Los esfuerzos para seguir en el diálogo político en Nicaragua se tambalean. Aunque de hecho el Gobierno de Daniel Ortega, a solicitud de la oposición, la iglesia y los empresarios había accedido a reabrir la mesa de negociaciones, los mismos solicitantes, que desde el comienzo se hicieron presentes, firmando el acuerdo sobre los términos operativos del diálogo, abandonaron la negociación.
El gobierno sandinista no ha puesto límites a los temas en discusión, proponiendo una hoja de ruta con los puntos principales: el fortalecimiento de las instituciones de garantía del proceso electoral según lo acordado con la OEA, justicia y reparación para las víctimas del intento de golpe de Estado en el 2018 en pro de la Paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua, la revisión de los expedientes de los presos que no conlleve a la impunidad, apelación a la comunidad internacional a suspender todas sanciones en contra del pueblo nicaragüense.
La Conferencia Episcopal había sido invitada como testigo (ya no como mediadora del diálogo, debido su rol de dirección política del golpe, lo cual hubiera resultado ridículo en esta nueva fase).
Invitados a participar fueron Monseñor Brenes, como presidente del CEN, y Waldemar Sommerstag, el Nuncio Apostólico enviado por el Papa, dejando afuera a los obispos Báez, Mata y Álvarez, los tres prelados del golpismo conocidos por el odio hacia el gobierno y la incesante incitación a la guerra durante el intento de golpe.
Estos últimos, heridos en su propio ego hipertrófico y en su ansiedad por la fama y la carrera, no han dejado de criticar abiertamente al Nuncio y al arzobispo Brenes, logrando que la delegación clerical se retirara de las negociaciones.
Luego de la iglesia, se retiró la llamada Alianza Cívica o, más bien, el contenedor golpista de los caciques del liberalismo y del conservadurismo con apellidos de las familias ricas del país.
La Alianza, sin lugar a duda, es la emanación política de la oligarquía nacional. Nació por impulso de Miami y con el deseo de volver a adueñarse de Nicaragua, siguiendo el mismo afán de los Estados Unidos.
Si para la iglesia la excusa formal ha sido el no reconocimiento de su papel como mediadora y la invitación a las iglesias evangélicas en Nicaragua (40% de los fieles católicos se adhieren a ellas), para la Alianza Cívica la motivación real sigue siendo la de siempre: participar en la vida política del país, lo que implica renunciar a la subversión y trabajar en el plazo electoral de 2021.
Lo difícil es hacerlo, presentando una propuesta política integral, ya que el odio por el sandinismo y la entrega del país a Trump no representan un proyecto que pueda venderse al electorado.
Pero aquí, aquí mismo, radica buena parte del problema.
Los Estados Unidos están conscientes de que sus seguidores pueden competir pero no ganar, como pasa en Venezuela; por tal razón ordenan a la oposición no participar en la vida política del país y mucho menos en las negociaciones con los gobiernos.
¿Por qué?
El último ejemplo son las elecciones de la semana pasada en la costa Caribe, tradicionalmente un área nada simple para el sandinismo: el FSLN obtuvo más del 55% de los votos.
Es por eso que la derecha golpista evalúa que es mejor evitar la derrota segura y tratar, dada su ausencia, de deslegitimar el camino democrático y al gobierno, en espera de que Estados Unidos decida que hacer y como hacerlo.
La Alianza tiene tambìen otra razón para retirarse de las negociaciones: la agenda de trabajo del diálogo nacional incluye una invitación a la comunidad internacional a suspender cualquier sanción al país.
Esto a la derecha le pareció indigesto, siendo que sus exponentes se han sometido a una genuflexión en Miami y Washington para obtener la Nica Act.
Por otra parte la derecha, por su vocación histórica entreguista, piensa que solo una retractación de los índices socioeconómicos puede socavar parte del consenso al FSLN; trabajando en función de que Washington imponga mayores sanciones en Nicaragua.
Sigue en la mesa el tema de los detenidos tras el vandalismo golpista que sacudió a Nicaragua en 2018.
La Alianza Cívica pide la liberación de los terroristas arrestados como “conditio sine qua non” para tratar otros temas. Una petición instrumental en la que ni siquiera ellos mismos creen. Los llamados "presos políticos" son en realidad personas atrapadas en flagrantes delitos o arrestadas gracias a testimonios en audio y video o de personas presentes en episodios terroristas.
Algunos son perpetradores directos y otros solo participantes en saqueos, tranques, incendios de casas y edificios públicos sandinistas, secuestros, violaciones, asesinatos de 22 policías (algunos de ellos quemados vivos frente a las barricadas), la clara esencia de las manifestaciones "pacíficas".
Todas las fechorías se consumaron gracias a la disponibilidad del gobierno que, para favorecer el diálogo, había aceptado la solicitud de la Iglesia de retirar a la policía en los cuarteles. Acabando finalmente con la paciencia sandinista.
¿El balance final? más de 200 muertos y 1800 millones de dólares en daños a la economía nacional.
En el marco de la negociación, el gobierno propuso una revisión judicial de los casos de presos ya condenados y de los acusados en espera de juicio, cerrando a la vez cualquier hipótesis de clemencia para asesinos, torturadores e instigadores.
En esencia, mostrándose dispuesto, en paralelo con el castigo para los criminales, a revisar los casos relacionados con aquellos que no se habían manchado directamente las manos con sangre, siempre que esto formara parte de un acuerdo de reconciliación nacional y de paz en el interés supremo del país.
Gritar que todos son presos políticos, significaría poner a los asesinos y violadores al mismo nivel que los manifestantes genéricos.
A este punto, el destino de los presos, fuera de la conciliación política dentro del diálogo nacional, queda vinculado exclusivamente a la dimensión judicial.
Es difícil para las familias de los sujetos en cuestión apreciar la elección de la Alianza, cuyos intereses siguen siendo funcionales a la liberación de aquellos líderes políticos y militares que no tendrán descuentos en el examen probatorio con las sanciones consiguientes.
Con respecto a la reforma del sistema electoral y en cumplimiento de los acuerdos previos, consciente de la subordinación de la oposición a su ala más extremista, el gobierno ha invitado deliberadamente a la Organización de los Estados Americanos a acompañar el proceso de diálogo en vista de las elecciones del 2021.
La OEA se ha adherido de inmediato a esta propuesta, enviando a su representante, Luis Ángel Rosadilla, a Managua. En una declaración conjunta con el gobierno de Nicaragua, la OEA indica como positiva la propuesta, misma que estaría dirigida a optimizar los mecanismos electorales y consolidar el sistema democrático dentro del marco constitucional.
La salida de la oposición y de las jerarquías del Vaticano de la mesa del dialogo, hace que la interlocución con la OEA sea el único campo de mediación del gobierno al respecto.
En cuanto a los empresarios, siguen en abierta confrontación con el gobierno, en línea con las orientaciones de Washington y Miami.
El Cosep es el unico ejemplo internacional de una confederacion nacional mandada por el extranjero, de esto se trata.
Los empresarios nicaragüenses (que se consideran así mismos dueños de grandes capitales, siendo en realidad microbios en la economía continental globalizada) tendrían que valorar su rol en función de los intereses nacionales.
La confrontación democrática es la sal de la democracia y la mesa de negociación es el único instrumento, más allá del Parlamento, para discutir lo que se debe discutir y reformar lo que se necesita reformar.
Levantarse de la mesa significa renunciar a la participación democrática y a una responsabilidad nacional que, cuando no se reconoce como fundamental, hace que la empresa retroceda al rol de gerencia patronal.
La esperanza de convertirse en una clase dirigente queda así sepultada bajo los adoquines de los bloqueos de carreteras, reafirmando la entrega habitual de la patria al extranjero, que es la esencia de su visión del sistema-país.
Al cumplirse casi un año del intento de golpe de Estado de 2018, la situación política sigue clara: el país trata recuperarse económicamente, más allá del dialogo, reinando la tranquilidad más absoluta.
El gobierno sigue a la altura, en el pleno de sus poderes y funciones; con la fuerza necesaria para contener cualquier intento de golpe y con el consenso necesario para seguir en victorias de cara a las elecciones de 2021.
Fabrizio Casari
