“Las deportaciones no solo afectan a los migrantes, sino también a la economía y a los ciudadanos estadounidenses”

José Ignacio Hernández, el "seudoprocurador"

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que congela los bienes del gobierno de Venezuela en EEUU, fue expresamente impulsada y solicitada desde el mes de marzo por los agentes designados por Guaidó (el "procurador" José Ignacio Hernández y el "embajador" Carlos Vecchio) con el fin de garantizar los intereses de la burguesía comercial importadora y de las corporaciones globales de comercio como presuntos acreedores de la República.

El mecanismo planteado fue la llamada "orden de protección de activos" que, según lo afirmó primero Vecchio en una carta presentada en marzo, buscaba que el "gobierno" de Guaidó se concentrara en la "transición", 

Mientras que en mayo el propio Hernández le confesó a la VOA que "hemos solicitado una orden ejecutiva" para proteger los activos de los acreedores. Es decir, de los tenedores de bonos. En ese momento el abogado advirtió que se trataba de una medida excepcional al referirse a las criticas de factores opositores que cuestionaban el retraso de la administración Trump en "proteger" los activos. 

Sin embargo, fue evidente que tras la decisión de un tribunal de apelaciones Filadelfia, que el lunes 29 de julio ratificó el derecho de Crystellex a ir a tras los activos de Citgo, para cobrar una indemnización por la supuesta expropiación de un proyecto minero, la situación cambió. La medida judicial (que confirmó la orden del juez de Delaware, Leonard Stark, tomada hace justo un año) planteó la posibilidad de que se generara una especie de avalancha de acreedores exigiendo la entrega de la filial estadounidense de PDVSA. 

Pero en esa carrera la ventaja la tendrían quienes tuvieran sus deudas bien documentadas: es decir, los tenedores de bonos, por una parte, y la estatal petrolera rusa Rosneft, titular de un crédito garantizado con el 50,1 por ciento de las acciones del complejo energético con sede en Houston, 

En contrapartida acreedores como Crystallex (pese a la medida judicial a su favor) u otros en condiciones similares, que exigen pagos de indemnizaciones (como ConocoPhillips), podrían llegar tarde al reparto, pues deben primero recurrir a la instancia judicial. 

Paradójicamente el alerta generado con la decisión de la corte a favor de la minera canadiense, salpicó severamente al "procurador" Hernández, por ser el autor de la "tesis" de que Citgo y PDVSA son meros instrumentos de la República o un "alter ego", para avalar el derecho de corporaciones globales de embargar esos activos. 

Además de esa especie de rol de "doble agente" por haber actuado previamente como experto pagado por las corporaciones que ahora lo enfrentaban como representante de la República.

El escándalo, en todo caso, ha mostrado que las motivaciones tras la conformación de un gobierno paralelo en Venezuela, más que políticas son de carácter financiero y se han manifestado nitídamente desde finales de abril en debate en torno al manejo de los pagos de la deuda externa. 

En ese debate merece especial atención el documento divulgado por José Ignacio Hernández el pasado 1 de julio, que define los principios para la renegociación de la deuda. Elaborado por Ricardo Hausmann, Alejandro Grisanti y el propio Hernández, el papel resume los 4 principios para la renegociación de la deuda venezolana avalados por Guaidó en un hipotético cambio de gobierno, y es decididamente revelador con respecto al objetivo de tal proceso. 

Es decir, favorecer a los presuntos acreedores del Estado por facturas comerciales no pagadas o por daños causados por expropiaciones o nacionalizaciones. Se trata, con precisión, de la burguesía comercial importadora y las corporaciones globales que operan como sus aliados.

 En tal sentido el modelo propuesto establece un tratamiento inclusivo de "todas" las reclamaciones cuyo origen sería de carácter comercial (las cuales deben ser conciliadas para certificar su cuantía) e igualitario, en el sentido de no establecer diferencias con los compromisos respaldados por títulos y bonos. 

Sin embargo, la aplicación de esa propuesta pasa por la preservación de los activos de acciones de toma de control por parte de los tenedores de bonos, y especialmente de que efectivamente el presidente Nicolás Maduro sea desplazado del poder. 

En virtud de que para finales de octubre está previsto un pago de 913 millones de dólares, correspondiente al bono PDVSA 2020, que no se podrá efectuar, la activación de los mecanismos de embargo a favor de los acreedores podría concretar la pérdida de control sobre Citgo. Tampoco para esa fecha es probable que Guaido se haya convertido en jefe de Estado para poder renegociar la deuda de acuerdo al plan Hausmann-Grisanti-Hernández. 

Este escenario probablemente impulsó la opción de la "protección de activos".

 El otro factor, seguramente determinante, fue la posibilidad de que Rosneft tampoco se quedara atrás y ejerciera su derecho a detentar el 50, 1 por ciento que corresponde a la garantía sobre el préstamo que otorgó en 2015. Un escenario, con la petrolera rusa controlando uno de lo más importante proveedores de combustibles en los Estados Unidos, sería realmente cataclístico para la aspiración de reelección de Donald Trump. 

El debate sobre la "deuda comercial" 

La discusión sobre la llamada deuda comercial en el actual contexto se remonta al año 2014, cuando el exministro (1992-93) Ricardo Hausmann, desde su posición como lider de un centro de investigación de la Universidad de Harvard, planteó la posibilidad de una suspensión de pagos para usar esos recursos en el financiamiento de las importaciones. 

Sin embargo el fondo de la argumentación apuntaba a crear las condiciones para que los sectores comerciales del empresariado recuperaran los niveles de transferencias de divisas a los que estaban habituados y que superaron los 50 mil millones en 2012. 

Posteriormente, en 2015, se reveló una conversación de Hausmann con el empresario Lorenzo Mendoza, de Polar, que mostraba la existencia de un plan de "guerra económica" que contemplaba acuerdos con la banca multilateral, a través del FMI, para comprometer a la República con créditos de al menos 60 mil millones de dólares. 

El interés de Polar en un cambio de gobierno en Venezuela no ha disminuido y en esta última etapa se ha expresado (entre otras acciones) con una activa participación del equipo que maneja la marca Pepsi (que opera en Venezuela) en el intento de ingresar "ayuda humanitaria" el 23 de febrero pasado. 

Asimismo su "patrocinado" Roberto Patiño Guinand (hijo de Marissa Guinand, una de sus más importantes ejecutivas) fue designado coordinador de los voluntarios que presuntamente distribuirían la ayuda. 

Empresas Polar, que recibió divisas a tasa oficial por más de 6 mil millones de dólares durante el período de cambio controlado, reclama deudas por importaciones efectuadas sin haberse hecho efectivos los fondos. 

Asimismo tiene intereses directos en al menos dos casos de nacionalizaciones efectuadas en 2010, en los que era socio local de inversionistas globales. 

Uno de estos es el referido al complejo de fertilizantes Fertinitro (en el estado Anzoátegui), donde era socio (con 10 por ciento de acciones) junto con una compañía de los Hermanos Koch, la sexta fortuna más grande en los EEUU. 

Llama la atención que este grupo corporativo ha usado como gestor legislativo y lobbista al actual secretario de Estado, Mike Pompeo, uno de los más activos impulsores de la ofensiva contra Venezuela en la administración Trump.

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