Los expertos dicen que una nueva ley definiría que Israel pertenece a una nación judía global en vez de a sus ciudadanos, poniendo fin a cualquier pretensión de presentarse como una democracia liberal
Cuando los legisladores israelíes regresaron al Parlamento esta semana, poniendo fin al largo receso del verano, el Gobierno de Benjamín Netanyahu anunció una agenda repleta de reformas diseñadas para empujar a Israel aún más hacia la derecha.
Las propuestas legislativas incluyen debilitar los poderes de revisión judicial de la Corte Suprema, tomar medidas enérgicas contra las organizaciones de izquierda de la sociedad civil, ampliar los límites de Jerusalén para incluir más colonias judías y permitir la deportación forzosa de solicitantes de asilo, principalmente africanos.
Sin embargo es probable que ninguna propuesta sea tan polémica –o reciba tanta atención- como una medida relativa a la condición de Israel como Estado judío.
Este proyecto de ley de gestación prolongada pretende unirse a las 11 leyes básicas ya existentes, el equivalente a una constitución de Israel. Netanyahu parece basar su asalto legislativo más amplio en el éxito de la propuesta Ley Básica: Israel como el Estado-nación del pueblo judío.
Su propósito es dar una posición similar en lo constitucional a la definición de Israel como un Estado que no pertenece a sus ciudadanos, como es el caso en una democracia liberal, sino a todos los judíos de todo el mundo, incluidos los que no tienen conexión con Israel.
Además se espera que el proyecto de ley rebaje el estatus del idioma árabe, la lengua materna de un quinto de la población de Israel. También requerirá que los tribunales israelíes otorguen el debido peso a sus decisiones sobre la ley religiosa y la herencia judías.
Quiénes se oponen a la legislación
Las leyes básicas son mucho más difíciles de revertir que la legislación ordinaria. Varias versiones del proyecto de ley del Estado-nación judío se han considerado desde que AviDichter, un exjefe del ShinBet, la policía secreta de Israel, introdujo un primer borrador en 2011.
Pero después de ocho años como primer ministro, Netanyahu parece impaciente por progresar. En mayo insistió en que la legislación debe pasar tan pronto como sea posible. En las últimas semanas un comité especial ha estado redactando apresuradamente una versión final.
La oposición al proyecto de ley proviene detres cuartas partes del Parlamento, cada una con preocupaciones muy diferentes.
La primera es la Lista Conjunta, una coalición de partidos que representa a la gran minoría de ciudadanos israelíes palestinos, uno de cada cinco habitantes, que son los principales objetivos de la legislación propuesta. Sin embargo su voz no tiene peso en el Parlamento ni en el Gobierno.
El segundo grupo son los pequeños partidos religiosos de línea dura en el Gobierno de coalición, que siempre han tenido una actitud ambivalente, si no hostil, hacia Israel como Estado. Creen que los judíos solo pueden ser soberanos cuando el Mesías se revele en la tierra. En la práctica, sin embargo, si la legislación se redacta cuidadosamente, estos partidos no pueden oponer mucha resistencia.
Lo más problemático para Netanyahu es, probablemente, la antipatía de los partidos de centro izquierda en los bancos de la oposición, especialmente el antiguo Partido Laborista, ahora rebautizado como Unión Sionista. La mayoría de sus legisladores rechazan la Ley Básica propuesta, pero no necesariamente porque no estén de acuerdo con sus disposiciones.
Un engaño de larga data revelado
Las actitudes de la Unión Sionista hacia el proyecto de ley del Estado-nación judío son complejas. Están arraigadas en el rol del partido en la fundación de Israel como Estado judío en 1948, en las ruinas de la patria palestina.
Según Mohammed Zeidan, director de la Asociación de Derechos Humanos con sede en Nazaret, un grupo de defensa de los ciudadanos palestinos de Israel, los líderes del partido laborista, especialmente el padre de la nación, David Ben Gurion, elaboraron cuidadosamente la imagen de Israel de una manera que engañaría a la mayoría de los observadores disfrazándolo de una democracia liberal al estilo occidental.
"El objetivo de los fundadores del Estado era ocultar la discriminación estructural", dijo a Middle East Eye. "El error fue creer que un Estado judío puede ser democrático y que puede defender valores y derechos universales".
Desde el punto de vista del centro-izquierda, la Ley Básica de Netanyahu corre el riesgo de desvlar ese engaño inmensamente exitoso.
De hecho, reveladoramente, las principales objeciones del centro-izquierda a la Ley Básica de Netanyahu no son que la medida sea inmoral o antidemocrática al negar a los 1,7 millones de palestinos la igualdad de estatus con los ciudadanos judíos, sino que es "innecesaria", "superflua" o "gratuita".
¿A quién pertenece Israel?
En 2014, cuando se presentó ante el Parlamento un borrador de la legislación, el entonces líder de la Unión Sionista, Isaac Herzog, observó : "Sólo un primer ministro que carece de confianza en sí mismo, sin una visión y un plan, necesita leyes que traten con lo obvio, eso no mejorará la vida de ningún ciudadano israelí".
De manera similar el periódico liberal Haaretz de Israel calificó la legislación como "completamente redundante". Abraham Foxman, jefe del grupo de lobby de Israel con sede en Nueva York Anti-Defamation League, lo etiquetó como "bienintencionado pero innecesario".
En otras palabras, los sucesores ideológicos de la generación fundadora de Israel rechazan la Ley Básica no porque altere fundamentalmente el carácter de Israel, sino porque corre el riesgo de sacar su secreto más feo, bien oculto durante casi siete décadas, a la brillante luz del día.
Temen que la extrema derecha israelí muestre al Israel real estableciendo claramente su condición de un Estado que pertenece y privilegia a los judíos de todo el mundo en lugar de a su propia ciudadanía, que incluye una gran proporción de palestinos.
Una ley para judíos, otra para árabes
Es importante entender cómo oscurecieron deliberadamente los fundadores de Israel las estructuras legales y administrativas que habían creado a imagen y semejanza del apartheid para apreciar por qué hay tanto en juego para el centro-izquierda de hoy.
La Declaración de Independencia de Israel, publicada en la creación del Estado en mayo de 1948, fue efectivamente un ejercicio sofisticado de relaciones públicas. Es famoso su compromiso de “garantizar la completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos los habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo”.
Pero, dijo Zeidan, durante muchas décadas Israel ha evitado consagrar el principio de igualdad en cualquiera de las Leyes Básicas. En cambio ha incrustado la desigualdad en un nivel fundamental: en la legislación de ciudadanía de Israel.
Lo que es más obvio es que Israel tiene dos leyes de ciudadanía. Estas otorgan diferentes derechos, basados en si un ciudadano es jud í o o no. En los Estados Unidos, a mediados de la d é cada de 1950, en medio de la lucha por los derechos civiles, la Corte Suprema dictaminó en una decisión histórica que "separar es intrínsecamente desigual" y así se ha demostrado en Israel también.
La Ley de Retorno de Israel de 1950 abrió la puerta a los judíos de todo el mundo, permitiendo la inmigración masiva de judíos. Cualquier judío que haya aterrizado en Israel puede recibir la ciudadanía instantáneamente, como lo hicieron muchos cientos de miles de judíos durante las siguientes siete décadas.
Mayoría judía perpetua
Pero Israel quería exactamente lo opuesto para los palestinos. ¿Qué hizo? Creó una ley separada, la Ley de Ciudadanía de 1952para no judíos. Su propósito principal era despojar del derecho a regresar a casa a los 750.000 palestinos expulsados por Israel cuatro años antes, durante la Nakba, la palabra árabe para "catástrofe".
A más largo plazo, sin embargo, la Ley de Ciudadanía fue diseñada para garantizar una gran mayoría judía perpetua al bloquear el acceso a la ciudadanía para los no judíos.
Hoy solo hay un camino por el cual un no judío puede obtener la ciudadanía en Israel: por matrimonio con un ciudadano israelí. Esta excepción está permitida porque solo unas pocas docenas de no judíos cumplen el requisito cada año y por lo tanto no representan una amenaza para el carácter judío de Israel.
Ante un desafío legal Israel aprobó una enmienda a la Ley de Ciudadanía en 2003 para garantizar que la gran mayoría de los palestinos en los territorios ocupados y los árabes de muchos estados vecinos no puedan obtener la residencia o ciudadanía israelí por contraer matrimonio con un ciudadano de este país.
La Ley del Retorno y la Ley de Ciudadanía son dos de las casi 70 leyes israelíes -el número está creciendo- que discriminan explícitamente en función de si un ciudadano es judío o palestino. Un grupo legal, Adalah, que representa a los ciudadanos palestinos de Israel, ha compilado una base de datos de tales medidas.
Racismo sancionado por el Estado
Pero la Ley Básica de Netanyahu amenaza con exponer el significado más profundo de esta estructura de ciudadanía bifurcada.
Los 1,7 millones de ciudadanos palestinos de Israel -observó Zeidan- son discriminados de una manera que va más allá de lo que se practica contra las minorías en estados democráticos, es decir, por las decisiones arbitrarias, informales o no reguladas de funcionarios y organismos estatales. En tales democracias los funcionarios generalmente violan la ley cuando discriminan a grupos minoritarios.
Pero en Israel, señaló Zeidan, "los funcionarios a menudo están violando la ley si no discriminan". Discriminar es su trabajo".
Este racismo sancionado por el Estado se logra estableciendo "nacionalidades" separadas de la ciudadanía. Las principales nacionalidades en Israel son "judío" y "árabe". El Estado se ha negado a reconocer una "nacionalidad israelí", una posición respaldada por la Corte Suprema israelí, precisamente para sancionar una jerarquía de derechos.
Los ciudadanos disfrutan de los derechos individuales en virtud de su ciudadanía, ya sean judíos o palestinos. En este sentido Israel parece una democracia liberal. Pero Israel también reconoce los "derechos nacionales" y los reserva casi exclusivamente para la población judía.
Los derechos nacionales son tratados superiores a los derechos individuales de ciudadanía. Entonces, si hay un conflicto entre los dos, los funcionarios y los tribunales siempre darán prioridad al derecho nacional judío.
Los derechos nacionales prevalecen sobre la ciudadanía
Cómo funciona esta jerarquía de derechos en la práctica está claramente ilustrado por la estructura de la ciudadanía de Israel. La Ley del Retorno establece un derecho nacional para que todos los judíos obtengan la ciudadanía instantánea, así como los muchos otros derechos que se derivan de su condición.
La Ley de Ciudadanía, por otro lado, crea solo un derecho de ciudadanía individual para los no judíos. La minoría palestina de Israel puede pasar su ciudadanía "hacia abajo" a su descendencia pero no puede extenderla "hacia afuera", como puede hacerlo un judío, a los miembros de su familia extendida; en este caso, a los millones de palestinos que Israel convirtió en refugiados en 1948 y su descendientes.
Este privilegio de los derechos nacionales a la población judía es igualmente claro en la forma en que Israel trata sus recursos naturales más valiosos: tierra y agua.
Efectivamente, se considera la explotación comercial de estos recursos claves como un derecho nacional, reservado solo para judíos. En la práctica -señaló Sawsan Zaher, un abogado de Adalah- el acceso a estos recursos está restringido a los judíos en los cientos de comunidades rurales de todo Israel, incluido el más conocido: el kibbutz.
En estas comunidades rurales es donde Israel ha puesto a disposición grandes extensiones de tierra y ofrece agua subsidiada. Como resultado, casi toda la agricultura comercial y muchas industrias se encuentran en estas comunidades.
Los árabes “socialmente inadecuados”
Pero estos recursos solo pueden ser explotados por la población judía porque cada comunidad está gobernada por un Comité de Admisiones que bloquea la entrada a los ciudadanos palestinos de Israel sobre la base de que son "socialmente inadecuados".
"Los Comités gobiernan la entrada a 550 comunidades en Israel, asegurando que los recursos que controlan estén disponibles solo para sus poblaciones judías", dijo Zaher a MEE. "Estos comités son un eslabón en una cadena de políticas racistas, segregación y exclusión por parte del Estado hacia los ciudadanos palestinos".
El objetivo principal de estas comunidades rurales es que se cumpla la "nacionalización" de Israel del 93 por ciento de su territorio. Esta tierra está "nacionalizada" no para los ciudadanos israelíes, ya que no se reconoce la nacionalidad israelí, sino para una nación judía mundial.
Mientras tanto, la quinta parte de la población, que es palestina, está confinada a menos del tres por ciento del territorio israelí, después de que la mayoría de sus tierras fueron confiscadas por el Estado y ahora están en custodia para los judíos de todo el mundo.
Ninguna nueva comunidad palestina se ha construido desde la creación de Israel hace 70 años, mientras que docenas de aldeas palestinas han sido "no reconocidas" por una Ley de Planificación y Construcción de 1965. Los 120.000 habitantes de estas aldeas, criminalizados por esta ley de planificación, no pueden construir legalmente un hogar y se les niegan los servicios públicos.
“Propietarios” de Israel
Los observadores dicen que la Ley Básica de Netanyahu corre el riesgo de explotar un mito de siete décadas sobre Israel: que es una democracia liberal donde los ciudadanos israelíes, judíos y palestinos disfrutan de los mismos derechos.
La combinación de la Ley del Retorno, que otorga el derecho a la ciudadanía israelí instantánea a todos los judíos del mundo, y las leyes de tierras de Israel, que reservan la propiedad final a los judíos como nación global, ha vaciado de su significado el reconocimiento de la ciudadanía.
En cambio, de acuerdo con la estructura legal existente en Israel, el Estado pertenece a los judíos colectivamente en todo el mundo en lugar de a la ciudadanía del país. El Estado judío es "propiedad" de los judíos del mundo, incluso si muchos judíos individuales no han logrado activar su ciudadanía viniendo a vivir a Israel.
Como han señalado los académicos israelíes, Israel debería clasificarse no como una democracia liberal, sino como un Estado fundamentalmente no democrático llamado “etnocracia”.
Ariel Sharon, un famoso general y más tarde primer ministro, describió una vez a los judíos del mundo como los "terratenientes" de Israel. Eso deja a los ciudadanos palestinos, uno de cada cinco de la población, como poco más que residentes extranjeros o trabajadores invitados temporales, bajo licencia siempre que no amenacen el carácter judío del Estado.
El peligro real de la Ley Básica
El centro-izquierda moderno de Israel, los herederos de Ben Gurion, temen con razón que Netanyahu y la extrema derecha estén a punto de ventilar en público el secreto más sucio de Israel. Su Ley Básica reducirá un sistema complejo y opaco de leyes y prácticas a una Ley Básica simple y fácilmente inteligible que puede evocar comparaciones con la era del apartheid en Sudáfrica.
O como observó Zaher, si se aprueba la Ley Básica de Netanyahu, "enviará un mensaje político claro y peligroso a los ciudadanos palestinos de Israel de que no los quieren, de que no son ciudadanos iguales y que, de hecho, el Estado no es suyo".
La extrema derecha de hoy se preocupa mucho menos por la opinión mundial que los fundadores de Israel. En su fanatismo, desea erradicar las últimas resistencias entre el oficialismo judío liberal -como la Corte Suprema, la sociedad civil y parte de los medios- para que puedan avanzar en su estilo más agresivo de sionismo, lanzar una nueva ola de legislación antidemocrática e intensificar el proyecto de las colonias.
El verdadero peligro de la Ley Básica de Netanyahu no es que cambie lo que es Israel, advirtió Zeidan, "Lo que hace en cambio es proporcionar una plataforma mucho más sólida para lo que la extrema derecha en Israel pretende seguir".
Middle East Eye
| Traducido del inglés para Rebelión por J. M. |
