Bolivia ha caído en una pesadilla de represión política y violencia estatal racista desde que el gobierno democráticamente elegido de Evo Morales fue derrocado por los militares el 10 de noviembre del año pasado.
Ese mes fue el segundo más mortífero en términos de muertes de civiles causadas por las fuerzas estatales desde que Bolivia se convirtió en una democracia hace casi 40 años, según un estudio de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (HLS) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), lanzado hace un mes.
Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, que tiene el mayor porcentaje de población indígena de cualquier país de las Américas. Su gobierno logró reducir la pobreza en un 42% y la pobreza extrema en un 60%, lo que benefició de manera sustancial a los indígenas bolivianos.
El golpe de noviembre fue liderado por una élite blanca y mestiza con antecedentes de racismo, que buscaba devolver el poder estatal a las personas que lo habían monopolizado antes de la elección de Morales en 2005.
La naturaleza racista de la violencia estatal se enfatiza en el informe HLS / UNHR, incluidos relatos de testigos presenciales de fuerzas de seguridad que utilizaron “lenguaje racista y anti indígena” cuando atacaron a manifestantes. También se desprende del hecho de que todas las víctimas de las dos mayores masacres cometidas por las fuerzas estatales después del golpe eran indígenas.
Lo que ha recibido aún menos atención es el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la destrucción de la democracia de Bolivia el pasado noviembre.
Como informó el New York Times el 7 de junio, el análisis “defectuoso” de la organización inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre alimentó “una cadena de eventos que cambiaron la historia de la nación sudamericana”.
Las denuncias de la OEA fueron de hecho el principal fundamento político del golpe y continuaron durante meses. En Bolivia, las autoridades electorales reportan un escrutinio preliminar, que no es oficial y no determina el resultado, mientras se cuentan los votos. Cuando se contó el 84% de los votos en este recuento preliminar, Morales tenía el 45,7% de los votos y lideraba al candidato en segundo lugar en 7,9 puntos porcentuales.
La información en este recuento no oficial y no vinculante se interrumpió luego durante 23 horas, y cuando se recuperó, la ventaja de Morales había aumentado a 10,2 puntos. Al final del recuento oficial, era de 10,5. Según las reglas electorales de Bolivia, un candidato con más del 40% de los votos y al menos una ventaja de 10 puntos gana en la primera vuelta, sin una segunda vuelta.
La oposición alegó que hubo fraude y salió a la calle.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitió un comunicado de prensa al día siguiente de las elecciones expresando “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares tras el cierre de las urnas”. Pero no proporcionó evidencia para apoyar estas acusaciones de fraude, porque no hubo ninguna.
Desde entonces, esto ha sido establecido repetidamente por una gran cantidad de estudios estadísticos de expertos. Pero la verdad era bastante clara y fácil de ver a partir de los datos disponibles inmediatamente después de las elecciones. Y, de hecho, el Centro de Investigación Económica y Política, usó esos datos para refutar las alegaciones iniciales de la OEA al día siguiente; y siguió con una serie de análisis estadísticos y documentos en los meses siguientes, incluida una refutación de su informe de auditoría final.
No hubo un cambio inexplicable de tendencia. Todo lo que sucedió fue que las áreas que informaron más tarde eran más pro Morales que las que informaron antes, por varias razones geográficas y demográficas. Es por eso que la ventaja de Morales aumentó cuando llegó el último 16% de los votos, tal como había ido aumentando a lo largo del conteo preliminar. Esta es una dinámica bastante común que se puede ver en las elecciones de todo el mundo.
Pero luego de su comunicado de prensa inicial, la OEA elaboró tres informes más, incluida su auditoría preliminar de los resultados electorales, sin considerar nunca la posibilidad obvia de que las áreas de informes posteriores fueran políticamente diferentes de aquellas cuyos votos llegaron antes.
Esta es una evidencia abrumadora de que los funcionarios de la OEA no simplemente cometieron un error en sus repetidas denuncias de fraude, sino que parece haber sabido que sus acusaciones eran falsas. Es un desafío a la imaginación concebir cómo esta simple explicación, que es lo primero que se le ocurriría a la mayoría de la gente y resultó ser cierta, ni siquiera se les ocurriría a los expertos electorales, en el proceso de meses de investigación.
Le envié un correo electrónico a la OEA para averiguar si tenía en cuenta las diferencias de los distritos electorales bolivianos, pero no he recibido respuesta.
El 2 de diciembre, 133 economistas y estadísticos publicaron una carta a la OEA, señalando que “el resultado final era bastante predecible sobre la base del primer 84% de los votos reportados” y pidiendo a la OEA que “retracte sus declaraciones engañosas sobre la elección”.
Cuatro miembros del Congreso de los Estados Unidos, encabezados por Jan Schakowsky, también intervinieron con una carta a la OEA con 11 preguntas básicas sobre el análisis de la OEA. Más de nueve meses después, la OEA aún no ha respondido.
En julio, el Congreso de los Estados Unidos celebró reuniones informativas con altos funcionarios de la OEA y los enfrentó con algunas de las mismas preguntas; no dieron respuestas sustantivas.
Con las alegaciones originales, y políticamente decisivas, de fraude cada vez más desacreditadas, la OEA recurrió a las “irregularidades” en la elección para mantener el asalto a su legitimidad. Pero resultó que estas acusaciones, como las basadas en afirmaciones estadísticas, no pudieron resistir el escrutinio.
Mientras tanto, Bolivia tiene una presidenta de facto, Jeanine Áñez, que ha calificado de “satánicas” las prácticas religiosas indígenas; en enero advirtió a los votantes con no “permitir el regreso de los ‘salvajes’ al poder, una aparente referencia a la herencia indígena de Morales y muchos de sus partidarios”, según el Washington Post. Se suponía que el suyo era un gobierno “interino”, pero las nuevas elecciones, ahora programadas para el 18 de octubre, ya se han pospuesto tres veces debido a la pandemia, según las autoridades.
Las ruedas de la justicia se mueven demasiado lentamente tras los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos. Y el apoyo de la administración Trump ha sido abierto: la Casa Blanca promovió la narrativa del “fraude”, y su declaración orwelliana después del golpe lo elogió: “La salida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que se escuche la voz del pueblo boliviano”, dijo Trump.
Según Los Angeles Times: “Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, había dirigido al equipo de monitoreo de elecciones del grupo para informar sobre un fraude generalizado y presionó a la administración Trump para que apoyara la destitución de Morales”.
Esta semana, Jan Schakowsky y Jesús “Chuy” García del Congreso de los Estados Unidos pidieron recientemente a ese organismo que “investigue el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado, y asegure que los dólares de los contribuyentes no contribuyan al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflicto civil o violaciones de derechos humanos”.
(*) Carlos Trujillo (embajador de EEUU ante la OEA), no ha negado que dirigió al equipo de monitoreo de elecciones de la OEA para informar un fraude generalizado y presionó a la administración Trump para que apoye la destitución de Morales.
(Tomado de Primera Línea)
https://zonafrank.wordpress.com/2020/09/22/el-silencio-sobre-el-golpe-de-estado-en-bolivia-respaldado-por-estados-unidos/
