La ONU halló en Yemen y Siria en 2017 los restos de bombas de racimo de fabricación brasileña. El país latinoamericano todavía no ha firmado la Convención de Oslo sobre la prohibición de este tipo de munición y no planea, por el momento, ni dejar de fabricarlas ni de exportarlas.
Después de que una de estas bombas acabara con la vida de dos personas en la ciudad yemení de Saada, al norte del país, el 6 de diciembre de 2016, Human Rights Watch encontró los restos de un misil Astros II. Un solo proyectil es capaz de transportar en su interior 65 bombas más pequeñas.
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Un año antes, el 27 de octubre de 2015, fueron cuatro las personas que resultaron heridas después de que la misma localidad fuese atacada con idéntica munición.
Ocurrió un día después de que, en una sesión de la ONU, los representantes de Brasil se abstuvieran de ratificar la Convención de Oslo. Una decisión que, desde entonces, es objetivo de críticas.
"Brasil es un país inútil y dado al oscurantismo que podría hacer mucho por prevenir las muertes que ocasiona este tipo de armamento.
Es muy triste que hasta ahora no haya firmado la Convención de Oslo de 2008 y que algunos de sus diplomáticos no acepten las disposiciones del acuerdo.
Y tampoco entendemos por qué son las industrias armamentísticas y de defensa quienes dictan la política de Brasil en este tema y no el Parlamento", denuncia Mary Wareham, la directora del departamento jurídico especialista en armamento de Human Rights Watch, a Sputnik.
Resulta cuanto menos curioso que, ya en junio de 2008, el entonces ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim, anunciase que las bombas de racimo eran "inhumanas" y que "había que deshacerse de ellas".
En la misma línea se refirió a este tipo de bombas al afirmar que Brasil revisaría su posición respecto al tema "en el futuro" y que "quizás" se uniría a la convención.
Sin embargo, desde entonces, el Gobierno de Brasil continúa ignorándola, escudándose en el hecho de que no se asegura el equilibro entre la necesidad de garantizar la legítima defensa y la vida humana. Sputnik intentó contactar con el exministro Amorim, pero no obtuvo respuesta.
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Para muchos expertos, un cambio de opinión como ese en tan poco tiempo se debe a las fricciones entre el entonces jefe del Estado, Luiz Inacio Lula da Silva, y los grupos de presión de la industria armamentística.
"Está claro que el anuncio oficial del Gobierno al final no ha servido de nada a la hora de adoptar medidas efectivas y transparentes para tratar la crisis humanitaria fruto de la venta de este tipo de armamento", advierte Cristian Wittman, especialista en la Universidad Federal de La Pampa y miembro de la Coalición de las Bombas de Racimo.
El rector de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), Gustavo Oliveira, asegura que el Gobierno brasileño está dividido en esta cuestión.
Ya en 2016, el proyecto para la fabricación del nuevo misil Astros 2020 contó con el apoyo del nuevo ministro de Defensa, Raul Jungmann.
"Una buena oportunidad para invertir": estas fueron las palabras que utilizó el político para referirse al asunto el 24 de noviembre de 2016.
Por ahora, en la nueva bomba se han invertido cerca de 128 millones de dólares desde 2011 y se espera que, cuando el proyecto concluya en 2023, se hayan invertido unos 607 millones más.
En 2009, cuando Jungmann era todavía diputado, escribió al entonces ministro de Exteriores Amorim:
"Las bombas de racimo que se lanzan desde los aviones se abren antes de que toquen tierra y tienen un radio de alcance de 28.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a cuatro campos de fútbol. Según los expertos, en la zona de alcance no queda títere con cabeza y la explosión pocas veces ocurre una vez ha caído ya sobre el territorio.
Aproximadamente un 10% de la munición no llega a hacer explosión y permanece en tierra, convirtiéndose en minas capaces de matar a civiles".
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Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil han respondido a Sputnik criticando duramente la Convención de Oslo por la naturaleza de su adopción y por ser poco efectiva.
"La exportación de armamento brasileño se analiza individualmente y dependiendo del caso concreto del que se trate y desde el punto de vista de los principios de la política exterior y de las obligaciones internacionales contraídas por Brasil (…) El Ministerio de Defensa tiene siempre la última palabra".
Añaden a Sputnik que el hecho de que el país no se haya adherido a la Convención de Oslo no significa que ignore el peligro que entrañan las bombas de racimo y que el país está sujeto al derecho internacional humanitario. Y aseguran que Brasil nunca ha utilizado este tipo de munición.
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