El fiscal federal brasileño Ivan Cláudio Marx aseguró que por el momento no hay pruebas de que los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) tuvieran cuentas secretas en el exterior en las que recibían donaciones ilegales.
A los expresidentes les había acusado el dueño del grupo JBS, Joesley Batista, en sus declaraciones a la Justicia.
"Su historia es incomprobable; pedimos documentos para comprobarlo y no trajo nada", explicó el fiscal encargado de las investigaciones, según recoge el diario Folha de São Paulo.
Batista había asegurado que los dos líderes del Partido de los Trabajadores (PT) recibieron hasta 150 millones de dólares en concepto de sobornos en dos cuentas que él había abierto fuera de Brasil y que supuestamente manejaba el exministro de Economía y Hacienda, Guido Mantega.
Según el fiscal, el relato de Batista tiene varias incongruencias, porque las dos cuentas estaban a su nombre y era él quien las operaba, y porque no logró probar que tanto Lula como Rousseff sabían que esas cuentas corrientes existían, entre otros puntos que levantaron sospecha.
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Si finalmente la fiscalía comprueba que Batista mintió éste podría perder la inmunidad que logró al pactar con la Justicia que aportaría detalles sobre la trama corrupta, en lo que se conoce como "delaciones premiadas".
Batista está en el epicentro de la crisis institucional que vive Brasil, ya que en sus confesiones acusó a decenas de políticos de recibir sobornos, entre ellos al actual presidente Michel Temer.
La Procuraduría General de la República (fiscalía general) denunció a Temer para que pudiera ser investigado, pero la Cámara de Diputados archivó la denuncia.
Desde que en marzo de 2014 empezaron las investigaciones de la Operación Lava Jato, muchos políticos cuestionaron la validez de las delaciones premiadas por considerar que favorece a delincuentes que pueden ver reducida su pena a cambio de aportar información que no siempre es verídica.
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