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Argentina: ¿Qué es lo que D’Alessio hacia para la DEA?


D’ALESSIO – DEA. La detención del superagente vuelve a poner en primer plano el papel que cumplen la agencia estadounidense y la ministra Bullrich respecto al tráfico de drogas ilícitas

¿Qué es lo que D’Alessio hacia para la DEA? Queda claro que tenía acceso a importantes cantidades de cocaína, ya que se ofrecia “plantarle” hasta 3 kilos a personas que, decía, él podía “cortar” (detener) tanto en Argentina como en los Estados Unidos. 

Y también parece claro que el locuaz espía intermediaba entre la DEA y la ministra Patricia Bullrich. Que no parecen combatir el tráfico de la dtoga sino sólo administrarlo.


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El expediente de Dolores revela que la relación entre el ministerio de Bullrich y el espía D’Alessio se remonta a los albores del régimen macrista. Narco-marketing, la delación premiada de Fariña y el show segurista.

RICARDO RAGENDORFER / ZOOM

Cauta y enojada. Así supo mostrarse la ministra Patricia Bullrich a la hora de negar sus lazos con el espía polimorfo Marcelo D’Alessio. Pero no sin admitir que, allá por 2016, se le apareció en su oficina, presentándose como “experto en narcotráfico”. 

Y que le resultó “poco serio”. Luego, aclaró: “No solo no trabaja en el Ministerio de Seguridad sino que está loco, totalmente demente”.

Más contenta se la había visto el 19 de junio de 2017, al anunciar en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca el decomiso de dos toneladas de cocaína. 

La secundaba el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia. 

Allí, justamente, se exhibía para la prensa la prueba de la infamia: 1.800 ladrillos de cocaína embalada en ocho inmensos cilindros de acero.

 Por tal razón el operativo fue bautizado con el criterioso nombre de “Bobinas Blancas”.

Días pasados, durante su declaración indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el ex agente de la AFI, Hugo Rolando Barreiro, dijo que D’Alessio le organizaba operaciones antidroga a la ministra Bullrich. 

“Él los hacía y ella obtenía rédito mostrando la droga por televisión”, fueron sus palabras. Y dio como ejemplo nada menos que “Bobinas Blancas”.


Esa fue apenas una de las tantas historias que vinculan a Bullrich con D’Alessio. Lo cierto es que –entre otras revelaciones– los dichos de Barreiro colmaron de contenido la proximidad entre ambos personajes en una fructífera prestación de “servicios” que merece ser reconstruida.

A tal fin es necesario retroceder a otro 19 de junio, pero de 2016. Aquel domingo no pasó desapercibido en Foz de Iguazú el sorpresivo y aparatoso arresto de Ibar Pérez Corradi, el presunto mandante del “triple crimen de la efedrina”, cuando su entrega a las autoridades argentinas ya había sido pactada con funcionarios del Ministerio de Seguridad para concretarse 48 horas más tarde. 

Ahora se sabe que ese cambio en el libreto fue para potenciar el impacto mediático del asunto, con el debido rédito para la señora Bullrich. 

Y con otro dato de valía: su orquestador en la Triple Frontera no fue otro que D’Alessio.

Tal circunstancia ya había sido deslizada por el doctor Carlos Broitman, defensor de Pérez Corradi. 

Y la confirmó Barreiro. Por lo tanto, la relación de la ministra con el falso abogado se remonta al menos a los primeros meses del régimen macrista.


Pérez Corradi, efímero preso. En lugar de decir que “la Morsa” era Aníbal, acusó a Ernesto Sanz. Fue puesto de patitas en la calle en menos que canta un gallo.

“D’Alessio me mostraba mensajes con ella –dijo el espía en Dolores– y también hablaba mucho con una secretaria de Bullrich que usaba de contacto”.

Eso coincide con dichos de testigos y denunciantes, quienes afirmaron que aquel hombre alardeaba constantemente de su cercanía con la ministra. Y Barreiro sumo otro dato: él le presentó al barrabrava Marcelo Mallo, quien fuera jefe de Hinchadas Unidas Argentinas, en el shopping de la localidad de Canning. Y al poco tiempo vio por TV la imagen de D’Alessio entregándoselo a Bullrich con las manos esposadas.

Se trataba de otra bizarreada dispuesta por la ministra: Mallo había sido acusado por la posesión de un revólver que “correspondería” con el que se usó en Unicenter para ejecutar a dos narcos colombianos el 24 de julio de 2008; luego, una pericia probó la falsedad de la acusación. Sin embargo, el espectral colaborador de la ministra conservó de aquel show una foto con ella, que solía mostrar una y otra vez para darse dique ante quienes coaccionaba.

La mayoría de estos hechos (que Bullrich ahora se empeña en negar con los labios más apretados que nunca) ya habían sido debidamente mencionados por los querellantes. Pero Barreiro los acaba de confirmar.

El caso de Leonardo Fariña constituye un capítulo aparte. D’Alessio ya se había “ido de boca” ante el empresario Pedro Etchebest, al puntualizar que “Pato” le pagaba 200 mil pesos mensuales para endulzar su áspera existencia de “arrepentido” y financiarle la defensa. 

Dicho sea de paso, ahora su abogado es Rodrigo González. Ahora, porque con anterioridad el ex príncipe consorte de Olga Karina Jelinek contó con el patrocinio la doctora Giselle Robles. Pero “pasaron cosas”. Hechos que Barreiro pormenorizó en Dolores.

Ese relato suyo se mantiene en reserva, dada su delicadeza institucional. Pero posiblemente –tal como señaló en su momento un ya olvidado rumor– su eje haya tenido que ver con un cónclave secreto de Fariña y la doctora Robles con el ministro de Justicia, Germán Garavano:

 El motivo: acordar la letra de un testimonio para incriminar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa del lavado de dinero. ¿Acaso el peligro de que Robles blanqueara tal tema incidió en su repentino reemplazo por el doctor González?


Fariña, de preso a vivir en una quinta bancada por la ministra de Seguridad y oficiar de chirolita de Garavano y la AFI.

La parte de la declaración de Barreiro que sí se hizo pública es la que se refiere a las amenazas y el hostigamiento a dicha abogada, que hasta incluyó el intento de robo de su automóvil. El ex agente de la AFI involucró en aquella maniobra al doctor Gonzales, el mismo que oportunamente negó con énfasis su vínculo societario con D’Alessio en el estudio que regentea.

Lo cierto es que los efectos laterales del caso crecen como una enorme bola de nieve.

A esta altura de los acontecimientos, habría que retrotraerse al radiante y triunfalista 19 de junio de 2017, cuando la ministra posaba con una sonrisa en Bahía Blanca junto a esas bobinas de acero rebosantes de cocaína.

Pero en aquella ocasión se mostró evasiva con respecto al origen de la pesquisa. “Fue un dato obtenido por personal de Drogas Peligrosas”, soltó en voz muy baja. Después se sinceró a medias, para agregar: “La DEA ayudó en la identificación de los detenidos”.
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Apenas unas horas después trascendía que en la ciudad canadiense de Montreal era incautada otra bobina con 372 kilos de cocaína. Aquello señalaba la mano de la agencia norteamericana por medio de una “entrega controlada”, tal como se llama el acto de monitorear la ruta del cargamento hacia su destino final, una operatoria que, en consecuencia, también abarcó su etapa en Bahía Blanca. Ahora bien, ¿acaso D’Alessio no enarbolaba su pertenencia a la DEA?

A todas luces, una pregunta que arde.

…………..

FORMULAN DENUNCIA

Sr. Juez Federal

Marcelo Fuentes, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, legisladores nacionales, integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, constituyendo domicilio en Riobamba 25, piso 12, oficina 1234 de esta Ciudad, nos presentamos y decimos:

I.OBJETO

Que venimos a interponer denuncia penal, en los términos del artículo 174 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, contra los Sres. Mauricio Macri, Presidente de la Nación, Gustavo Arribas, Director de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pasquale, funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, en orden a los hechos que detallaremos a continuación:
INTRODUCCION

El pasado jueves 4 de abril mantuvimos como integrantes de la Bicameral mencionada una reunión reservada con las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y en ese marco tomamos conocimiento de hechos de gravedad institucional, que no guardan relación con las funciones y competencia del órgano parlamentario, y que pueden configurar delitos de orden público que nos obligan a denunciarlos conforme las prescripciones legales que rigen para los funcionarios públicos.

En efecto, los hechos no forman parte del Plan de Inteligencia Nacional, cuya ejecución es la que debe ser controlada por la Bicameral, de acuerdo a los art. 31 y ss. de la ley 25520, y no pueden serlo porque la ley prohíbe esta clase de actividades por parte de los organismos de inteligencia que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional.

No se trata de información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, ni de inteligencia criminal referida delitos federales complejos, terrorismo, narcotráfico, delitos contra el orden económico y financiero, o contra el orden constitucional, que son las funciones excluyentes de la AFI, organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional.

Nada más lejos de esto. Lo que escuchamos en la reunión no tiene que ver con la inteligencia sino con la participación de la AFI en una maniobra delictiva desplegada en medio de una operación política que interesaba particularmente al Gobierno Nacional, lo cual está muy lejos de constituir un hecho que resulte alcanzado por el trabajo parlamentario de la Bicameral. Antes bien, requiere de una intervención jurisdiccional urgente atento la gravedad institucional de la cuestión.



III.HECHOS

Durante el mes de noviembre de 2018 tomó estado público que funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia habían mantenido reuniones con el juez de garantías del Departamento Judicial Lanús/Avellaneda, Luis Carzoglio, quien confirmó, posteriormente, que los agentes se reunieron con él para informarle que el Presidente (Macri)estaba interesado en la causa que llevaba adelante contra el Sr. Pablo Moyano y que tenía una obsesión: su detención.

Según se publicó: “En declaraciones a Navarro 2019, con El Destape Radio, el magistrado confirmó la declaración que hizo en una oficina de la Procuración General donde fue citado a ratificar su denuncia (publicado por el diario La Nación). Allí revelaba las presiones de parte de la AFI, ante la negativa por meter preso al sindicalista más combativo. “¿Necesitas algo?” Dijo Carzoglio que le preguntaron, como una especie de sutil ofrecimiento para que fallara como quería el Gobierno. De acuerdo al relato del magistrado, “dos funcionarios reconocidos de la AFI se reunieron conmigo en mi oficina y me dijeron que el Presidente estaba interesado en la causa Moyano”. “¿Sabe que le contesté? Que necesito hablar con el señor presidente, pero no de justicia, del país. Porque este país no lo puede manejar él solo”, agregó Carzoglio. El juez dijo que ofreció testigos, capturas de mensajes de whatsapp y hasta los nombres de las personas que se acercaron a su juzgado para intentar torcer su voluntad en torno a la causa por presunta asociación ilícita con la barrabrava de Independiente”. (https://www.eldestapeweb.com/el-destape-radio/el-juez-la-causa-moyano-confirmo-que-recibio-presiones-la-afi-nombre-del-presidente-n52103).

Al tomar conocimiento de esta situación, los suscriptos presentamos una solicitud a la Comisión Bicameral y expresamos, en otras consideraciones, que “Huelga aclarar que tal accionar de elementos de la AFI es contrario a los normado en la Ley Nacional de Inteligencia, además de configurar diversos delitos”.

Y resaltamos que “En este sentido, debemos recordar la nota presentada semanas atrás ante esta comisión, en la cual se puso en conocimiento del Sr. Presidente información relacionada que involucraba a la AFI en posibles actividades ilegales, específicamente: En efecto, la misiva refiere que fiscales de Lomas de Zamora realizaron diversas visitas a la sede de la SIDE –AFI- en el marco de la causa que involucra a Pablo Moyano, y que la finalidad de esas reuniones era organizar la detención del mencionado. También señala la carta que en una de esas visitas se habrían reunido con el contador Dipascuale”.

Hacemos referencia a otra presentación realizada por los suscriptos ante la Comisión Bicameral, a través de la cual se puso en conocimiento de su presidente, senador Juan Carlos Marino, un anónimo recibido por uno de sus integrantes con fecha 15/08/18.

En esa presentación se expresó: “En efecto, la misiva refiere que fiscales de Lomas de Zamora realizaron diversas visitas a la sede la SIDE –AFI- en el marco de la causa que involucra a Pablo Moyano, y que la finalidad de esas reuniones era organizar la detención del mencionado. También señala la carta que en una de esas visitas se habrían reunido con el “contador Dipascuale”. Debo resaltar que al recibir la misiva de forma anónima y al no poder corroborar la verosimilitud de la información decidí, en su momento, no remitirla a la comisión. Ahora bien, dos meses después de recibir el correo, la información contenida se tornó verosímil en virtud de los hechos de público conocimiento: un fiscal de Lomas de Zamora pidió la detención de Pablo Moyano. Y no solo eso, el propio Juez de la causa, Luis Carzoglio, hizo referencia a funcionarios que son mencionados en la carta, a la vez que denunció que fue amenazado de muerte”.

Las solicitudes cursadas a la Comisión Bicameral nunca fueron atendidas. En el mes de febrero del corriente se presentó ante la bicameral una nueva solicitud a fin que la AFI informe “sobre las visitas de fiscales de Lomas de Zamora a la sede de la SIDE –AFI- en el marco de la causa que involucra a Pablo Moyano, y particularmente del “contador Dipascuale” y “el detalle de las reuniones que las autoridades del Agencia Federal de Inteligencia mantuvieron con funcionarios judiciales entre los meses de junio y octubre del año 2018”.

Posteriormente, en el mes de febrero, el portal El Destape publicó que “El juez Luis Carzoglio denunció presiones por parte de Mauricio Macri a través de dos agentes de inteligencia para que detuviera a Pablo Moyano. El Destape accedió a los nombres de esos espías, hasta ahora desconocidos. Se trata de Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale. Este medio también pudo averiguar que se trata de dos directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)…” (https://www.eldestapeweb.com/macri-envio-espias-presionar-al-juez-carzoglio-que-detenga-moyano-n56511)

Ante esta situación, y la falta de respuesta por parte de la Agencia Federal de Inteligencia, los suscriptos reiteramos las solicitudes a la comisión bicameral a fin que cite al titular de la AFI con el objeto que informe respecto de esta grave situación.

Con fecha 04/04/19, con motivo de nuestros reiterados requerimientos y atento -también- al escándalo de espionaje ilegal que investiga la justicia federal de Dolores, se celebró un plenario de la Comisión Bicameral con la presencia del titular de la AFI, Gustavo Arribas y su segunda, Silvia Majdalani.

En lo que aquí respecta, corresponde mencionar que durante esa reunión el titular de Inteligencia reconoció los hechos que antes describimos, en concreto, que dos agentes de la Agencia visitaron al juez Luis Carzoglio por directivas suyas.

Ratificaron lo que había señalado el propio juez Carzoglio, en cuanto a que fueron Juan Sebastián Destéfano y Fernando Di Pascuale los funcionarios de la AFI que lo visitaron.

La versión taquigráfica de la reunión le mostrará a V.S. la pueril argumentación que esbozaron en carácter de explicación, aunque diferentes medios periodísticos dejaron trascender algunos detalles en ese sentido: “Revelan que dos directivos de la AFI visitaron al juez Carzoglio por la causa de Pablo Moyano – https://www.clarin.com/politica/revelan-directivos-afi-visitaron-juez-carzoglio-causa-pablo-moyano”, “Arribas y Majdalani confirmaron que mandaron dos agentes de la AFI a “visitar” a Carzoglio por la causa Moyano – https://www.eldestapeweb.com/congreso/arribas-y-majdalani-confirmaron-que-mandaron-dos-agentes-la-afi-visitar-carzoglio-la-causa-moyano-n58223”.

Este último medio señala: “Según explicaron los titulares de la AFI, que depende directamente de Mauricio Macri, se habían enterado por los medios que lo podían detener a Moyano y enviaron a los directivos del organismo porque había rumores de un paro contra el Gobierno y querían controlar los presuntos disturbios…”.

Enviar a dos altos funcionarios, con rango de director, uno en el área jurídica y el otro especialista en prevención de lavado de activos, a fin de averiguar por un posible paro y disturbios, entraría en el terreno de lo insólito sino fuera por su extrema gravedad, pero en lo que importa aquí revela claramente que se trataba de un asunto de máxima importancia para la AFI, y no una simple tarea de reunión de información, aun fuera de la ley.

No debemos soslayar que el propio magistrado afirma que: “En ese momento me anticiparon que me iban a enviar un borrador con la orden de detención para facilitarme la tarea. A las dos horas tuve el borrador ese. Después tuve dos o tres intercambios por WhatsApp con Di Stéfano. En uno me preguntó si yo necesitaba algo y en el otro si ya me había llegado la causa. (…) Ellos actúan por instrucciones de un superior. No puede ser que la Agencia Federal de Inteligencia actúe de forma autónoma a la Presidencia”. N(https://www.perfil.com/noticias/politica/juez-luis-carzoglio-afirmo-que-en-afi-estaban-obsesionados-con-detener-a-pablo-moyano.phtml).

También: “Me sorprendió gratamente que hayan reconocido que mandaron gente a verme (…) Pero la explicación que me dieron cuando vinieron a verme fue totalmente distinta a la que Arribas brindó a los legisladores (…) Venían a verme porque el presidente de la Nación estaba interesado en la detención de Moyano. Uno de los dos, creo que Di Pascuale, dijo ‘estamos obsesionados con la detención’ (…) Lo que le podemos ofrecer es un borrador de la orden de detención para facilitar su tarea, recordó que le dijeron los espías. Dos horas después “vino una secretaria con la copia del borrador en un sobre cerrado”. Carzoglio aclaró que junto a su abogado decidieron conservar ese borrador en una caja de seguridad del banco. Tenemos dos borradores, uno que oportunamente le hicieron llegar al doctor (Gabriel) Vitale, de Lomas de Zamora, y otro que me entregaron a mí. Es casi el mismo texto, puntualizó”. (https://www.pagina12.com.ar/185604-espias-que-les-ahorran-trabajo-a-los-jueces).

En suma, el reconocimiento de Arribas y Majdalani de la actividad ilegal de los funcionarios de la AFI Destéfano y Di Pascuale, y asumir la responsabilidad de la orden para ejecutarla, plantea la confirmación de los hechos que denunció oportunamente el juez Carzoglio y que no se encuentran siendo investigados en sede jurisdiccional ya que sólo se estaría analizando en el ámbito de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires.

Asistimos como miembros de la Bicameral al reconocimiento de responsabilidad en un hecho de extrema gravedad institucional, que involucra directamente al actual presidente de la Nación Mauricio Macri, utilizando la Agencia Federal de Inteligencia para presionar jueces y lograr el encarcelamiento de opositores políticos. Situación que es de público y notorio desde el comienzo de esta administración, pero que ahora presenta pruebas irrefutables del plan delictual ejecutado, que incluyen hasta confesiones de los propios involucrados, como es el caso que nos ocupa.

En este caso, no encontramos ante la comisión de una gran cantidad de delitos, que involucran a diversos funcionarios del Estado, como se expresó ut supra.



IV-CALIFICACIÓN LEGAL

Que, en razón de lo expuesto, y sin prejuicio de la calificación definitiva que V.S. entienda corresponda asignar a los hechos, consideramos que las conductas descriptas podrían encuadrar en las siguientes normas.

En primer lugar, la Ley Nacional de Inteligencia, N° 25520, que establece en su artículo 4, inciso 3: “Ningún organismo de inteligencia podrá: Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.

Asimismo, lo establecido por el artículo 5 bis: “…Los funcionarios de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia que infrinjan deberes y obligaciones de sus funciones o no sean informadas en los términos previstos en el párrafo anterior incurrirán en responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal. La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”.

También, lo normado por el Código Penal de la Nación. En primer lugar lo establecido por el art. 248:“Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Asimismo: “Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo”. (Art. 258).

El art. 256 bis, segundo párrafo, establece “Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años”.


PRUEBA

Solicitan:
Se requiera a la Agencia Federal de Inteligencia el legajo de los agentes Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pascuale.


Se requiera a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos y Actividades de Inteligencia copias de las notas enviadas por los suscriptos.


Se requiriera a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos y Actividades de Inteligencia copia de la versión taquigráfica de la reunión plenaria del día 04/04/19.
Se cite a prestar declaración testimonial al juez Luis Carzoglio.

Acompañan:


PETITORIO

Es por todo lo expuesto que solicitamos:

1.- Se tenga por interpuesta la presente denuncia en los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación.

2.- Se remita la presente al Juzgado Federal en turno.

3.- Se produzca la prueba ofrecida.

4.- Que luego de ello se cite a declarar en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación a los sujetos denunciados.

http://pajarorojo.com.ar/?p=41960

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