En el difícil panorama con que se presenta el año en Latinoamérica, Argentina tendría la llave – junto a México- de la recuperación de la soberanía regional, si llegara al gobierno del país una fuerza progresista. M. Mestre
Escenarios y perspectivas de EEUU en América Latina
Considerando las decisiones y acciones del gobierno estadounidense de Donald Trump y algunas tendencias que trascienden al cambio de gobierno en materia de relaciones entre EE. UU. y América Latina y el Caribe (ALC), a continuación se presentan de modo esquemático algunos escenarios y perspectivas para 2019-2020 en lo relativo a los temas de mayor importancia o conflictividad en estas relaciones.
ROMANO, GARCÍA FERNANDEZ, TIRADO y LAJTMAN / CELAG
EEUU y las relaciones comerciales con América Latina TLCAN
Escenario 1
La firma del nuevo TLCAN, el USMCA, en el que todos los países ceden en parte a sus exigencias iniciales, supone una victoria a varias bandas. Por un lado, Trump gana porque presenta como victoria un cambio de siglas que quizás no tiene tanto de distinto en su contenido.
Por su parte, México y Canadá también ganan porque siguen vinculados al intercambio comercial con EEUU. En el caso de Canadá, sin tener que hacer concesiones sustanciales en la realidad.
Pero, en el caso de México, aceptando condiciones que modifican su estructura manufacturera, sobre todo en el sector automotriz, en beneficio del empresariado estadounidense.
Este escenario beneficia a Donald Trump de cara a su electorado pero podría no convencer a los sectores demócratas y republicanos que lean el USMCA como una victoria del “proteccionismo” Trump.
Escenario 2
El USMCA no es aprobado por el nuevo Congreso de EE. UU. resultado de las elecciones intermedias de noviembre y la “modernización” del TLCAN queda en el aire. Se mantiene el TLCAN tal y como existía hasta la fecha, lo que refuerza a Trudeau y a López Obrador ante sus respectivos electorados.
Trump se muestra incapaz de concretar sus propuestas por las oposiciones internas lo que debilita su posición y su margen de maniobra en otros asuntos.
“Promoción” de la democracia y los DDHH
Escenario 1
EEUU continúa su estrategia de “acoso y derribo” al Gobierno venezolano, forzando la intervención militar bajo la excusa de la “crisis humanitaria” provocada por la conjunción de la crisis económica y la crisis migratoria.
La salida de venezolanos a terceros países se utiliza para involucrar a los gobiernos de estos países (Colombia, Ecuador, Brasil) en una eventual intervención militar de tipo “humanitario” que se haría bajo paraguas de la OTAN y legitimada por el Grupo de Lima y la OEA (ante la paralización del contrapeso de la UNASUR y la CELAC).
El panorama se complejiza aún más con la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, cuyo canciller ha declarado que no descarta una posible intervención militar en Venezuela.
Si no hay intervención directa, se podría imponer un bloqueo abierto a la economía venezolana, incluyendo el fin de los intercambios petroleros. EE. UU. presionará al resto de países para que secunden el aislamiento a Venezuela en sus relaciones bilaterales.
La presión sobre Venezuela impactará en la geopolítica regional, poniendo en una situación difícil a Cuba, Bolivia y también Nicaragua.
En el primer caso, se deterioran todavía más las relaciones EE. UU.-Cuba. En el segundo, crecerá la presión para impedir la reelección de Evo Morales.
En el tercero, se podrían agudizar las presiones para derrocar al gobierno nicaragüense, unido a la reciente aprobación de la “Nica Act”, bajo la excusa de una supuesta “ola democratizadora” regional.
Escenario 2
La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de México congela el accionar del Grupo de Lima y debilita el consenso regional para intervenir en Venezuela.
El resultado es el mantenimiento de la situación actual por la incapacidad para legitimar entre los gobiernos latinoamericanos una intervención armada que derroque al Gobierno de Nicolás Maduro.
Su estabilidad permite ciertos equilibrios regionales que ayudan a reagrupar fuerzas para la izquierda continental y, tal vez, volver a activar la CELAC, ante la imposibilidad de reavivar UNASUR tras la salida de Colombia.
Esto sería factible en caso de que en 2019 fuerzas progresistas retornen al Gobierno argentino y que en Bolivia sea reelecto el MAS (Bolivia tiene un importantísimo peso simbólico en los procesos de cambio del siglo XXI).
Sin embargo, se mantienen las sanciones económicas al Gobierno y distintos funcionarios venezolanos, así como la presión de think tanks conservadores y progresistas por la “democratización” de Venezuela.
Escenario 3
Sectores del establishment estadounidense inician aproximaciones al Gobierno venezolano para distender la relación en la lógica de facilitar los intercambios comerciales y empujar al Gobierno de Maduro hacia las posiciones estadounidenses a través del Grupo de Boston.
Tras la visita del senador Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siguen los contactos bilaterales (públicos y privados) que, unidos a la mediación internacional de Zapatero y compañía, evitan la intervención militar directa en Venezuela.
Ello se produce también por la presión que ejerce en EE. UU. la inexistencia de un consenso latinoamericano que apueste por la intervención abierta en el país. El resto de países no puede secundar esta opción porque supondría un riesgo para la soberanía del conjunto de ALC.
Diplomacia
Escenario 1
La falta de estabilidad en el Departamento de Estado, por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Deep State, socava la capacidad de acción de la diplomacia estadounidense en ALC.
Esta tensión se resuelve con un impeachment al presidente Donald Trump que pone fin a su administración y vuelve la política exterior al control del Deep State. Esto podría suponer una vuelta al proceso de “normalización” de las relaciones entre EE. UU. y Cuba, y el desplazamiento de los asesores que abogan por mantener la línea dura hacia Cuba.
Escenario 2
Se mantienen las disputas entre el sector del establishment que quiere continuar la expansión económica por ALC y el Ejecutivo de EE. UU., al que perciben como un escollo por sus declaraciones públicas, para poder realizar dicha expansión.
Sin embargo, Trump logra mantenerse en la presidencia hasta el fin de su mandato con una agresividad en el discurso que puede ser llevada más allá de la retórica por la presión de sus asesores más belicistas, como John Bolton y otros actores en la sombra, algunos de ellos vinculados al “lobby” anticastrista.
Con mayoría en el Senado, Trump podría persistir en su agenda de relaciones exteriores, aunque fiscalizada permanentemente por los demócratas.
La Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado podría ser asumida por el republicano Jim Risch, uno de los senadores “más ambiguos”, que no ha demostrado interés en cuestionar el Gobierno de Trump y que tampoco se ha especializado en política exterior.
Éste parece no tener la trayectoria para liderar la oposición a la agenda de Trump, como sí lo hizo en su momento Bob Corker, pragmático y abierto a negociaciones bipartidistas quien apoyó la ley de sanciones a Rusia por supuesta injerencia en las elecciones de 2016 (claramente en contra de Trump) y realizó un viaje a Venezuela para una posible negociación.
Otra posibilidad es que Marco Rubio asuma las relaciones exteriores, lo que podría establecer una alianza con el demócrata Robert Menéndez para apuntalar las políticas contra Cuba y Venezuela.
En ese caso se incrementaría la retórica antimigrante y ultranacionalista (independientemente del rumbo de la retórica Trump), dificultando las relaciones “cordiales” con los países de la región e incrementando la incertidumbre cuando esta actitud de confrontación “choque” o se contradiga con políticas económicas (de mediana duración) que indican relaciones estrechas entre EE. UU. y ALC (incluso con aquellos gobiernos “no aliados” como Nicaragua, por ejemplo).
Elecciones legislativas en EE. UU. y la política exterior
En las recientes elecciones del 6 de noviembre los demócratas ganaron mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos conservaron la mayoría en el Senado. Se estiman los siguientes escenarios y perspectivas en toma de decisión que incumbe a ALC de modo directo o indirecto:
En política exterior el contrapeso que podrán hacer los demócratas no es nada desdeñable, pero no siempre será definitivo debido a la presencia de una mayoría republicana en el Congreso y, especialmente, a que el presidente puede recurrir a órdenes y acciones ejecutivas para decidir y operar rápidamente con respecto a temas clave.
Eliot Engel, podría asumir la Presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
De cumplirse su asunción, presionará en contra de la política migratoria de Trump (afirma que, en vez de restringir la migración, EE. UU. debe reducir el tráfico de drogas, aumentar la seguridad, la cooperación económica y ayudar a resolver las crisis económicas en la región).
Además presionaría para profundizar las investigaciones sobre el “intervencionismo ruso” en los comicios.
Desde la Cámara Baja los demócratas harán mayor presión para investigar los supuestos lazos de Trump con Rusia.
Esto impactaría en cuestiones geopolíticas fundamentales, promoviendo un enfrentamiento directo cada vez “más real” (que la retórica de Trump) con el Gobierno de Vladimir Putin. Asimismo, se activará el control constitucional para aumentar la fiscalización de las políticas del presidente norteamericano.
Otra de las iniciativas de la Cámara Baja será el intento de bloquear la agenda migratoria de Trump. Hasta ahora, pese a la fuerte retórica antimigrante y los episodios críticos de los últimos meses, existe rechazo a las propuestas de reforma migratoria en el Congreso, aún por parte de representantes republicanos.
De seguir adelante con la política de mano dura, y considerando que la presencia de aliados clave de Trump en el Senado no sea suficiente, podría fragmentarse la bancada republicana por falta de consenso (esto sería un antecedente a favor de un impeachment y/o para quitarle apoyo para próximas elecciones).
No obstante, puede ocurrir lo opuesto: que debido al triunfo de los demócratas en la Cámara, los republicanos refuercen su unidad -dejando las diferencias a un lado- bajo el liderazgo de Trump.
La Cámara podrá bloquear proyectos de ley de gasto militar (recordar que el Congreso es el encargado de rechazar, aprobar o modificar presupuestos anuales).
Se prevé un avance en la judicialización de la política en EE. UU. para lograr el impeachment contra Trump. Aunque con mayoría en la Cámara de Representantes, para llevar a cabo un impeachment los demócratas necesitarían del apoyo de una parte de la bancada republicana, lo que parece más difícil con un Senado de mayoría republicana y con varios aliados directos de Trump.
Aún cuando por este u otro motivo no logren enjuiciar al presidente, el hecho de que se avance enérgicamente en este sentido sentaría un precedente para América Latina con un mensaje potente: se puede expulsar del poder a un presidente conservador de derecha.
Esto sería impulsado a través de medios como The New York Times, The Washington Post, redes sociales, etc. que hacen campaña contra Trump desde las elecciones de 2016. Estos mismos medios que, junto con el gobierno de EEUU cumplieron un importante rol en la legitimación de la judicialización de la política contra gobiernos progresistas, podrían cumplir ahora un rol similar frente a gobiernos conservadores de derecha, tales como el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, Jimmy Morales en Guatemala o Juan Orlando Hernández en Honduras.
Las elecciones mostraron el avance del ala progresista de los demócratas, simbolizada por la joven diputada Alexandria Ocasio-Cortez, quien viene creciendo en los últimos tres años en una suerte de “efecto Sanders”. La congresista por primera pone un contrapeso al establishment del partido y se autodenomina como “progresista”.
El triunfo demócrata en general y la posibilidad del avance progresista en particular, abrirían un escenario en el cual desde EE. UU. se promueva un rechazo (en el ámbito de la política formal, medios y redes sociales) a la derecha conservadora y su forma de gobierno. Esto podría impactar en la formación de opinión pública en ALC en contra de políticos o sectores de derecha o conservadores (aunque no necesariamente implique en un apoyo directo a sectores progresistas).
En síntesis: con el triunfo de los republicanos en el Senado y los indicadores económicos positivos de las medidas proteccionistas, es probable que Trump busque apuntalar el America First persistiendo, por ejemplo, en una política exterior de confrontación (aunque abierta a acuerdos) y una política interna de mano dura contra la migración. Esto alimentará la polarización política y social visualizada en las elecciones legislativas y presionará a los demócratas a inclinarse hacia políticas más progresistas para marcar la diferencia.
EEUU y la migración latinoamericana
La caravana de migrantes centroamericanos empezó hace dos meses con 160 pioneros en San Pedro Sula (Honduras) y llegó a sumar más de 6.000 migrantes provenientes en su mayoría de Honduras y Guatemala.
Este hecho coincidió con las elecciones legislativas y fue utilizada como tema de campaña de Trump quién advirtió en diversas ocasiones que se trataba de una “invasión extranjera”. Con o sin muro, la tendencia más probable es que el Ejecutivo busque nuevas formas de criminalizar a los migrantes, separar familias, limitar las solicitudes de asilo y militarizar las fronteras.
Aunque los cruces fronterizos ilegales hayan disminuido significativamente desde sus máximos históricos en los primeros años del siglo XXI (en 2000 más de 1.6 millones de cruces fronterizos ilegales fueron detenidos, en 2001 la cifra fue de 1.3 millones), según estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza 396.579 personas indocumentadas fueron detenidas luego de ingresar ilegalmente al país en 2018. Asimismo, se ha registrado un aumento en los últimos meses -en su mayoría de familias con hijos-, un total de 16.658 personas tan solo en el mes de septiembre.
Trump ha limitado el número diario de solicitudes de asilo en la frontera (el sistema fue instituido por el gobierno de Barack Obama en 2016 para responder a los miles de inmigrantes haitianos). La cantidad de migrantes que buscaron asilo en la frontera suroeste aumentó en casi un 70% entre 2017 y 2018. En la actualidad, más de cinco mil migrantes están en la lista, lo que significa una espera de dos meses o incluso más.
La caravana ha servido de excusa para profundizar la militarización en la frontera y es probable que se mantenga esta tendencia.
Desde el 25 de octubre fueron desplegados casi 6.000 soldados para ejecutar tareas de asistencia y apoyo a la Border Patrol. Si bien el término de la misión estaba previsto originalmente para el 15 de diciembre, el secretario de Defensa, James Mattis, autorizó la extensión hasta el 31 de enero de 2019. En los hechos, los soldados no tienen la potestad para hacer cumplir las leyes migratorias ya que eso contraviene la Ley Posse Comitatus de 1878.
Pese a las amenazas de Trump, es poco probable que se interrumpa la asistencia a los países del Triángulo Norte de Centroamérica de los cuales provienen la mayoría de los migrantes.
El recorte propuesto por Trump no fue aprobado por el Congreso, donde puede persistir el consenso bicameral respecto de la necesidad (y funcionalidad) de la ayuda, que incluye asistencia para las fuerzas policiales y militares, la seguridad fronteriza, reforma policial y en los sistemas de justicia.
Asimismo, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes presionará por el mantenimiento de la asistencia en temas como seguridad alimentaria, desarrollo rural, esfuerzos anticorrupción e iniciativas por parte de la sociedad civil de prevención a la violencia.
En caso de que la asistencia económica y militar estadounidense siga fluyendo por los mismos canales y programas con los que viene operando en las últimas décadas, no se garantizará la disminución de la migración ni se generarán los cambios estructurales necesarios para disminuir los flujos. Sin embargo, se abre un nuevo escenario a partir del gobierno de Trump.
A nivel interno, la persistencia de una política de mano dura contra la migración generará mayor polarización en la sociedad estadounidense y Trump seguirá utilizando el “problema” migratorio como arma política para justificar su postura conservadora-nacionalista.
A nivel regional, esta política de mano dura presiona al gobierno de AMLO a posicionarse como líder en una salida a la crisis migratoria que apunte a resolver las cuestiones estructurales que la generan. Esta posibilidad se apuntala considerando que el gobierno de Trump ha manifestado su acuerdo y apoyo a la propuesta de AMLO.
EEUU y la seguridad en América Latina
Escenario 1
Se prevé un reforzamiento de las relaciones de las fuerzas de seguridad de América Latina con las fuerzas armadas y el complejo industrial militar estadounidense para los próximos años. En países como Argentina, Brasil y Ecuador, se percibe una rápida reversión de procesos en cuanto a la preservación de la soberanía.
A su vez, en países como Chile, Colombia y Perú se trata de actualizar el tradicional alineamiento a la doctrina de seguridad estadounidense.
En Brasil, estos vínculos han sido profundizados por el gobierno ilegítimo de Temer y se vaticina su máxima expresión con el nuevo gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro (de trayectoria militar) incluida la posible concreción de un acuerdo para la utilización de la base aeroespacial de Alcántara por parte de EE. UU.
El gasto militar de la región seguirá en ascenso en México y Colombia a lo que se suman Argentina y Brasil, que han aumentado sus compras a EE. UU. Por su parte, Venezuela, Cuba y Bolivia también renuevan su equipo militar con compras a Rusia.
Finalmente, Colombia, Argentina, Chile y Brasil renovarán sus sistemas de ciberseguridad y para ello es probable que sigan recurriendo a las empresas de EE. UU. e Israel.
Escenario 2
Se espera que el gasto militar en México se modifique debido a la llegada de AMLO, quien plantea una política anti-narcóticos no centrada en la militarización. Aunque el panorama parece adverso al triunfo de sectores progresistas en las próximas elecciones en Argentina, en caso de una derrota de la derecha el acercamiento a EE. UU. podría ser menos intenso y reemplazado por vínculos con China, Rusia y países de la Unión Europea para la provisión de armas y servicios de seguridad. De mantenerse el MAS en el gobierno Bolivia, seguirá apostando en la cooperación militar con China y Rusia.
Presencia de las FF. AA. de EE. UU. en América Latina 2019
La retirada de tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, así como la renuncia del secretario de Defensa, Jim Mattis (reemplazado por Patrick Shanahan, de larga carrera en la empresa de armas Boeing), sumado a las críticas de Trump contra organismos internacionales como la OTAN, ha llevado a elaborar hipótesis sobre la deriva aislacionista de EE. UU.
Esto se combina, sin embargo, con un aumento de la producción de armas en plena competencia con China y Rusia. Así, la retirada de tropas podría ir acompañada de una mayor presencia de empresas (como Academi), privatizando aún más la guerra.
A su vez, intentará tercerizarla, valiéndose de otros países (por ejemplo, el rol protagónico de Colombia frente a las tensiones con Venezuela o el incremento en la venta de armas a Japón ante la “amenaza” de Corea del Norte). Del mismo modo, persistiría la presencia militar menos costosa en espacios geopolíticos clave y útiles para garantizar mercado para productos del complejo industrial militar de EE. UU. Esa parece ser la estrategia en la región.
Escenario 1
Se prevé una mayor presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en el continente (incluido despliegue de tropas en ejercicios militares conjuntos), en virtud de la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, los “desastres naturales”, las “crisis humanitarias” y debido a la amenaza para la seguridad (estadounidense) que implica la presencia comercial china y rusa en el continente. Algunos ejercicios militares que se llevarán a cabo en 2019 son:
Ejercicio conjunto Fuerzas Comando en Chile, auspiciado por el Comando Sur de Estados Unidos y bajo la dirección del Comando de Operaciones Especiales Sur que tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional, la confianza y la colaboración entre las FF. AA. de los países miembros.
Continuará el ejercicio Lanza del Sur entre Perú, Colombia y EE.UU., cuya primera fase fue un juego de guerra contra el terrorismo y el narcotráfico realizado en Homestead, Florida (agosto 2018). La ejecución del ejercicio real en 2019 implicará en el despliegue de flotas y fuerzas en una zona de frontera entre Perú y Colombia.
Ejercicio Fuerzas Aliadas Humanitarias (FAHUM-2019) en República Dominicana, cuyo objetivo es sincronizar operaciones regionales de asistencia humanitaria y de respuesta a desastre naturales.
Se espera que países como Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador sigan participando de estos ejercicios militares, estrechando vínculos con EE. UU.
Escenario 2
De llegar al Gobierno fuerzas progresistas en Argentina podría cambiar el modo y asiduidad en la participación de este país clave para la región, de cara a la implementación de políticas tendientes a recuperar la soberanía en términos geopolíticos y geoestratégicos, y cuestionando la política de seguridad hemisférica de EE. UU. de la mano de un gobierno relevante como el mexicano.
China en América Latina y fuerzas de seguridad de EEUU
La guerra comercial con China expresa uno de los desafíos planteados por el Comando Sur (Estrategia del Teatro 2017-2027) y en la Estrategia de Defensa Nacional 2018, donde se cataloga a China como un “depredador” de la región. Las bases chinas (militares o espaciales) en países como Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Venezuela y Argentina aparecen como correlato militar de la “guerra comercial”. China y Rusia disputan la hegemonía de EE. UU. en diplomacia y posicionamientos geopolíticos en torno a diversos conflictos (incluido el caso de Venezuela).
Se espera que EEUU siga una política de “defensa de la soberanía regional” (en clave de Doctrina Monroe) frente a las inversiones chinas y proyectos de infraestructura. Brasil, Chile y Perú tienen a China como su principal socio comercial pero su principal socio militar seguirá siendo EE. UU. y es probable que ambas tendencias continúen.
Será clave el contrapeso de Rusia y China en la correlación de fuerzas. En el caso de Rusia, ya se están produciendo declaraciones y movimientos militares en la coyuntura de la actual crisis en Venezuela frente a la amenaza de “intervención directa” por parte de EE. UU. También habría que estar atento al modo en que pueda aparecer China en la coyuntura electoral boliviana.
Recursos estratégicos y empresas de EEUU
Escenario 1
En 2019 EE.UU. será por primera vez exportador de hidrocarburos (gas shale), en lugar de importador. Esto afectará a la geopolítica regional y mundial ya que América Latina es un mercado clave para el gas shale de EE. UU.
Persiste desde EE. UU. el impulso de la “integración energética latinoamericana”, mediante la estrategia Connecting Americas 2022 poniendo énfasis en la energía eléctrica y el gas.
Esto se combina con una mayor presión para avanzar aún más en la apertura (privatización) de empresas energéticas estatales como PEMEX, YPF y PETROBRAS. El panorama puede cambiar según se definan las elecciones en Bolivia y Argentina en 2019.
El posicionamiento del nuevo gobierno en México será clave, no solo en materia de hidrocarburos sino también en el plano industrial y comercial, atado al destino del USMCA. Por el momento, la relación con el gabinete de AMLO es cordial.
Sin embargo, desde el Congreso de EE. UU., uno de los bastiones antiprogresistas de mayor duración y calado en la política exterior estadounidense, se alerta sobre la “inexperiencia” del que será responsable de PEMEX, de las políticas en torno a los energéticos y de la incertidumbre (calificación negativa) que genera el gobierno entrante.
El tema energético ha sido decisivo en las relaciones México-EE. UU., cualquier movimiento sustancial de la reforma energética puede tener consecuencias graves en la relación bilateral, desde presión económica, cancelación del USMCA y/o demandas millonarias.
El rol que asuma Ecuador, hasta el momento cada vez más alineado a las políticas económicas y de seguridad de EE. UU., podría ser de gran importancia.
Escenario 2
El nuevo gobierno electo en México expresó su intención de fortalecer a PEMEX y la industria petroquímica aunque por ahora sin modificar ni cancelar la reforma energética ratificada en el USMCA.
Una potencial revitalización de PEMEX podría constituir la punta de lanza en la recuperación de soberanía en materia de hidrocarburos en caso de una derrota de la derecha en los próximos comicios de Argentinos y la continuidad del MAS en el gobierno boliviano.
Relación México –EEUU con el Gobierno de AMLO
El cambio de gobierno en México implica cambios en la política exterior mexicana de los últimos sexenios. Sin embargo, los problemas bilaterales siguen siendo, a grandes rasgos, los mismos: migración, narcotráfico y seguridad, energéticos y comercio (USMCA).
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, se ha reunido ya con Mike Pompeo y Kirstjen Nielsen, mostrando “buena predisposición”. Como subsecretario de América del Norte estará Jesús Seade, quien estuvo a cargo de la renegociación del TLCAN.
Desde mayo hasta diciembre de 2018 la Embajada de EE. UU. en México no tiene titular. Tras la renuncia de Roberta Jacobson no hay embajador.
Uno de los candidatos es Christopher Landau, quien podría haber ocupado el cargo de juez federal en su país aunque, finalmente, el puesto le fue asignado a Kavanaugh dado que Landau carece de experiencia diplomática.
Es de esperar que las relaciones no sean tensas y, a pesar de que hasta la fecha no ha habido grandes desestabilizaciones, es probable que persista la “incertidumbre” que ya forma parte del modo de gobernar de Trump. Por su parte, México parece volver a la Doctrina Estrada de no injerencia en los asuntos de terceros países.
Esto implicaría que la política exterior de México no podría instrumentalizarse para condenar a determinados países que no son del agrado de EE. UU. ni bilateralmente ni en el marco de instancias multilaterales como la OEA. Entre otras cosas, esto impediría un pronunciamiento de México en contra de Venezuela, debilitando así al Grupo Lima.
Migración
El nuevo gobierno mexicano ha declarado que no pagará por la construcción del muro y que se hará política pública para dar opciones a los migrantes y detener la migración en su lugar de origen. Para ello, se ha propuesto una reunión entre México, El Salvador, Honduras y Guatemala a los fines de crear un plan conjunto de desarrollo, al cual también se invitó a Canadá y Estados Unidos.
La apuesta del gobierno de AMLO es crear condiciones de desarrollo socioeconómico y contar con el apoyo de EE. UU. Así, el gobierno mexicano podría perfilarse como líder de la región norte y centroamericana para dar salida a la crisis migratoria.
Narcotráfico-seguridad
Si bien el nuevo gobierno ha destacado el interés por desmilitarizar la guerra contra el narcotráfico, habrá que atender hacia dónde se canalizan los recursos de la Iniciativa Mérida destinados a la guerra contra el narcotráfico que en los últimos años ha disminuido. Algo similar ocurre con los convenios de inteligencia, pues en los últimos dos sexenios se firmaron acuerdos de largo alcance para compartir información de ciudadanos mexicanos con las principales agencias de seguridad de EE. UU. (CIA, DEA, FBI, NSA), además de su presencia en el país. En el último informe del Congressional Research Service se deslizan dudas respecto a que el gobierno de AMLO continúe con la agenda estadounidense contra el narcotráfico.
Energéticos
Se trata de un tema controversial en las relaciones bilaterales. El nuevo gobierno anunció que no modificará la reforma energética, la cual ya fue incorporada al nuevo TLCAN, pero sí se revisarán los contratos ya firmados.
Se pretende fortalecer a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual dio marcha atrás a las licitaciones de generación eléctrica y será la CFE quien realice esta actividad. El gobierno de EE. UU. tiene reservas respecto a la política energética de AMLO, pero espera poder trabajar siempre y cuando no se modifique la reforma.
Comercio (USMCA)
La nueva composición del Congreso de EE. UU. y un Parlamento en México con mayoría relativa de MORENA (partido del nuevo presidente) pueden poner trabas para la aprobación del USMCA. Es previsible que se alargue la ratificación ya sea por los tiempos legislativos o por modificaciones futuras.
En el caso de México, el USMCA alteró las reglas de origen del sector automotriz y tendrá repercusiones en las cadenas de valor de ambos países.
López Obrador deberá proyectar alternativas e incluso dar pasos hacia una mayor diversificación de la composición y rumbo de las exportaciones.
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