La cancillería Argentina demandó a su par de Paraguay el esclarecimiento y la identificación de los responsables de la muerte de dos niñas argentinas de 11 años en un supuesto enfrentamiento de las Fuerzas de Tareas Conjuntas de ese país (FTC) con el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al considerarlas integrantes del mismo.
Los hechos ocurrieron a 500 kilómetros al noroeste, en Yby Yaú en el estado de Concepción, cerca de la frontera con Brasil. De acuerdo con el parte médico una de las niñas tenía seis impactos de bala y la otra dos. Fueron enterradas rápidamente sin que se conociera su identidad.
Al mejor modelo de los falsos positivos colombianos, se les colocaron uniformes y armas para simular un enfrentamiento.
El informe del médico forensecontradice información previa dada por la Fiscalía. La jueza del caso no permitió a la madre de las niñas ni a su abogada asistir al procedimiento judicial. Mientras tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se investigue el supuesto operativo militar.
La cancillería argentina rechazó de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del general Héctor Grau, comandante castrense, quien acusó a Argentina de convertirse en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo.
El canciller argentino, Felipe Solá, exigió el esclarecimiento de las muertes de las primas Lilian Mariana y María del Carmen Villalba.
El comunicado del gobierno paraguayo indicó: “En un enfrentamiento de la Fuerza de tareas se habría constatado que fueron abatidas dos menores de edad de sexo femenino, y también se dejó constancia en el reclamo que la Fiscalía Antisecuestros paraguaya les atribuyó edades de adolescentes de 15 y 17 años.
El Estado paraguayo acabó con la vida de dos niñas e intentó ocultarlo enterrándolas a dos horas de los hechos, sin haberlas identificado oficialmente, bajo la excusa del protocolo para sepelios por la pandemia del COVID-19. Además de mentir en reiteradas ocasiones, insinuando primero que habían asesinado a Magna Meza, una de las líderes del EPP, afirmando luego que tenían edades que oscilaban entre los 15 y 17 años, y ante las dudas y refutaciones, diciendo ahora que las niñas fueron “puestas como escudo”, durante el supuesto enfrentamiento.
Las autoridades argentinas señalaron que no es posible aceptar que quienes fueron testigos de los hechos acontecidos no hayan advertido la escasa edad de las niñas, además de tachar de absurdas las acusaciones de Paraguay.
Las autoridades paraguayas solicitaron la cooperación argentina ante la imposibilidad de identificar a las víctimas y que, con base en información recibida desde ese país, cuerpos forenses argentinos pudieron verificar al consultarse el Registro Nacional de las Personas que las niñas eran efectivamente argentinas.
“Una vez más están negando la posibilidad de que los familiares vean el cuerpo, es porque están ocultando la barbaridad que cometieron, por eso no nos dejan ver el cuerpo y advirtió que tienen miedo de que vea lo que hicieron los militares con las niñas, porque incluso recibimos información de que fueron torturadas salvajemente y que tendrían rastros de quemaduras en el cuerpo, reveló la abiogada Deisy Irala.
Para las autoridades paraguayas el EPP, es una organización terrorista que secuestra con fines de extorsión, mata y siembra el terror usando todos los medios, incluidos el reclutamiento de niños.
Pero medios paraguayos tienen serias sospechas sobre los orígenes del EPP como una creación contrainsurgente, o sea fuerzas entrenadas por las tropas especiales de Estados Unidos, que permanecen en Paraguay desde 2005 y que tienen inmunidad en su accionar en beneficio delñ gobierno y los grandes terratenientes..
El presidente paraguayo, Abdo Benítez, acorralado por su incompetencia para detener el avance del covid 19 y ante las múltiples denuncias de corrupción de su gobierno, afirmó que las niñas fueron expuestas de manera cobarde e irresponsable por el EPP. El fantasma del EPP surge cada vez que el gobierno quiere desviar la atención de lpos verdaderos problemas del país.
Según los familiares se trata de un montaje de las Fuerzas Armadas para ocultar lo que fue una masacre. Ademáscriticaron que la Fiscalía haya avalado la quema de los uniformes y el entierro de los cuerpos tan sólo horas después del operativo y desestimaron la excusa del fiscal Delfino, quien dijo que actuaron de acuerdo con los procedimientos sanitarios por el coronavirus, tomando las pruebas necesarias.
“El Estado destina un millón 300 mil dólares al mes para financiar la FTC, creada en 2013. Es absolutamente inverosímil que una fuerza de elite no pueda filmar un operativo.Desde hace años venimos documentando sus ejecuciones extrajudiciales, implantación de pruebas y abusos”, sostuvo el abogado Juan Martin Molas.
Celso Guanipa Castro. Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
