Tanto en Brasil como en Venezuela los opositores protestan en las calles para exigir la salida de sus gobernantes; sin embargo, el único Gobierno cuestionado en la Organización de Estados Americanos (OEA) es el de Nicolás Maduro y según los expertos consultados por Sputnik las situaciones de ambas naciones no son comparables.
Para el internacionalista y presidente del Centro de Análisis y Estudios Global AZ, Ghazi Nassendini, Venezuela es objeto de señalamientos en la OEA porque es "un estorbo" para los intereses de Estados Unidos.
"En la actualidad no hay duda que Estados Unidos trata con doble rasero, o evalúa con doble rasero la situación democrática o de respeto y violación a los derechos humanos, en el mundo", aseguró.
A juicio de Nassendini los hechos de Brasil no se pueden comparar con los de Venezuela, porque sostiene que en ese país hubo un golpe de Estado constitucional y hay un gobierno de facto.
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Expulsaron a una presidenta de su investidura unos senadores contados en dos o tres manos, violaron la voluntad de 60 millones de brasileños, incluso a quienes nombran como el principal participe en el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff, fue uno de los principales corruptos del país y está sujeto a investigaciones", añadió.
Rousseff fue destituida el 31 de agosto por 61 votos, contra 20 en el Senado, por culparla de delitos de responsabilidad relacionados con el manejo de las cuentas públicas.
La presidencia de Brasil pasó a su vicepresidente, Michel Temer, del centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, quien ahora está en tela de juicio por sobornos por el caso Operación Lava Jato.
Por su parte, la también internacionalista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Giovanna De Michel opina que existe "una diferencia capital" entre el caso de Brasil y el de Venezuela.
"Y es que en el caso de Brasil las instituciones, los poderes públicos están abocados a llevar adelante los procesos de investigación necesarios y pertinentes para darle respuestas a las demandas del colectivo, lo que hay es un asunto grave en materia de corrupción y las investigaciones pertinentes se están realizando", expuso.
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Sin embargo, en el caso de Venezuela, De Michel sostuvo, que "lamentablemente no hay ninguna institución que en estos momentos, esté abocada a realizar las investigaciones necesarias y suficientes para darle respuestas al colectivo venezolano".
Los mecanismos internacionales como la OEA, expone la internacionalista, se activan cuando los internos no funcionan, "y como no existe la posibilidad de que funcione algún mecanismo a nivel interno en Venezuela, se requiere la activación de mecanismos como la Organización de Estados Americanos", agregó.
Sin embargo, Nassendini cree que en Brasil solo existe una "simulación del reordenamiento legal", de cara a un panorama electoral.
OEA debe respetar la constitución
Además, asegura que la OEA debe apegarse a las leyes y la constitución de cada uno de los países miembros, "ese es el deber ser".
"En esta situación la oposición venezolana está exigiendo a la OEA aplicar una serie de elementos inconstitucionales al presidente Nicolás Maduro o al Gobierno revolucionario bolivariano, como es el caso de unas elecciones generales", indicó.
En tal sentido, manifestó que si el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "se esforzara" por entender la constitución de los países, "hubiese condenado el golpe de Estado, supuestamente institucional que se le dio a la presidenta Dilma Rousseff y no interviniera de una manera flagrante e irrespetuosa y grosera contra el pueblo venezolano", apuntó.
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El Consejo Permanente de la OEA se reunirá este miércoles para consultar a los 35 países miembros acerca de la situación de Venezuela, encuentro al que han confirmado su participación 18 cancilleres.
Sin embargo, el Gobierno venezolano ha indicado que las decisiones que se tomen dentro del referido bloque no afectarán a su país, pues este ya inició el procedimiento para retirarse.
Las calles de Venezuela son desde hace dos meses escenario de constantes manifestaciones contra el Gobierno que han dejado 60 muertos y más de 1.000 heridos, además de cuantiosas pérdidas económicas en saqueos a comercios e instituciones del Estado.
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