El régimen de los militares de Guatemala, con su títere a la cabeza, Jimmy Morales, siguen llenando de oprobio a esta tierra noble, de hombres y mujeres humildes y trabajadoras.
Su última acción va más allá de un delito electoral, pues la entrega de vales del Gobierno en época de campaña electoral no busca otra cosa que implementar, poner en marcha de manera descarada y burda, esa nueva modalidad de fraude electoral que costará a los guatemaltecos 116 millones de quetzales, a razón de 200 quetzales por persona beneficiada y adscritas a los programas de Bosques y Agua para la Concordia y Reforestadores.
Los vales son entregados por familiares de los candidatos después de realizados mítines políticos del partido oficial FCN-NACIÓN.
Los departamentos donde se están entregando los vales son en Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Escuintla y Sololá, lo cual es un delito electoral sin disimulo, tal como lo establece el Artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que en su parte conducente dice lo siguiente: “… otorgar y ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo con fines electorales. (…) y se prohíbe el uso de recursos y bienes del Estado para propaganda electoral.
La ley es bastante clara y directa, sin embargo, a los actuales gobernantes y sus corifeos nada parece importarles y hacen lo que le viene en gana.
Las personas que están detrás de estas acciones, sus “apoyos sociales”, son nada más y nada menos que los Ex Patrulleros Civiles que encontraron la mejor ocasión para hacer uso del chantaje con amenazas de no permitir que se realicen las elecciones y “poner bombas”, como dijeran algunos de sus descocados dirigentes.
El estar otorgando ese bono o vale a menos de cuatro, tres o dos días de las elecciones es un absoluto y sin restricciones delito electoral, que debiera invalidar cualquier resultado favorable del partido oficial.
Pero si eso ocurre, que se tomen acciones de invalidación de resultados, serán las fuerzas creadas por Ríos Montt y Alfonso Portillo las que se encargarán de echar a perder el proceso electoral y los actos de violencia serán imprevisibles e inconfesables.
Eso se vienen diciendo hace meses. No es nada nuevo.
Y es muy probable que los actos represivos de las fuerzas de seguridad, agitadas sin asco por personas como Degenhart, nos suman en un caos de imposiciones como en Honduras, hoyo en que caeríamos y del cual sería muy difícil salir con unas fuerzas democráticas divididas, débiles y sin un método unificado de lucha.
La Fiscalía de Delitos Electorales, temporalmente en manos del fiscal José Rafael Curruchiche (pues el fiscal ya anda huyendo), nada podrá hacer por una sencilla razón: su fuerza coercitiva es tan precaria como poner a hacer diez despechadas a un tísico.
El fraude se puede consolidar y el pueblo de Guatemala no debe tener esperanzas, como lo hizo Honduras, que los Estados Unidos, el estandarte de “la libertad y la democracia” van a sentir pena por el hundimiento del Estado y la sociedad guatemalteca.
Estamos solos guatemaltecos, no nos olvidemos de eso.
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