En 2019, más de 118.000 personas solicitaron asilo en el país mediterráneo, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Solo se concedió un 5,2% de esas peticiones.
Los auriculares invaden la cara de Rafael Ariza. A la sombra, en un banco, escucha música mientras teclea el móvil. Podría ser un joven cualquiera. Uno de tantos que pasan el rato perdidos entre gigas de internet y listas de reproducción.
La diferencia es que él lo hace dentro del Centro de Ayuda al Refugiado (CAR) situado en Vallecas, un barrio del sur de Madrid. Y sus circunstancias vienen marcadas por unas palabras que había oído de pasada, sin altavoces: asilo, desarraigo, distancia.
"Nunca me habría imaginado así. No sabía ni lo que era ser un refugiado", confiesa con una sonrisa. Hoy, admite, no se puede quejar: el día pinta caluroso, a su alrededor bailan los más pequeños al mando de un animador y la batería de su celular tiene batería de sobra y alcance del wifi para echar la mañana.
Pero el camino hasta aquí no ha sido tan apacible. Igual que las 118.264 que pidieron asilo a lo largo de 2019 en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ariza ha tardado en arrancar: "Es como empezar continuamente de cero".
Explica ese persistente regreso relatando la historia que lo trajo a España "desde la niñez". Nació hace 34 años en Santo Tomás, un pueblo del norte de Colombia, pegado a Barranquilla y a lomos del río Magdalena.
Su "condición de homosexual" lo colmó de miedos en una sociedad "tremendamente machista y homófoba". A los siete años mataron a su padre.
No sabe si fue cosa de la guerrilla, los paramilitares o cárteles de la droga: por aquel entonces, el país sudamericano abría fuego en diferentes trincheras.
Rafael Ariza, refugiado colombiano en España
"Me quedé con mi madre, traumatizada, y a los 17 años me mudé a Barranquilla", comenta. Allí, graduado, intentó trabajar de lo que fuera. "Seguía estando muy mal visto", rememora. Fue a la capital, Bogotá, para cambiar de aires y verse inmerso en el ritmo de una ciudad mayor. De poco le sirvió: "Estuve dos años y tuve que volver".
En su pueblo de origen, todo se precipitó. "El estigma de homosexual, hijo de un asesinado y encima como volver de la capital me encerró en casa. Tenía pavor de salir a la calle. Me pintaban en la fachada mensajes como No queremos maricas", narra con pena.
Protección y ayuda
Decidió volar a España. Le impulsó el idioma y "la protección y ayuda que me daban". Llegó el 31 de octubre del año pasado. "Sin trabajo, sin papeles, sin nada", enumera.
Fue "sobreviviendo" mientras contactaba con varias asociaciones. Entre ellas, Kif Kif, especializada en migraciones y refugio para el colectivo LGTBI.
Le fueron apoyando hasta que recaló en este centro, en febrero. "Me habían hablado de que podría pedir asesoramiento, pero pensaba que era algo más puntual, no que me acompañarían tanto", resalta. Ahora ha cumplido los meses de confinamiento a la vez que iniciaba un curso de locución en radio y tele.
"Como siempre me ha gustado todo lo audiovisual —la música, el cine, la danza—, quería formarme en algo así. Y mientras estoy buscando trabajo de teleoperador", suelta, "es muy duro, es luchar día a día por vivir".
A su lado —esta vez sin auriculares, sino con un transistor a todo volumen— reposa Savva. Georgiano de 39 años, vino hace un año por los "problemas" que tenía en su país y las dificultades económicas que atravesaba en Kutaisi, su ciudad natal. Apenas chapurrea unas palabras de castellano. Las suficientes para decir que está con su mujer y dos hijas y que todo va "muy bien". En España está "tranquilo".
Y puede buscar trabajo, como hacen Graciela Lachira y Adolfo Rocha, caraqueños de 40 y 39 años.
Era ebanista y en Venezuela ya no podía ni trabajar", apunta él. "No hay ni comida, ni agua, ni medicamentos: la situación es terrible", le apoya ella.
Los dos decidieron vender su piso para pagar cuatro pasajes (los suyos y los de dos hijos de 7 y 10 años) y tantear las opciones en España: "Nos habían recomendado venir, porque podíamos encontrar algo. Tenemos otros dos hijos en Perú, de 20 y 23 años, y no nos lo recomendaron". De momento, no han logrado un puesto laboral: el coronavirus les ha detenido la búsqueda. "Tengo la tarjeta roja de búsqueda de asilo y espero empezar pronto”, suspira Rocha.
Hasta que se les brinde esa oportunidad, la Secretaría de Estado de Migraciones, perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, les ha dado una plaza en este inmueble de Madrid con apariencia de colegio.
Residen junto a otras 90 personas de 20 nacionalidades. La mayoritaria es la suya, la venezolana, con 21 personas. Después se suman ucranianos, marroquíes o de Guinea Conakry. Con un plazo de estancia máxima de seis meses y un seguimiento posterior, es uno de los pasos en el cuidado de refugiados.
Adolfo Rocha y Graciela Lachira, refugiados venezolanos en España
"Optan a una ampliación, según las circunstancias, y luego se les respalda en pisos, pero eso ya lo llevan oenegés", detalla el director, Santiago García. Para celebrar el Día Mundial de los Refugiados han preparado talleres a lo largo del día y han recibido la visita de Hana Jalloul, titular de la Secretaría de Estado de Migraciones. "Este año está todo bastante parado, porque con el COVID-19 no se pueden organizar muchas cosas", justifica.
"CEAR programó una presentación virtual del informe de 2020 sobre los refugiados en España y en Europa. Según subrayaron, "la ruta migratoria hacia España pasó a ser la segunda más frecuentada del Mediterráneo, después de que el año pasado se convirtiera en la principal vía marítima de entrada a Europa". En total 32.513 personas llegaron por mar o tierra al país.
Y más de 118.000 personas buscaron refugio, el doble que su anterior récord de solicitudes, en 2018.
"El 77% del total procedía de seis países americanos: Venezuela (40.906), Colombia (29.363), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931), El Salvador (4.784) y Perú (3.989)", analizan, cifrando en 700.000 las solicitudes de protección en Europa y los más de 79,5 millones de personas que habían abandonado forzosamente sus hogares, según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La cifra más alta "jamás registrada".
Y alegaron: "Esto supone que el 1% de la población mundial vive desplazada forzosamente debido a conflictos, violencia o persecución. De todas ellas, 29,6 millones (más de un tercio) se habían visto obligadas a huir de sus países, mientras que 45,7 millones de personas estaban desplazadas internamente y 4,2 millones estaban esperando la resolución de sus solicitudes de asilo".
"Solo el 5,2% de estas solicitudes en España fue favorable", sentencian, "muy lejos del 31% de la media europea". En esa misma línea, no obstante, se otorgó "autorización de residencia" a unas 40.000 personas.
"A finales de 2019, más de 133.000 personas (la mitad de ellas de Colombia y Venezuela) estaban a la espera de una resolución de la que depende su futuro. En la Unión Europea, solo Alemania tiene más solicitudes en trámite", remarcaron, señalando que las plazas de acogida se habían duplicado hasta las 9.000 actuales.
"Al hilo de los datos, y en consonancia con la coyuntura actual (marcada por una pandemia que suma 28.313 fallecidos), la directora general de Cear, Estrella Galán, valoró positivamente el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por el coronavirus y la firma de un Ingreso Mínimo Vital.
"Se ha demostrado que existen alternativas posibles a la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito y solo una falta administrativa", aseguró, calificando a este apoyo de "logro histórico" y "derecho subjetivo y complementario a otro tipo de prestaciones".
