Sabemos ¿de quién es España? ¿De quiénes son sus tierras, de quiénes son sus ríos? ¿De quién es ese campo que vemos al otro lado de la ventanilla del coche? ¿O aquel monte que cruzamos cuando viajamos en tren? ¿De quién es el aire que surca un dron sobre el cielo que cubre tu azotea?
¿De quién es este bosque, este monte? ¿O esas ruinas, a lo lejos, que resisten junto al sendero que acabas de recorrer por un pueblo abandonado?
Hay vallas a un lado y vallas a otro. Por el medio discurre una carretera. “Todo por la patria», dice un cartel. El camino lleva hasta la playa de Camposoto, en San Fernando (Cádiz). Varios bancos, sobre las aceras de asfalto libre, aguardan vacíos a que alguien se siente en ellos.
Por un momento, piensas que lo que está cercado no son los terrenos militares que copan tu mirada a izquierda y derecha, sino la propia carretera, tu mirada hacia adelante, tu camino. Conduces un poco más y, al fondo, se abre un aparcamiento.
Ahí está la playa, una arena blanca mecida por un soplo de levante que invita a descalzarse. “Yo siempre digo que esta zona es Doñana en pequeñito, una preciosidad”, cuenta Daniel López, un profesor jubilado oriundo de Gijón que ha dado clases de Ecología y Geología durante treinta años entre Cádiz y la isla gaditana que vio nacer a Camarón. Entonces, recuerda, los niños jugaban por la calle a desfilar.
La valla que venía acompañándonos por la parte derecha se adentra poco a poco en la arena, a modo de brazo que resguarda su territorio, que protege lo que es suyo. «Campo de tiro. ¡Peligro! Prohibido el paso«, alerta una señal rectangular amarilla con letras negras.
La valla se corta. Ahora tres palos largos de madera, separados más de un metro uno de otro, hacen de barrera física.
Es la misma arena, la misma agua, la misma costa, el mismo cielo. Pero de los palos para dentro, hacia la playa que llega hasta Torregorda, ya en término municipal de Cádiz, no se puede pasar. No hay nada ni nadie en ese espacio donde confluyen la tierra, el mar y el aire. Al otro lado de los palos, sobre la misma arena, se extienden varias toallas de colores. Es jueves. Mediados de junio. Poca afluencia.
Apenas tres o cuatro sombrillas alejadas entre sí. Varias personas toman el sol y otras tantas chapotean en el mar. “Aquí sí se puede estar, aunque alguna vez los proyectiles cayeron y tuvieron que desviar el ángulo de tiro. ¿Ves al fondo? Eso es el castillo de Sancti Petri.
Pero esa otra parte –se gira de nuevo hacia la playa de uso militar–, que es dominio público marítimo terrestre, está vetada a la ciudadanía”, prosigue el profesor López, protegido del sol con gorra y gafas oscuras.
Todo por la patria, resuena como el canto de una gaviota sobre la playa. España tiene una extensión de más de 500.000 kilómetros cuadrados, donde, como diría Rajoy, viven muchos españoles (y españolas).
En un giro más sofisticado, el líder de Vox, Santiago Abascal, fue más preciso hace unos días: “España es de los españoles”, respondió ante el reproche del presidente francés, Emmanuel Macron, por los pactos electorales con el partido de ultraderecha.
Quizá nos hemos hecho muchas veces la misma pregunta: ¿Qué es España? Pero, sabemos ¿de quién es España? ¿De quiénes son sus tierras, de quiénes son sus ríos?
¿De quién es ese campo que vemos al otro lado de la ventanilla del coche? ¿O aquel monte que cruzamos cuando viajamos en tren? ¿De quién es el aire que surca un dron sobre el cielo que cubre tu azotea? ¿De quién es esa playa o esa isla a la que no puedes acceder? ¿De quién es este bosque, este monte? ¿O esas ruinas, a lo lejos, que resisten junto al sendero que acabas de recorrer por un pueblo abandonado?
Tierras agrícolas
En España, según el último Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, referente a 2017, el 25,6% de la superficie terrestre está ocupada por bosques; el 21,3% por tierras de cultivo; el 16,9% por matorral; el 19% por pastizales; el 9,5% por suelo desnudo –sin una cubierta vegetal dominante–; y el 3,4% restante por superficies edificadas, carreteras o ferrocarriles.
De las tierras agrícolas, casi el 70% pertenece a personas físicas; el 7,43%, a entidades públicas; el 11,14%, a sociedades mercantiles; el 2,61% a sociedades cooperativas; y el resto está registrada con otras condiciones jurídicas.
Campo de trigo en la provincia de Segovia. ÁLVARO MINGUITO
Entre 1999 y 2009, en la década en la que se realizó el último censo agrario, el número de explotaciones ha pasado de casi 1,3 millones a menos del millón – 989.796–. Es decir, se ha reducido un 23,2%, un equivalente a 82 explotaciones diarias.
La superficie agrícola útil también ha disminuido: un 9,2% (2,4 millones de hectáreas), debido sobre todo al abandono de las explotaciones y a cambios en el uso del suelo, que pueden tener diferentes orígenes, como el desarrollo a urbanísticos y la recalificación.
Sin embargo, en paralelo, la media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18% y, además, el incremento se ha concentrado entre las explotaciones de tamaño medio-grande.
Por tanto, se mantiene, como históricamente, una gran desigualdad en cuanto a la tenencia de tierras: medianas y grandes fincas concentran mucha superficie en detrimento de la pequeña agricultura.
Además, existe una mayor presencia de sociedades mercantiles en el campo, sobre todo en el tramo de las medianas y grandes explotaciones. Todos estos datos están extraídos del estudio Estructura de la propiedad de tierras en España. Concentración y acaparamiento, de Carles Soler y Fernando Fernández, editado por Fundación Mundubat y Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.
“Aunque las estadísticas estén muy espaciadas en el tiempo, la estructura de la tierra en general es un factor muy estático, apenas se mueve. Por lo tanto, aunque parezca que hace tiempo no creo que haya cambiado mucho.
Sí ha habido alguna modificación en positivo en lo que respecta a la titularidad de mujeres, que ha aumentado unos cuatro o cinco puntos –en este estudio alcanzaba el 25% de las tierras–”, explica Fernández Such, experto en políticas agrarias y desarrollo rural e impulsor de la Plataforma Europea por la Soberanía Alimentaria.
El INE no tiene previsto realizar en próximas fechas el nuevo censo agrario –que abarcaría desde 2009 a 2019–, según aseguró a preguntas de este medio su departamento de prensa.
Con los datos recopilados, por tanto, los porcentajes son los siguientes: la pequeña explotación (menos de cinco hectáreas) representa más del 52% del total pero solo el 4,35% de la superficie cultivable. La mediana explotación (entre 5 y 70 hectáreas) ocupa el 40,18% del total de las explotaciones, con el 32% de la tierra. La gran explotación (entre 70 y 500 hectáreas) representa la mayor parte de la superficie cultivada (46%).
Y la propiedad latifundista (más de 500 hectáreas) acapara el 17,62% de la superficie pero tan solo supone el 0,44% de las explotaciones. En total, 1.162 personas tienen explotaciones de más de 500 hectáreas y 181 personas físicas son las representantes del latifundismo clásico español con explotaciones de más de 1.000 hectáreas, según el citado estudio.
Sin embargo, como advierte Fernández en conversación con La Marea, muchas de estas «personalidades» constituyeron sociedades limitadas o anónimas para gestionar su patrimonio fundiario, como sucede, por ejemplo, con La Casa de Alba. Es decir, la titularidad de gran parte de latifundios figura a nombre de sociedades mercantiles, que es la única titularidad que aumenta –la disminución de titulares más significativa se produjo entre las personas físicas, con 693.974 explotaciones menos (-43,22%)–. Con esta concentración de la tierra, según el índice Gini –el coeficiente que la mide y que se suele usar para países latinoamericanos y africanos–, los datos de España se asemejan a los de países como Sudáfrica o Colombia.
Entre los latifundistas, el informe destaca nombres ligados no solo a la nobleza, sino también a empresarios y banqueros que han visto la tierra como “un activo de especulación y sus zonas de recreo para gozar de su ganadería, de la cacería y como espacio para cerrar negocios y contratos millonarios». Les unen dos características: están entre las principales riquezas del país y entre los mayores receptores de subvenciones agrícolas. Algunos de ellos son Nicolás Osuna, Mora-Figueroa Domecq, José María Aristrain y la familia Botín. Hay, no obstante, tres nombres en concreto que nunca faltan en las listas de grandes latifundistas: Juan Abelló, que concentra 40.000 hectáreas de tierra; la Casa de Alba, que dispone de 34.000 y obtiene 2,9 millones de euros en subvenciones de la PAC; y Samuel Flores y familia, que en los últimos años han acumulado 23.000 hectáreas y reciben 1,25 millones de euros de la PAC.
“El conjunto de medidas legales que hoy existe sobre la tierra constituye una política que ejerce un efecto anquilosante”, explican los autores, que concluyen que estas políticas no defienden la agricultura campesina, consolida la estructura histórica de la propiedad, sigue promoviendo la concentración parcelaria para reorganizar las tierras para un proceso de modernización de estructuras agrarias con el solo fin de hacerlas viables frente a un libre mercado, pone en marcha procesos de privatización de las tierras públicas, no incentiva la incorporación de nuevas personas al campo y potencia una visión economicista de la producción del campo que percibe la tierra como un capital objeto de todo tipo de especulación. Los cambios legislativos justificados en el contexto de crisis económica –añaden– han supuesto, además, una fuerte presión para la modificación de régimen de las tierras públicas y comunales.
“El conjunto de lo que podemos llamar política agraria con influencia sobre la tierra es consecuencia del proceso de liberalización total de la economía y los mercados agrarios. Bajo el argumento de que para ser económicamente más eficientes hay que liberalizar, privatizar y desregular las transacciones económicas, entre otras medidas, se reducen los subsidios de apoyo a la agricultura y se pretende establecer un sistema general de mercados no regulados por el poder público”, argumentan los expertos. Ponen como ejemplo de procesos de privatización de tierras públicas o comunales la Ley de Reforma de Administración Local o la reforma de la Ley de Montes. Además, con la crisis comenzaron a surgir nuevas tendencias de las inversiones privadas y de los fondos de inversión en las que la tierra pasó a ser activo financiero. “Los bancos, por ejemplo, se han convertido en nuevos propietarios de tierras. En la SAREB, entre otros activos cedidos, nos encontramos con muchos suelos considerados rústicos cuyos potenciales clientes son empresarios y directivos de perfil alto y de empresas agroalimentarias». En sus ingresos de 2018, el 30,9% corresponde a suelos y terciario, según recoge la SAREB en su última memoria.
“Se calcula que en España hay más de 30 fondos que invierten en agricultura y alimentación. Por su manera de operar es difícil saber quién y dónde están invirtiendo… pero sí sabemos cuáles son sus principales objetivos: empresas que necesitan capacidad de inversión para aumentar su capital, para la compra de tierras o la modernización de las explotaciones agrícolas”, señala el informe, que identifica también las inversiones extranjeras en diversos sectores agrarios.
Un ejemplo: Panda Agriculture & Water FI (Gesirius) fue el primer fondo de inversión español que invirtió en empresas agrícolas y el primero en Europa que combinó inversiones en activos agrícolas y del sector del agua. En el estudio lo definen como un fondo de renta variable que invierte exclusivamente en empresas de los distintos sectores agrícolas.
El mayor peso de su cartera está en plantaciones y propiedades de todo el mundo: desde viñedos en España como Barón de Ley o Bodegas Riojanas a cultivo de pistacho en California, plantaciones de cereales en Brasil y Argentina, o las piñas de Fresh Del Monte, entre otros. También tiene en cartera a Fonterra, que es el mayor exportador del mundo de leche, de nacionalidad neozelandesa. «Es una cooperativa que incluye al 85% de todas las granjas lácteas del país.
Supone el 65% de toda la leche en polvo que se exporta en el planeta», explican. En su informe trimestral de 2018, el fondo declara por primera vez desde que se creó, en mayo de 2013, un año natural con rentabilidad negativa. Lo atribuye, por un lado, a que los mercados bursátiles en general han tenido un «ejercicio claramente negativo».
Y, por otro, a que los precios de venta o cotizaciones de las commodities agrarias [materia prima] han vuelto a caer. «Ajustados a la inflación, el índice de precios agrícolas calculado por la FAO se sitúa en los mismos niveles que cotizaban a principios de los años 90», sostiene.
Según Fernández Such, el olivar intensivo de Andalucía es una nueva opción para fondos de inversión procedentes de China, Rusia y países árabes.
Descenso de la titularidad pública
A este escenario se suma el descenso de la titularidad pública de la tierra. Casi 5.000 explotaciones, equivalentes a 1.764.006,10 hectáreas, están en manos públicas. La media por explotación es de 364,77 hectáreas –20 veces superior a la de explotaciones que pertenecen a personas físicas–. En una década, el sector público se ha deshecho de un 28,91% de la tierra.
“En los últimos años, el Ministerio de Agricultura, propietario de muchas parcelas agrícolas dispersas a lo largo de España, ha tratado de venderlas como una forma de recuperar fondos e incrementar los ingresos en un contexto de crisis.
Así, por ejemplo, en el municipio de Aguilar de Campoo (Palencia), el ministerio vendió dos propiedades de labor secano, cada una de ellas de 1,5 y 1,7 hectáreas de tierra sin que apenas nadie del entorno lo haya sabido. Este proceso ha sido general y ha significado la pérdida de una oportunidad para pensar en un destino más social y positivo para estas tierras”, denuncia el estudio sobre concentración.
En Andalucía, la Junta también incluyó en sus planes la subasta de la finca de Somonte, una extensión de 400 hectáreas que ha vivido diversas ocupaciones. Una de las jornaleras que participó en una de ellas es Mari García Bueno, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y diputada en el Parlamento andaluz por Adelante Andalucía. “A este nuevo gobierno [PP y Ciudadanos, con el aval de Vox] ya le he preguntado qué va a pasar con esas tierras y la respuesta es la misma: quieren vender. Ahora mismo está ocupada y hay un proyecto de plantación de una nueva semilla de trigo”, explica.
En el polo opuesto de la experiencia, se sitúa La Almoraima, la mayor finca del Parque Natural de Los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, expropiada a José María Ruiz-Mateos en los ochenta. Rajoy, con Miguel Arias Cañete como ministro de Medio Ambiente, la puso a la venta, y la Junta de Andalucía, entonces gobernada por PSOE e IU, amplió su protección para evitarlo. La finca llegó a ser visitada por la actriz Salma Hayek en 2014, interesada en su compra.
El proceso de privatización en los entornos de los parques naturales se ha visto de manera sangrante en lugares como Doñana, donde aún sigue pendiente el caso del almacén subterráneo de Gas Natural o la concesión de minas como Aznalcóllar.
Vías pecuarias
A Juan Clavero le introdujeron 47 gramos de cocaína y 4 de hachís en su coche tras una marcha contra la usurpación de caminos públicos por parte de la finca La Breña del Agua, en la provincia de Cádiz. Los autores de la trampa pretendían que el histórico ecologista terminara en la cárcel.
Y así ocurrió. Clavero dio con sus huesos en el calabozo, hasta que el juez, finalmente, desmontó el montaje. Las vías pecuarias son los antiguos caminos por los que transitaba el ganado para realizar la trashumancia.
Datan al menos desde el siglo XIII, en que el rey Alfonso X les dio una gran protección con la creación de la Mesta. Constituyen un patrimonio público único en el mundo: los mayores de ellos, las Cañadas Reales, tienen 72 metros de ancho, y los más habituales, las veredas, 20 metros. Son terrenos públicos muy importantes no solo como comunicación, sino como corredores ecológicos y como fuentes de biodiversidad.
Clavero, representante de Ecologistas en Acción, y Manuel Trujillo y Emiliana Rubio, representantes de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), acudieron el pasado noviembre al Parlamento Europeo a defender este uso por parte de la ciudadanía.
En un informe, las organizaciones denuncian que la mayoría de los deslindes iniciados entre 2001 y 2010 no han acabado su tramitación administrativa: muchos fueron declarados caducados, otros fueron recurridos sin que se hayan resuelto y otros están suspendidos.
En Andalucía, una de las comunidades más afectadas, calculan que hay 33.700 kilómetros de vías pecuarias con unas 120.000 hectáreas de superficie: “En 2001 la Junta de Andalucía aprobó un plan de recuperación de vías pecuarias que pretendía deslindar y recuperar 25.200 kilómetros antes de 2020.
La Junta asegura que se han deslindado 8.879 kilómetros, lo que significaría solo un 26,3%. Pero en realidad la cifra es mucho menor”, asegura Clavero, que sostiene que, además de los deslindes que no han caducado, casi la mitad se encuentran recurridos: “Es aquí donde queda más patente la desidia de la Junta de Andalucía, ya que la inmensa mayoría de los recursos –hay más de 3.000 pendientes-, no se resuelven.
Es mucho dinero invertido en deslindes sin efectividad. Además, este plan ha sido cofinanciado por los fondos FEDER, por lo que se trata de un fraude a los objetivos de la financiación europea, ya que el gasto realizado ha resultado inútil.
Al final, es posible que las vías pecuarias con deslinde en vigor y abiertas al público no superen los 2.000 kilómetros”, denuncia.
La conclusión, según el ecologista, es que la mayoría de las vías pecuarias continúan cortadas por cancelas en la sierra, incluso algunas ya deslindadas, y también en la campiña, donde si no se cortan –no es habitual que las fincas de la campiña estén alambradas– sí están roturadas y reducidas a un estrecho carril, o a veces eliminadas totalmente.
El pasado 16 de junio, la asociación Los pies en la Tierra, de la Sierra de Aracena y Picos de Anoche (Huelva), organizó una nueva marcha para la recuperación del Camino de la Cueva de la Mora a Valdelamusa. Denuncian que la empresa Matsa, que explota la Mina de Aguas Teñidas, les ha cortado varios caminos y una vía pecuaria clasificada, aunque suspendida por fallos en la tramitación del expediente.
Propiedad frente a la playa de Los Genoveses en San José, en el Cabo de Gata. ÁLVARO MINGUITO
Sobre La Garganta, una finca de caza de unas 15.000 hectáreas situada en Ciudad Real, propiedad del duque de Westminster, y uno de los mayores latifundios del Estado español, también recaen denuncias contra los cerramientos cinegéticos y clausuras de caminos públicos.
“La vida de los vecinos de Minas del Horcajo [el pueblo colindante] ha estado determinada por las decisiones unilaterales de los propietarios de la finca, que han cerrado a su conveniencia durante años el paso del túnel –uno de los dos accesos que conserva esta localidad que llegó a tener siete–, que han destruido edificios públicos de la antigua ciudad –entre ellos, la estación de El Horcajo– o que siguen sin ningún miramiento a cualquier senderista, ciclista o vehículo que circula por el camino público hacia Conquista, que une Ciudad Real con Andalucía y que atraviesa gran parte de la finca cinegética”, escribe en un reportaje la periodista Noemí Velasco en Lanzadigital.
Según le explica un vecino, la última mala noticia que habían recibido había sido “la consecución por parte de La Garganta mediante subasta del coto del municipio”, por lo que el vecindario tendría que ver pasear a partir de ahora de forma continua a los guardas de la finca por las calles y caminos.
Recientemente, la plataforma Salvemos Lo Ferrís puso en marcha un crowdfunding para afrontar los gastos de defensa jurídica derivados de la lucha por defender este paraje natural en Torrevieja (Alicante). “Actualmente nos enfrentamos a una demanda penal y a una desproporcionada fianza por denunciar la usurpación de un camino público y el vallado de una vía pecuaria en un paraje natural, localizado en la costa sur de Torrevieja.
Uno de nuestros componentes se enfrenta a una demanda penal por la denuncia interpuesta por la empresa que ha vallado la vía pecuaria y el paraje, precisamente por denunciar estos hechos. No hay injurias ni calumnias sino que es un ejercicio legítimo y fundamentado de la libertad de expresión”.
Terrenos y usos militares
El pasado 10 de junio, Juan Antonio Delgado Ramos, guardia civil en situación de servicios especiales y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, recibía este correo: “El Ministerio de Defensa subasta solares en Madrid por 75 millones de euros”. El remitente es Addmeet, una agencia inmobiliaria que vende desde solares hasta castillos. Un poco más abajo, en el email, el portal recordaba otras ventas del Ministerio de Defensa: el Hospital del Aire en Madrid por 22,6 millones o un solar industrial por cuatro millones.
En una subasta de un solar situado a escasos metros del paseo de la Castellana, en noviembre de 2014, por el que pedía 90 millones de euros, logró finalmente 111 millones por parte de la gestora de cooperativas Domo. “Defensa sigue gestionando unos recursos y hace negocio con la venta de terrenos que ya no necesita.
Es un poco como Andorra, un país libre y asociado que tiene su propia justicia militar, su policía militar, su jurisdicción, que gestiona la PAC, con recursos de cultura… Cuando hay cuarteles que no se necesitan, ¿por qué el dinero va para Defensa?
¿Es que Defensa es España o no es España? Queremos fuerzas armadas modernas, porque los territorios militares son España y los gestionan como si fueran un país propio. En los dos últimos presupuestos hice una enmienda para compensar a los ayuntamientos por las servidumbres militares y me las echaron para atrás”, denuncia Delgado, que es portavoz en la comisión de Defensa.
Criado en San Fernando (Cádiz), Delgado ha leído mil veces el cartel de prohibido el paso en la playa de Camposoto. El pasado octubre defendió en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) en la que pedía la desafectación de la servidumbre militar de la playa y el traslado del campo de tiro: “Esta iniciativa que traemos aquí hoy trata de resolver una preocupación que además es una reivindicación histórica de todos los vecinos y vecinas de San Fernando […]
El objetivo es recuperar un espacio público no solo para el uso y disfrute de los ciudadanos de San Fernando sino también porque es un espacio de gran valor para el desarrollo socioeconómico sostenible de la ciudad, que creo que es lo más importante. Hay alternativas, por ejemplo, para el campo de tiro. De hecho, en San Fernando hay otras instalaciones donde se pueden llevar a cabo estas prácticas y además el propio ministerio dispone de más terreno para instalarlo”.
La propuesta, que daba seis meses a Defensa para llevarla a cabo, fue aprobada con los votos a favor de Unidas Podemos y de PP, cuyo diputado llegó a reprochar a Ciudadanos que tergiversara los asuntos: «Aquí nadie pone en duda los intereses de la Defensa Nacional, nadie lo ha expuesto y tampoco la PNL dice nada. No mezclen ustedes cuestiones que no tienen nada que ver. No mezclen churras con merinas, según convenga a cada uno”. El PSOE y Ciudadanos se abstuvieron.
Es junio de 2019 y todo sigue igual. El Ministerio de Defensa no ha respondido a las preguntas de este medio.
Campo de tiro en la playa de uso militar de Camposoto, en San Fernando, Cádiz. OLIVIA CARBALLAR
“San Fernando es una ciudad que se inició como ciudad militar, era una isla abandonada, baldía, y lo primero que hubo fue cuarteles militares. Lo que llevamos pidiendo históricamente es que se libere ese kilómetro de playa que une San Fernando y Cádiz, que se pueda ir andando, recuperar el entorno de una ciudad que lo necesita, que tiene problemas de empleo.
Es normal que las fuerzas armadas tengan sus territorios, sus zonas, es normal y hay que aceptarlo, pero cuando tienes zonas que ya no usas o edificios que se están cayendo a pedazos… Al final, la conclusión es que Defensa está metida en una política armamentística y hay una hipoteca de 30.000 millones de euros que tiene que pagar”.
Según la última memoria disponible del Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), el organismo que gestiona el patrimonio de Defensa, en 2017 fueron 421 los bienes inmuebles propios enajenados, mediante subasta pública al alza y con proposición económica en sobre cerrado, enajenación directa y mediante concurso.
Los ingresos por ellos alcanzaron los 48 millones de euros. “En Cádiz lo sufrimos mucho. Toda la sierra del Retín, en Barbate, es otro ejemplo, donde se hacen incluso maniobras de la OTAN. El Retín era tierra de hazas, todo era del pueblo. Se hacía un sorteo y se trabajaba. Pero el gobierno de Felipe González llegó a un acuerdo con Defensa y expropió toda la sierra. La han catalogado como bien de interés para la defensa nacional para que no haya vuelta atrás.
Y si el Retín es necesario para Defensa, entonces el pueblo tiene que tener una compensación económica. Yo propuse que el Ayuntamiento presentara proyectos, como reformas del paseo marítimo, etc., y que directamente el ministerio se hiciera cargo de ellos”, explica Delgado. Pero no prosperó.
“El avance de la militarización es un hecho constatable. No hay más que recordar el desfile de las Fuerzas Armadas en Sevilla hace unos días. Y me temo que va a más esa apropiación del cielo y del suelo con total impunidad y arbitrariedad. Se define como de uso público militar lo que les da la gana”, afirma el catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla Isidoro Moreno.
“Lo que hay es una sumisión absoluta”, cuenta Carmen Calzado, miembro de Ecologistas en Acción, en lo alto de una escalera de cemento. Desde allí se divisa una valla metálica con pinchos que separa en dos la playa, la misma playa, la misma costa.
Es conocida como El Almirante, en el Puerto de Santa María (Cádiz), frente al acceso a la base militar de Rota denominado Fuentebravía. A un lado de la barrera, se levantan edificios en primera línea de playa, hay bañistas y un perro. Al otro lado solo hay arena y agua, un espacio vacío. Junto a la valla, dentro de la parte militar, se acumulan algunos restos de basura. Desde fuera observa la escena un popeye grafiteado.
“Es increíble que no podamos pasar. Que la playa se corte. Una vez, en una protesta, nos metimos al otro lado por el agua. Porque por ahí no te pueden decir nada”, recuerda Carmen, que lleva puesta una camiseta blanca con letras rojas que dice: Free Palestine.
Y, de repente, aquella valla metálica que reza «Zona militar. Prohibido el paso» nos traslada en pensamientos a otros muros. Carmen, profesora de Matemáticas ya jubilada, ha organizado durante años la tradicional marcha a Rota contra la base norteamericana. En estos tiempos ha visto de todo y, a veces, siente desánimo ante el poder tan grande que sigue ostentando el Ejército: “¿Con la Iglesia hemos topado?
No, no. Con los militares hemos topado”, se autocorrige. Numerosas banderas de España ondean en las ventanas de edificios colindantes. Se escuchan cohetes. Acompañan a las carretas que regresan de El Rocío.
Privatización de los espacios públicos
El Rocío, las procesiones, el desfile militar y, como colofón de la temporada de fiestas de la primavera en Sevilla, la boda de la periodista Pilar Rubio con el futbolista Sergio Ramos, el pasado 15 de junio en la catedral. Los conductores de coches de caballo fueron algunos de los damnificados al ser expulsados de la zona donde suelen recoger a los turistas.
En Sevilla, por ejemplo, tampoco existe zona de carga y descarga en la zona de llegadas del aeropuerto. Para recoger a alguien es obligatorio dejar el coche en el parking, que gestiona una empresa privada.
Son muchas las formas de privatización del suelo público. En un informe, los profesores Miguel Seguí Llinàs y Miquel Àngel Coll Ramis analizan la privatización de los espacios públicos destinados al ocio y al turismo mediante la regulación del estacionamiento de vehículos en la isla de Mallorca. «El artículo se contextualiza durante la crisis económica que azotó al país.
En ese momento, las administraciones públicas sufrieron importantes recortes en su financiación, lo que obligó a buscar nuevas fórmulas de recaudación. En el caso de Baleares, la crisis del sector de la construcción afectó notablemente a las arcas públicas de los ayuntamientos, ya que recibían unos buenos ingresos con las licencias de obras.
Esta disminución obligó a buscar otras fórmulas, como por ejemplo, la regulación del aparcamiento.
El argumento para su justificación en todos los casos fue la necesidad de controlar el tráfico rodado, no obstante, suponía una tasa para los usuarios que generaba ingresos para las arcas públicas», explica a La Marea Coll Ramis, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de las Illes Balears. Los casos analizados son lugares turísticos muy frecuentados, situados en zonas con unas características geográficas que hacen que el aparcamiento sea limitado y, por lo tanto, un bien preciado.
Como consecuencia de ello, al existir una gran demanda (residentes y turistas) el precio para estacionar (hasta 10 euros/coche/día) es más elevado en comparación a otras zonas con aparcamiento tarifado. «Esto supone un factor limitante para determinados estratos de la población», incide el profesor.
El estudio analiza un caso particular sobre una propiedad de la Iglesia. Se trata del monasterio de Lluc, que aglutina a la mayor parte de habitantes del municipio de Escorca, hasta tal punto que pueblo y monasterio se confunden.
Tradicionalmente, ha sido el centro espiritual de la isla y, por su situación en el centro de la sierra de Tramuntana (Patrimonio de la Humanidad), y rodeado de las mayores altitudes de la sierra, es el punto de partida de numerosas excursiones.
«Estos dos factores hacen de este monasterio un lugar muy frecuentado que demanda un gran aparcamiento para dejar los coches», y poder realizar la visita al santuario o bien iniciar los recorridos a pie», describe el estudio. Y esta necesidad –prosigue– se vio aprovechada con un «plan de connivencia» entre el obispado de Mallorca y el Ayuntamiento de Escorca: el obispado convierte una parte de sus propiedades en un amplio aparcamiento de varios centenares de plazas, con un servicio de pago.
Y el Ayuntamiento impide el estacionamiento en las pocas calles que conforman la localidad y que le son adyacentes, además de cerrar el aparcamiento municipal, que se encontraba un poco más lejos, en una antigua zona de acampada. Y no hemos hablado de las inmatriculaciones.
