El canciller venezolano, Jorge Arreaza, viajó a La Haya (Países Bajos) para exponer ante la Corte Penal Internacional (CPI) lo que para el Gobierno venezolano son crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra el pueblo del país suramericano.
Caracas sostiene que las sanciones impuestas afectan a asuntos vitales del pueblo venezolano, como el derecho a la alimentación y a la medicación. Y es que las medidas coercitivas unilaterales que han recrudecido con la administración de Donald Trump impiden el libre acceso de Venezuela al mercado internacional.
Arreaza aseguró que las sanciones que impone Estados Unidos son un arma de destrucción masiva, por lo que instó a la CPI a detenerlas.
"Las medidas coercitivas unilaterales son armas de destrucción masiva y solo en colectivo, solo con el multilateralismo podremos detenerla", expresó Arreaza una rueda de prensa en La Haya.
"Las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de lesa humanidad, violan el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas", indicó el ministro de Exteriores.
El canciller detalló que el documento que introdujeron ante la CPI cuenta con datos que revelan la ilegalidad de las medidas coercitivas de EEUU contra su país.
"Es un documento riguroso que tiene datos estadísticos, tiene hechos, se pasea por las razones jurídicas, por la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, por la jurisdicción que tiene la Corte Penal Internacional para investigar, para enjuiciar y para determinar responsabilidades de los hechos", señaló.
Arreaza recordó que son medidas contra la economía, que procuran un fin político, para provocar un cambio de Gobierno en esa nación sudamericana.
"Nosotros somos parte de la Corte Penal Internacional, nosotros somos parte del estatuto de Roma y por tenemos no solo el derecho, sino la obligación de proteger a nuestro pueblo, la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo, esa famosa responsabilidad de proteger, la estamos nosotros llevando adelante de acuerdo a la carta de Naciones Unidas", indicó.
La iniciativa tiene lugar luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyera a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, al ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, y al procurador general, Reinaldo Muñoz, a preparar la querella en busca de la justicia ante los tribunales internacionales frente a la agresión estadounidense contra la nación.
La más reciente sanción ilegal de EEUU fue contra la aerolínea estatal Conviasa. Esta ejecutó varios programas de atención social como el Plan Vuelta a la Patria, consistente en rescatar a inmigrantes desamparados en el exterior que quisieran regresar a su país pero que no cuenten con los recursos necesarios para lograrlo por sus propios medios.
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