El Gobierno de EE.UU. contra Cuba

¡Cuba, sí! ¡Yanquis, no! Las nuevas acciones del Gobierno estadounidense en contra de la República de Cuba implican una violación flagrante del derecho internacional y una agresión inaceptable a la autodeterminación de los pueblos del mundo.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Helms-Burton en 1996 con el fin de profundizar el embargo comercial contra Cuba, hundir la economía de la isla y derrocar a Fidel Castro. Fracasaron.

La Revolución cubana sobrevive y cuenta con gran apoyo popular, aun después de la dimisión de Castro como presidente en 2008 y su muerte, por causas naturales, en 2016.

Barack Obama reconoció la derrota de la estrategia intervencionista de Washington y, en 2015, se reabrieron las embajadas en La Habana y Washington y se permitieron vuelos comerciales entre Cuba y EE.UU., así como mayores transferencias de remesas e intercambio comercial.

Pero Donald Trump ha decidido no solamente suspender la apertura de Obama, sino regresar a los peores tiempos de la Guerra Fría y la Doctrina Monroe.

Ha decidido echar a andar el Titulo Tercero de la Ley Helms Burton, que permitirá la presentación de unas 200.000 demandas judiciales en tribunales estadounidenses en contra de las expropiaciones realizadas después de la Revolución cubana de 1959.

La ley cubre no solamente propiedades que eran de estadounidenses en aquel momento, sino también aquellas que pertenecían a cubanos que después migrarían a EE.UU.

Este título de la ley no había sido aplicado por su evidente violación del derecho internacional. Imaginemos, por ejemplo, que los tribunales de México, de repente, permitieran demandas presentadas por los pueblos indígenas de Texas y California reclamando sus territorios despojados por los estadounidenses durante la guerra con México entre 1846 y 1848.

¿O qué tal si España decidiera dar entrada a los juicios de los descendientes del rey Fernando VII reclamando sus territorios perdidos en la independencia de México?

¿O cómo reaccionarían los mexicanos si los tribunales de EE.UU., de repente, decidieran devolver a las empresas petroleras internacionales las propiedades que tenían antes de la expropiación de Lázaro Cárdenas en 1938?

Ahora bien, Mike Pompeo dice que las nuevas agresiones a Cuba se justifican por “la opresión brutal del Gobierno cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales” de su población y por “el apoyo indefendible [de Cuba] a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.

Pero quien, en realidad, viola los derechos humanos y coarta las libertades de los cubanos no es La Habana, sino Washington con su embargo y sus sanciones. Hay que ser muy claros.

La activación del Título Tercero de la Ley Helms-Burton implica nada menos que una invasión jurídica de la isla caribeña, un intento de expropiación neocolonial de los territorios de una nación extranjera por Donald Trump.

Más allá de las ideologías y los importantes debates con respecto al futuro político y económico de Cuba, la condición ‘sine qua non’ para el mejoramiento de las condiciones de vida para todos los habitantes de la isla es el respeto absoluto a la soberanía nacional, así como el fin de sanciones internacionales, que solamente generan más sufrimiento para los cubanos más pobres y vulnerables.

¡Cuba, sí! ¡Yanquis, no!