Las protestas contra el ‘fraude’ a favor de Juan Orlando Hernández en los comicios presidenciales de noviembre de 2017 siguen en marcha en Honduras. El Gobierno atribuye a los manifestantes, simpatizantes del líder opositor Salvador Nasralla, el derribo de varias torres eléctricas.
Juan Orlando Hernández asumió el sábado el cargo presidencial por un segundo mandato consecutivo en Honduras, mientras el país centroamericano sigue viviendo momentos de alta tensión y movilizaciones por parte de quienes denuncian el “robo” de sus votos en las elecciones.
Ante tales circunstancias, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras atribuyó a manifestantes opositores que apoyan a Nasralla, el excandidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, la demolición de dos torres del tendido eléctrico durante las protestas celebradas el sábado en los departamentos de Lempira (oeste) y Comayagua (centro).
El gerente de dicha institución estatal hondureña, Jesús Mejía, denunció los ataques, cuya autoría adjudicó a grupos afines a Nasralla. Asimismo, indicó que estas dos últimas se suman a las cinco torres del tendido eléctrico destruidas este mes en curso en el país.
Los hechos causaron la interrupción del servicio eléctrico en varios puntos de los dos mencionados departamentos en el país, reportó Mejía.
La toma de posesión de Hernández estuvo marcada por tensas protestas en varios puntos de Tegucigalpa (capital hondureña), marchas que fueron reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad.
Varios periodistas resultaron heridos en estas nuevas movilizaciones, en las cuales también se reportó la agresión contra Wilfredo Méndez, reconocido defensor de los derechos humanos en el país, quien hacía su trabajo durante las protestas.
La oposición acusa a Hernández de fraude en las presidenciales del 26 de noviembre de 2017, circunstancia que ha dado lugar a enfrentamientos con militares y policías.
En este contexto, han muerto más de 30 personas.
Además, cientos de manifestantes han sido detenidos y enviados a cárceles de máxima seguridad con las mínimas garantías de respeto a sus derechos humanos
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