Solo 12 de 16 participantes en una reunión de cancilleres en la capital peruana firmaron hoy una declaración hostil al gobierno y pueblo de Venezuela, que incluye una sanción tácita y se abstiene de cuestionar a la oposición de ese país.
El pronunciamiento fue anunciado en una conferencia de prensa realizada con más de tres horas de retraso respecto a lo previsto en el programa y al parecer por dificultades para un pleno consenso.
Los cancilleres o sus representantes sesionaron a puerta cerrada y su declaración final condena lo que llama ruptura del orden democrático con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, con lo que anudó su identificación con la oposición venezolana.
El texto lo firmaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, 12 sobre un total de 16.
Sobre las abstenciones, el canciller anfitrión aseguró que países anglófonos comparten las preocupaciones de los firmantes pero no suscribieron la delegación porque sus jefes de Estado tienen una reunión simultánea y correspondería a ellos pronunciarse.
La declaración final establece que los firmantes no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente elegida en Venezuela el 30 de julio, lo que coincide con la posición de Estados Unidos, y brindan su apoyo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Añade que solo reconocerán aquellos contratos de endeudamiento, empréstitos, refinanciamiento de títulos, concesiones y contratos de obras públicas, que cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional si así lo exigiera la legislación venezolana.
El pronunciamiento omite referencias especificas a la violencia opositora y a las intentonas golpistas contra el gobierno bolivariano y plantea su 'enérgico rechazo' a la violencia y al uso de la fuerza en Venezuela, así como su apoyo y solidaridad con la fiscal general de ese país, destituida recientemente.
Individualmente, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que su país no acepta golpes ni autogolpes militares, ni levantamientos militares, sino restablecimiento del orden a través de una negociación 'creíble y sincera con efectos reales'.
El texto condena también la 'violación sistemática' de los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela; la represión y persecución política; la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente, de todo lo cual acusa al gobierno.
La Declaración indica también 'la decisión de los cancilleres de continuar con la aplicación de la Carta Interamericana Democrática' que el grupo ha intentado, sin éxito, que apruebe la Organización de Estados Americanos contra Venezuela.
Aplaude igualmente la decisión del Mercado Común del Sur (Mercosur) y anuncia un virtual boicot a cualquier candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales, y llama a detener la transferencia de armas a Venezuela.
Los 12 cancilleres acordaron también, sin explicaciones, pedir la postergación de la Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos- Unión Europea (Celac-UE), a realizarse en El Salvador en octubre de este año.
El grupo decidió hacer un seguimiento permanente de la situación venezolana, abrirse a adherentes y reunirse a más tardar en septiembre próximo.
En una introducción a la presentación del documento, el canciller Luna calificó como dictadura al gobierno de Venezuela y sostuvo que ese país está en una situación sin salida, aunque alentó una posible negociación con la intervención del secretario general de las Naciones Unidas.
El mismo grupo de cancilleres de países de América que fueron derrotados en varias ocasiones en la OEA intentando agredir a Venezuela se reunieron en Lima para condenar la supuesta ruptura democrática que significó la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela y propusieron una serie de medidas de carácter sancionatorio contra el Gobierno venezolano.
El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, manifestó este martes que la reunión de cancilleres que se realiza en Lima, Perú, es una conjura contra la unión de América y representa una agresión contra Venezuela.
Texto aprobado por Cancilleres del Alba-TCP
Los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, (ALBA-TCP) en ocasión de la VI Reunión Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP, celebrado en Caracas-República Bolivariana de Venezuela, el 08 de Agosto de 2017.
Reconocemos y felicitamos al pueblo venezolano por la jornada democrática del pasado 30 de julio de 2017, conscientes de que celebrar esos comicios y votar en ellos fue un auténtico acto soberano y que solo compete a los venezolanos superar sus dificultades, sin intromisión, amenazas ni condicionamientos injerencistas.
Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral, impuestas contra el pueblo venezolano, constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y Gobierno Bolivariano de Venezuela, para conseguir con ello un cambio de régimen.
Teniendo en cuenta los constantes esfuerzos directos e indirectos de atentar contra la paz y soberanía del pueblo y gobierno de Venezuela, la campaña de desprestigio mediática internacional y las acciones unilaterales, violatorias del Derecho Internacional que afectan hoy la economía venezolana.
Destacando que los enemigos históricos de la integración latinoamericana y caribeña han lanzado una guerra no convencional contra los gobiernos y pueblos que más la han defendido, cuyo único objetivo es destruir los avances alcanzados en la región, dividirnos e imponer nuevamente el modelo económico neoliberal para así poder dominar y controlar nuestras riquezas y someternos al control de los intereses transnacionales.
Recordando la Declaración de la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el pasado 5 de marzo, en Caracas, Venezuela, en la que se afirmó que “la defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos. Es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y El Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI.”
Rechazamos las sanciones arbitrarias e ilegales, impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, contra ciudadanos venezolanos,incluido el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros.
Los países del ALBA-TCP advertimos que se cometen una vez más los mismos errores que los condujeron al fracaso en el pasado.
Declaramos que estas acciones contra Venezuela no conducirán a ninguna solución que favorezca al pueblo ysólo tienen como objetivo generar más inestabilidad, al alentar a los sectores más violentos de la oposición venezolana. Los países y organismos internacionales que propician la violencia y el caos, serán responsables de sus consecuencias
Exigimos la firme e inmediata condena internacional de la violencia, que ha costado lamentables muertes y numerosas pérdidas al pueblo venezolano.
Reiteramos el llamado al establecimiento de un diálogo constructivo y respetuoso con vista a avanzar en la estabilidad política y económica de Venezuela.
Resaltamos el vigor con el que los pueblos latinoamericanos y caribeños defienden los ideales de justicia social y la dignidad del ser humano.
Ratificamos nuestro apoyo a la iniciativa emanada de la 38° Reunión Ordinaria de Jefes de Gobierno de CARICOM, del 06 de julio de 2017, donde ofrecen acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, a fin de reactivar y dar un reimpulso definitivo a dicha iniciativa que busca la paz en el país.
Reiteramos nuestro más firme rechazo a la política hacia Cuba anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de América el 16 de junio de 2017, que revierte avances alcanzados en los dos últimos años y constituye un retroceso en las relaciones entre ambos países y fortalece el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba.
Igualmente, reiteramos la preocupación expresada por los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP en su XV Cumbre sobre el tratamiento que reciben los migrantes latinoamericanos y caribeños, y la necesidad que se respeten sus derechos.
Expresamos que la construcción del muro en la frontera norte de México por parte del gobierno de los Estados Unidos, es una clara expresión de discriminación y rechazo a los migrantes de toda América Latina y el Caribe. Rechazamos las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y caribeños, muchas veces sin respeto a los derechos humanos.
Saludamos los avances que se han alcanzado para la reactivación del Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes del Banco del ALBA.
Nos comprometemos a la observancia y defensa de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estados y de Gobierno de la región en la II Cumbre de la CELAC.
Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe a estar alertas y a unirnos en defensa de nuestra independencia y soberanía regional, así como a cerrar el paso a los que se empeñan en revertir nuestros logros sociales, impedir la integración y la unidad de Nuestra América.
Asimismo, denunciamos la existencia y el desarrollo de un Plan impulsado por el imperio, el cual pretende vulnerar el desarrollo de gobiernos progresistas. Sabedores de este Plan estamos conscientes y dispuestos a hacer frente y dar la lucha como bien lo hizo el aguerrido y digno pueblo venezolano.
Declaración de Lima
Los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en la ciudad de Lima, el día 8 de agosto de 2017, para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada;
Animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, no atenta contra los derechos humanos y la democracia, y es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias;
Declaran:
Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa.
Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.
Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
Su apoyo a la decisión del MERCOSUR de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.
Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.
Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.
Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.
https://www.aporrea.org/internacionales/n312774.html
