50 años después, Trump ha desclasificado una parte de los documentos sobre el asesinasto de Kennedy que estaban clasificados como secretos.
No hay gran cosa que sorprenda, salvo volver a constatar que en el mundo moderno las versiones oficiales son (casi) siempre mentira.
Los documentos abundan en lo más típico de la política de Washington, donde siempre aparecen entremezclados eso que aquí llamamos las cloacas y que allí forman la CIA, el FBI, la mafia y la gusanería cubana, involucrados en toda clase de crímenes políticos en nombre de su “libertad”.
No obstante, algunas notas son ciertamente curiosas porque muestran que la preocupación del FBI no era la investigación de lo ocurrido, porque eso ya lo sabían, sino qué es lo que “el público” debía creer al respecto. ¿De qué había que convencer a los estadounidenses en 1963? Esa es la nueva y más importante tarea de la policía: redactar los comunicados oficiales y notas para la prensa.
Un mensaje dirigido al director, J. Edgar Hoover, el 24 de noviembre, el día en que Jack Ruby asesinó al “asesino oficial”, Lee Harvey Oswald, decía: “Tenemos que convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino”.
Otras notas del propio Hoover iban más allá: el verdadero núcleo del asunto era convencer de que Oswald era el único asesino, que no había ninguna conspiración: “Sobre el caso Oswald no hay otra cosa que su muerte”, decía una de esas notas.
Ante la Comisión Warren, el director del FBI fue muy tajante cuando aseguró que no había visto “ni un céntimo de prueba” de ninguna conspiración, algo que repitió posteriormente muchas veces.
La preocupación de Hoover por tapar la conspiración desde el primer momento es muy significativa porque normalmente la policía siempre empieza diciendo que no puede descartar ninguna hipótesis. En el caso de Kennedy sí lo hizo y se esforzaron para que todo el mundo descartara esa hipótesis precisamente, la de la conspiración.
Esa mismo interés de Hoover era compartido por el subdirector de la fiscalía, Nicholas Katzenbach, del que aparecen varias notas tratando de impedir, de todas las maneras posibles, que el magnicidio era obra de varios autores.
“Habrá elementos de nuestra sociedad que gritarán alto y claro que sus derechos civiles han sido violados, como en efecto ha ocurrido”, admite el fiscal.
50 años después esos derechos civiles siguen violados y lo serán hasta que toda la documentación no sea revelada y el Estado admita lo obvio: que el asesinato fue un trabajo interior en el que participaron sus más altas instancias, empezando por el vicepresidente Lyndon B.Johnson.
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