre a la vista, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) decidió poner a prueba la validez del informe de la OEA de 2019, comparando los resultados de 2020 en los 86 centros de votación cuestionados un año anterior. El resultado arrojó que, lejos de disminuir, el apoyo al MAS en esos circuitos pasó de 91% promedio a 97%.
En diálogo con Sputnik, la socióloga argentina Gisela Brito, coordinadora de Opinión Pública de Celag, explicó que el relevamiento indicó que el MAS obtuvo "en promedio cinco o seis puntos más" de lo que había tenido en 2019 en esos circuitos, un resultado que se condice con la votación del MAS a nivel nacional, que también pasó de 47% en 2019 a cerca de 54% en 2020.
Brito remarcó que el caudal de votos que recibe el MAS en esos lugares "no es inusual", como decía la OEA, sino que se corresponde con zonas rurales y de comunidades indígenas "que desde el año 2005 (cuando Evo Morales llegó por primera vez al Gobierno) tienen un comportamiento de apoyo mayoritario al MAS, con valores del 80% y 90%".
La analista confirmó que esas zonas del país "históricamente y de manera recurrente votan de esa manera" y que sus datos suelen llegar al final del conteo porque se trata de zonas del país con poca conectividad y donde el cómputo de las actas debe hacerse de forma manual.
Para Brito, el análisis ratifica que en 2019 "lo que la OEA hizo fue politizar una misión electoral que debe tener carácter técnico". En ese sentido, sostuvo que los veedores electorales del organismo regional actuaron con "intencionalidad" porque querían "erosionar y deslegitimar una elección que había tenido un margen muy estrecho".
Al apartarse de su carácter técnico, la OEA acabó "cuestionando el comportamiento político de los electores". "La OEA no tiene la potestad de cuestionar qué votan los ciudadanos, solo tiene que garantizar que las elecciones se den de manera limpia", sostuvo.
La integrante de Celag responsabilizó al organismo del clima de violencia que se desató en Bolivia a partir de que la misión electoral cuestionara el propio TREP, echando dudas sobre el proceso incluso antes de que se iniciara el conteo oficial, el verdaderamente válido para determinar el ganador de la elección. "En esos días en que la OEA insinuó que debía haber segunda vuelta se generaron quemas de tribunales electorales departamentales, con lo que se destruyeron las propias evidencias de las papeletas reales y ya no se podía saber quién era el ganador", recordó.
Almagro y una OEA sin credibilidad
Así como la misión electoral de 2019 tuvo serias consecuencias en el sistema político boliviano, las conclusiones que pueden extraerse de su accionar tras los nuevos comicios de 2020 pueden marcar un antes y un después para el organismo, advirtió Brito.
"La principal consecuencia es que la OEA queda deslegitimada como institución a la hora de hacer misiones electorales en otros países", planteó la experta.
Brito apuntó que la OEA actuó en Bolivia sin "imparcialidad y rigurosidad técnica", dos requisitos que consideró necesarios para este tipo de intervenciones en procesos electorales, y cuya ausencia puede marcar un precedente que imponga dudas en futuras participaciones. El Gobierno de México fue, de hecho, uno de los primeros países en expresarse en ese sentido.
También lo hizo el Grupo de Puebla —coordinación política que reúne a referentes políticos progresistas de América Latina— que directamente solicitó la renuncia de Almagro, reelecto en su cargo en marzo de 2020. Para Brito, una renuncia de Almagro sería un camino para recuperar credibilidad del organismo, como también lo sería "una autocrítica y una auditoría interna sobre esa misión electoral, algo que es perfectamente posible".
"Es imprescindible que se revise cuál fue el comportamiento de esa misión como forma de volver a legitimar y generar confianza, porque las misiones electorales se construyen con la confianza y la rendición de cuentas", detalló.
