Ya está. No sé qué dirán los senadores traidores (seguramente ya estará acordado con Pichetto que convaliden el adefesio) pero ya está: Macri se equiparó con Temer. Se acabó el estado de derecho. Ya está: están manoteando el fondo de sustentabilidad del ANSES, bocato di cardinale, la última caja grossa del pueblo a la que buscaban echar mano. Y ahora ¿qué haremos?
Los dejo con meduloso análisis de Eduardo Barcesat y una síntesis, remitida por Ricardo Krakowsky, de lo que dispone el adefesio, abrogando leyes a troche y moche y violando a la Constitución por delante y por detrás.
Por último, transcribo una nota publicada por el eminente jurista Julio Maier en Página/12 el pasado 2 de enero cuyo texto adquiere un nuevo significado luego de perpetrado el golpe institucional por parte de Macri y su pandilla.
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Desafiando la institucionalidad, el Gobierno Nacional acaba de avasallar las compuertas de la división de poderes mediante el dictado, inmediata publicación y entrada en vigencia del Decreto 27/2018 (B.O. 11-01- 2018), groseramente denominado de“Desburocratización y Simplificación”.-
Se trata, cuando no, de un decreto nominado como de “necesidad y urgencia”, que invoca, pero no cumplimenta los recaudos establecidos por el art. 99, inc. 3º de la C.N.
Recordemos el texto de esta norma, en cuanto aquí concierne: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de lospartidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”.
Ahora bien, con un Congreso de la Nación convocado a sesiones extraordinarias por el propio PEN, ¿qué es lo que impide que ambas Cámaras del Congreso de la Nación se avoquen al tratamiento de un proyecto de ley que modifica –y derrumba- la estructura institucional del Estado de Derecho, cuyo pilar basal es la división de poderes?
La respuesta es sencilla: no hay ninguna razón de necesidad y urgencia; simplemente que es más efectivo, brutalmente efectivo, apropiar la potestad legisladora conferida al Congreso de la Nación que, valga recordarlo, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, y que es el que mejor expresa, por la representación proporcional, el mapa de la voluntad política de la República Argentina y el principio de la soberanía del pueblo.
El art. 36 de la C.N., una de las incorporaciones más señeras de la Reforma Constitucional del año 1994, establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, condenando de la forma más severa posible en el ordenamiento jurídico, los golpes de estado.
Y si bien es claro cuando la usurpación del poder político se comete desde fuera de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal bien cabe, en la interpretación constitucional, examinar cuál es la situación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cuando el quiebre del respeto y resguardo a las incumbencias de los poderes que integran el Gobierno de la Nación, es cometido desde un Poder Ejecutivo que transgrede, franca y abiertamente, los límites de sus incumbencias constitucionales, para apropiar, usurpar, las que le competen a los otros poderes; en el caso, las del Poder Legislativo de la Nación.
Es un grotesco institucional la justificación que se ensaya en el DNU 27/2018: “…que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto…”
Pareciera que la desmemoria del conjunto integrado por el Presidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros, y el conjunto de los Ministros que, necesariamente, deben refrendar la firma del Presidente, lleva a que olviden que el Congreso de la Nación se encuentra en sesiones extraordinarias por lo que no existe urgencia alguna para “puentear” el trámite de debate y sanción de las leyes. Ni mucho menos habilitar que un simple decreto postergue o suspenda la vigencia de la Constitución Nacional.
Además, de una primera lectura del extenso DNU, surge evidente que introduce modificaciones en normativa penal, procesal penal y tributaria, que le están expresamente vedadas al Poder Ejecutivo Nacional, bajo sanción de
nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3º, C.N.).
Estamos, indudablemente, ante un golpe de estado institucional, perpetrado en el momento más lábil para las instituciones de la república, y cuando el Gobierno Nacional acusa el impacto de su creciente descrédito por el debate sobre la reforma previsional, la represión ejercida sobre el pueblo de la nación, y el ineluctable fracaso del proyecto económico.-
Recordemos, finalmente, que el propio art. 36 de la C.N. reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia cuando se avasalla la supremacía de la Constitución Nacional.
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LO QUE VIENE. El gobierno amarillo adquirió 15 millones de postas de goma con perentorio plazo de entrega,para poder utilizarlos en su totalidad a comienzos de marzo.
Mientras el presidente vacaciona en el sur, y la vicepresidenta le chupa las medias al genocida Netanyahu en Israel; el primero firmó un megadecreto derogando leyes… Entre algunas medidas: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, ahora pasa a ser un “fideicomiso” , es decir una mesa de dinero . Logran así, lo que no logró hacer Blaquier con el memorandum con Qatar, ese que se firmó en la habitación de al lado a la de Michetti que estaba firmando para la claque un acuerdo económico insulso y luego dijo que no firmó nada…
Otra de las particularidades del Megadecreto violador de leyes, es que los inmuebles, campos y ganado del Ejército pasan a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quienes podrán usufructuar con dichos bienes estatales como si se tratase de una “inmobiliaria”. Esto se suma al desguace de las FFAA que viene llevando a cabo desde su asunción el presidente Macri: vaciamiento de Tandanor, Fadea, prohibición de vuelo a los aviones Hércules, desmantelamiento de Fabricaciones Militares, desaparición del submarino ARA San Juan en dudosas circunstancias…
Otra de las joyitas del Megadecreto violador de leyes, es la disolución del Registro Industrial de la Nación, que data del año 1972, y que permite contar con una radiografía del sector industrial a fin de mejorar las políticas públicas. Es el tiro final a la industria nacional.
Y lo más controvertido: Podrán instalarse empresas automotrices y crear puertos privados sin el aval del Poder Ejecutivo. Empresas automotrices como la ensambladora que quiere instalar para los autos eléctricos del Grupo Socma, por un lado y habilita el paraíso de los narcos y lavadores: puertos privados. Adiós control migratorio: bienvenida trata de personas.
¿Golpista?
Por Julio Maier
Se escucha expresar, sobre todo a políticos opositores (¿?), que no desean el final de este gobierno, sino que esperan que él cumpla los cuatro años previstos por nuestra Constitución para el PEN, pero desean, en cambio, que cambie la línea política que, a todas luces, él persigue, línea que se ha resumido en lenguaje cotidiano: gobierno de los ricos y para los ricos; algo más elevado idiomáticamente y, quizás también, más próximo a la realidad, gobierno de dueños y gerentes para sus empresas, de empresarios para aquello que ellos mismos representan (entre paréntesis: con empresas nunca competitivas sin ayuda gubernamental), de clase para su propia clase o los que aspiran a ingresar en ella.
Por su parte, el gobierno tilda de golpistas a los opositores que con enjundia se oponen a esa clara línea de gobierno: expresa que, en verdad, esos opositores desean que los gobernantes actuales cesen antes del tiempo previsto y hasta logran que los jueces los encarcelen o pidan su destitución de cargos legislativos.
Todas esas expresiones, a más de ridículas, encierran un contrasentido que yo no puedo avalar.
Es correcto definir al gobierno y a su representantes máximos, el presidente de la Nación y sus ministros, de aquella manera, porque está a la vista, por el costado de observación que se desee -las propias declaraciones de los funcionarios, sus acciones de gobierno, sus omisiones como tales-, que, incluso sus fracasos, provienen de esa idea política sobre la existencia de la organización social, nunca negada y siempre afirmada por ellos hasta extremos difíciles de imaginar con anticipación.
A tal punto ello es así, que incluso la llamada “oposición” se confunde -no entro a juzgar si voluntaria o ardidosamente- tras promesas incumplibles e incumplidas, mentiras evidentes y suicidios anticipados, y, sintéticamente, apuesta a la confirmación de la llamada –de modo sintético– “gobernabilidad”, que, en más o en menos, quiere decir: no me gusta lo que hacen o expresan, pero debo asegurar que gobiernen –ello quiere decir: que impongan sus ideas– los más votados, aun cuando sólo sea la primera minoría y no alcancen la mayoría, porque vida democrática se define por el gobierno de quienes alcanzan el triunfo en los comicios gubernamentales.
¡No es así! Para muestra un botón.
Los sistemas parlamentarios, el cenit de la Europa democrática, más allá de yerros y fracasos -que también son posibles en esos sistemas- permiten afirmar que, cuando una idea política no garantiza por anticipado la mayoría -por sí misma o por alianza con otro grupo para gobernar en conjunto- debe, de alguna manera, prescindir de formar gobierno.
Algo similar nos pasó a nosotros tras la renuncia de Fernando de la Rúa, hasta la corrección insólita que provocó la asunción de Néstor Kirchner.
Democracia, en sentido político, no es el gobierno del más votado en comicios libres, sino, antes bien, el gobierno de la mayoría, por ello, el gobierno del pueblo.
Existen además, mecanismos constitucionales que prevén, por referendum, incluso revocatorio, la expulsión de un gobernante por anticipado.
Pero no sólo ello es democracia, hasta ahora inclinada a ser definida en sentido puramente económico.
Existe también en sentido cultural, quizás con mayor presencia aún, un universo al cual pertenece la ciencia jurídica, pero que también abarca múltiples regiones, como la literatura, el teatro y la cinematografía, la sociología y la misma psicología, la filosofía, el periodismo, la educación y los derechos humanos, y en todas estas regiones fracasa nuestro actual gobierno, si de ideas mayoritarias se trata, casi diría, si de ideas o acciones positivas se trata.
En este sentido, sus representantes personales parecen poco informados y casi nada interesados en estos temas de la vida humana, despreciándolos como tales y como ocupaciones del gobierno.
Para muestra, otro botón: los derechos humanos de cualquier índole son, por definición de nuestro presidente, un “curro” (vulgarismo traducible como defraudación cultural genérica); no tienen importancia los órganos internacionales de defensa de esos derechos ni sus decisiones, incumplidas por nuestro gobierno y por la misma Corte Suprema y tribunales “inferiores” y vituperadas por innumerables funcionarios públicos; la vida y la integridad física están colocadas por debajo del orden público para las fuerzas policiales, militarizadas al extremo, cualquiera que sea su nombre, la protesta social es inviable porque se traduce en ingobernabilidad y golpismo.
Francamente, sin hipocresía, no estoy de acuerdo con la aclaración de políticos opositores denunciada desde un comienzo.
Quiero que este gobierno cese, porque sé qué es lo que persigue, creo saber a dónde nos va a llevar, sobre todo culturalmente, y temo también la consecuencia económica.
Lo único que me separa de la palabra golpista es que yo no tengo poder alguno que me respalde, ni militar, ni político, ni económico.
Más aún, estimo que varias de las acciones emprendidas por este gobierno merecen el juicio político, ya de quien lo preside, ya de quienes lo acompañan, y votaría favorablemente a él si fuera parlamentario y debiera juzgar sobre su procedencia.
Me tocó presidir un juicio político a un jefe de gobierno que fue destituido por mucho menos de aquello que hoy es imputable a nuestros gobernantes nacionales y, precisamente, gracias a la promoción e impulso de los gobernantes actuales.
¿O estos mecanismos institucionales sólo sirven y son democráticos si se los usa al revés, por la derecha y hacia la izquierda?* Profesor Emérito UBA.
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