La mañana de este 11 de julio sesionò en la Organizaciòn de Estados Americanos (OEA) la segunda reuniòn especial para abordar la situaciòn interna de Nicaragua, tras el estallido de las controversiales protestas el pasado 18 de abril, demandando la derogaciòn de las reformas al INSS.
El objetivo del encuentro era evaluar el trabajo de los grupos tècnicos de la Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instalados en Managua hace màs de una semana, con la anuencia del gobierno nicaraguense y que acompañan el trabajo de seguimiento, verificaciòn y esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos durante los ùltimos 85 dìas en el paìs, perìodo en el cual ha quedado demostrado el interès de la derecha por desmontar el gobierno electo democràticamente de Daniel Ortega y en su lugar nombrar una junta de gobierno, o anunciar un adelanto electoral para marzo de 2019, violando la constituciòn vigente y el estado de derecho.
Por segunda ocasiòn, el informe presentado esta mañana por el Secretario General de la CIDH, Paulo Abrao, tiene un marcado caràcter subjetivo y parcializado, haciendo alusiòn solamente a la informaciòn que reportan los organismos pro derechos humanos nicaraguenses, los mismos que han estado deslegitimados por dècadas al decir de sus fuentes de financiamiento, la posiciòn de sus directivos y el caràcter polìtico que los identifica, a pesar de nombrarse organizaciones no gubernamentales.
Durante màs de media hora ante el Consejo Permanente de la OEA, Paulo Abrao solo reconociò como verdad reinante en Nicaragua una supuesta ola de violaciòn a los derechos humanos provocada por el gobierno sandinista y ejecutada a travès de fuerzas paramilitares que operan en el paìs bajo la anuencia de la policìa nacional, segùn las dudosas fuentes consultadas por la CIDH y que los medios de comunicacion opositores, o mejor dicho independientes, en Nicaragua quieren mostrar como hèroes del momento.
Lo màs curioso es que el propio Abrao en sus declaraciones en Managua ha mostrado las discrepancias entre estos organismos que han sido incapaces de colegiar las estadìsticas. Todos han mostrado una cifra diferente de fallecidos, desproporcionada a la realidad, lo que nos hace pensar que mientras mayor sea el nùmero de vìctimas declarado, mayores podrìan ser los fondos que obtengan en calidad de premio o proyectos locales.
Lo màs curioso es que el propio Abrao en sus declaraciones en Managua ha mostrado las discrepancias entre estos organismos que han sido incapaces de colegiar las estadìsticas. Todos han mostrado una cifra diferente de fallecidos, desproporcionada a la realidad, lo que nos hace pensar que mientras mayor sea el nùmero de vìctimas declarado, mayores podrìan ser los fondos que obtengan en calidad de premio o proyectos locales.
En ningùn punto Abrao hizo menciòn a los cientos de intentos que han realizado los representantes del gobierno que acuden al diàlogo nacional, y que integran en estos momentos la Comisiòn de Verificaciòn y Seguridad, para cesar cualquier tipo de violencia venga de donde venga, levantar los tranques que han impedido el derecho a la libre circulaciòn de los nicaraguenses, e incluso de los transportistas centroamericanos varados en Nicaragua y ajenos totalmente al conflicto, que la derecha intenta mostrar como efecto colateral de una “protesta pacìfica”.
Abrao tampoco mencionò el fracaso que sufriò la propia CIDH y los representantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, cuando intentaron mediar con la derecha en Jinotepe para encontrar una soluciòn humanitaria que permitiera la salida del paìs a màs de 400 transportistas provenientes de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamà, privados de alimentaciòn, acceso a medicamentos, en condiciones casi de supervivencia, todo lo cual deberìa estar comprendido en el concepto sagrado de los Derechos Humanos que defiende la CIDH.
De igual forma, Abrao silenciò el alto nùmero de actos terroristas, secuestros, asesinatos, saqueos, entre otras modalidades delictivas cometidas por grupos opositores que lideran el supuesto “estallido social y pacìfico en Nicaragua”, y que el gobierno ha estado informando de manera constante a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos con amplia documentaciòn y evidencia.
Por alguna razòn inexplicable para el derecho contemporàneo, la CIDH insiste en destacar que ninguna de estas acciones constituyen violaciones a los Derechos Humanos, sino que son delitos comunes pero no pueden ser juzgados por las autoridades competentes porque supuestamente no hay garantìas para un debido proceso.El propòsito es claro, deslegitimar a las instituciones estatales y respaldar la demanda de la derecha de una profunda reforma en el paìs para esconder el golpe.
Al final cada intento del gobierno para restablecer el orden en Nicaragua pareciera diluirse en los conceptos “uso desmedido de la fuerza” y “paramilitarismo”, siendo criminalizada la actividad de los òrganos competentes y victimizados los terroristas. Increìblemente esto pasa en Nicaragua, paìs que ha sido tomado por la propia OEA, EEUU y la ONU, para promover como ejemplo en la regiòn centroamericana por el buen trabajo de la Policìa Nacional, la misma que hoy quieren mostrar como “represiva”.
Paulo Abrao y la CIDH tampoco toman en cuenta, las estadìsticas que ofrece la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, conformada en el paìs pocos dìas despuès del estallido social, y que ha venido investigando de manera minuciosa cada hecho. En el ùltimo informe presentado por esta comisiòn sobre los actos de violencia y terroristas ocurridos desde el 18 de abril hasta el 4 de julio, refieren que de los 209 fallecidos, 108 están vinculados a los tranques que mantenìan en màs de 200 puntos de Nicaragua el movimiento campesino anti canal, liderado por Francisca Ramìrez y Medardo Mairena, antes de los operativos policiales para restablecer el orden y el derecho de los nicaraguenses a la libre circulaciòn.
Viendòse obligado a comentar al menos una leve arista de esta compleja problemàtica, Abrao fue muy breve y en todo momento empleò el tèrmino “presunto” para calificar cuanto ataque, humillaciòn y afrenta han sufrido los simpatizantes sandinistas en los ùltimos 2 meses de golpe.
Para mencionar solo algunas estadìsticas, basta señalar que grupos vandálicos en Jinotepe y Diriamba han asesinado a 8 simpatizantes sandinistas en las ùltimas semanas, han secuestrado a 20 y han saqueado 16 Instituciones públicas. En la mayorìa de los casos, han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que califican como actos terroristas, violencia dirigida a sembrar el caos en la poblaciòn y alterar el orden constitucional, muy alejado de las supuestas “protestas pacíficas y cìvicas” que intenta vender la derecha.
Todo esto ha sucedido con la anuencia de algunos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en franca violaciòn de su estatus imparcial como mediadores y testigos del diàlogo nacional. El controversial rol de la iglesia durante la crisis en Nicaragua se maneja voz populis y ha desatado un fuerte rechazo popular, a pesar de la profunda fe religiosa que profesan los nicaraguenses, donde el 40% de la poblaciòn es catòlica y el 50% es protestante. (En imàgenes algunas de las armas hechizas ocupadas en la iglesia de Diriamba el pasado lunes 9/07/2018 por la poblaciòn indignada)
El Secretario General de la CIDH tambièn minimizò la atenciòn brindada por el gobierno de Nicaragua a los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el paìs.
Todas las protecciones y garantìas que han recibido para su trabajo. Las coordinaciones promovidas para la visita a centros de detención en los cuales ellos han podido constatar el estado en que se encuentra los detenidos y verificar que no fueron objeto de tortura, desmintiendo lo expresado por medios de comunicación que se oponen al gobierno.
El alto nùmero de reuniones sostenidas con instituciones pùblicas donde pudieron constatar, si era su interès verdadero, el trabajo comprometido del gobierno con los derechos humanos en el paìs.
Todas las protecciones y garantìas que han recibido para su trabajo. Las coordinaciones promovidas para la visita a centros de detención en los cuales ellos han podido constatar el estado en que se encuentra los detenidos y verificar que no fueron objeto de tortura, desmintiendo lo expresado por medios de comunicación que se oponen al gobierno.
El alto nùmero de reuniones sostenidas con instituciones pùblicas donde pudieron constatar, si era su interès verdadero, el trabajo comprometido del gobierno con los derechos humanos en el paìs.
Todas estas omisiones de la CIDH, y otra larga lista que podrìamos estar mencionando, no nos sorprende, como tampoco sorprendiò al Canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, quien expuso ante el Consejo Permanente de la OEA la realidad que atraviesa el paìs, amenazado por “los embates terroristas de grupos polìticos internos y externos, a los que se ha sumado el crimen organizado transnacional, con el fin de realizar un golpe de estado para cambiar el gobierno legítimo del Presidente Ortega, democráticamente electo conforme a la Constitución y las leyes del país en noviembre de 2016”.
La verdad que oculta la CIDH y la OEA es que la Alianza Cìvica que acude al diàlogo en supuesta representaciòn de la derecha y la poblaciòn “descontenta”, en realidad no tiene control de la situaciòn interna en el paìs, siendo difìcil que pueda actuar como interlocutora para tomar decisiones necesarias y restablecer la paz, este camino solo lo puede garantizar el gobierno. Solo los une la ruta del golpe, lo cual se traduce en una agenda de 40 puntos, asesorada por figuras de la extrema derecha que respaldan a la Alianza en su trabajo, con el objetivo de promover una “reforma democràtica e institucional” en Nicaragua.
En la pràctica, esta Alianza agrupa una amplia gama de sectores, pero no ha sido capaz de presentar una agenda coherente, màs allà del Golpe de Estado contra el gobierno de Ortega que intentaron aplicar y que en las ùltimas semanas la propia poblaciòn lo ha venido desmontando, tras retirarle el respaldo en las calles que inicialmente tenìan.
Durante las primeras semanas a la derecha le funcionò su plataforma mediàtica para multiplicar la guerra psicològica, pero hace màs de 1 mes este patròn se ha venido desmoronando. Muchos se preguntan los motivos del viaje de Vìctor Cuadras, miembro de la Alianza Cìvica, a El Salvador en la actual coyuntura. Este seudo lìder estudiantil ha declarado interès de reunirse con la diàspora nicaraguense, pero en realidad su propòsito es reactivar la maquinaria desde los Trollcenter en El Salvador, para retomar los màs de 150 mil perfiles falsos que operaban en tiempo real contra Nicaragua, con una lìnea de mensaje clara “que se vayan” haciendo alusiòn al Comandante Ortega y el FSLN.
Como afirma el Canciller Moncada, “Nicaragua ha dicho basta ya al sufrimiento impuesto por grupos terroristas a las familias nicaragüenses que han sido rehenes a partir del 18 de abril hasta la fecha”, algo que no puede entender la CIDH porque forma parte del esquema de Golpe Blando que intentaron aplicar en Nicaragua. Julio es un mes de victorias por estas tierras de lagos y volcanes y como en aquel 19 de julio se proclamò la caìda de la dictadura de Somoza, 39 años despuès el pueblo gritarà junto a Daniel Ortega, el fracaso de la derecha golpista.
https://zonafrank.wordpress.com/2018/07/11/las-atrocidades-que-comete-la-derecha-en-nicaragua-en-nombre-de-la-democracia-y-que-la-cidh-respalda-video/
