La Asamblea Nacional revisará las excepciones y exoneraciones que gozan distintos sectores de la sociedad, incluyendo organismos no gubernamentales que suelen desviar fondos que reciben del exterior para financiar actividades políticas y de otra índole.
En entrevista a Radio La Primerísima, el diputado José Santos Figueroa Aguilar, expresó que eso representa para el país 1 mil 500 millones anualmente.
"Esta revisión del tema de las exoneraciones, es un tema de viene de arrastre de hace mucho tiempo, que es la revisión de excepciones y exoneraciones, las excepciones y exoneraciones para darles una idea significan 1, 500 millones de dólares anualmente que pudiesen siendo más racionales, muchos de estos recursos ser utilizados para los programas de inversión pública, para los programas sociales o para gastos que requiere el país", dijo Figueroa.
En este sentido, el parlamentario expresó que eso ha sido señalado organismos que han asesorado al gobierno, ha sido señalado por el Fondo Monetario Internacional y dentro del Gabinete Económico.
Aseguró que el enfoque principal de la Reforma a la Concertación Tributaria, es la revisión de las excepciones y exoneraciones para que sean más racionales.
El parlamentario expresó que la Comisión Económica, Producción y Presupuesto, de ese Poder del Estado hizo una revisión sobre el tema de las reformas a la Ley de Concertación Tributaria.
Figueroa aclaró sobre una publicación falsa en las redes sociales sobre el tema de las reformas tributarias y que esto tiene el objetivo de confundir, crear zozobra, división e incertidumbre.
"Ustedes revisan ese documento y fue elaborado por algún pupilo de Makiavelo, incluso hasta con términos jurídicos y todo eso, hablando de supuestos incrementos a determinados renglones de la rama tributaria de nuestro país, lo que es totalmente falso", aseguró Figueroa.
No hay hasta este momento ninguna iniciativa que se ha presentado en la Asamblea Nacional de Reformas a la Ley de Concertación Tributaria, reiteró el diputado Figueroa.
Explicó que le corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentar las reformas ante la Asamblea Nacional.
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