Así lo confirma Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que denuncia que las autoridades, en lugar de tomar medidas para proteger a miles de personas afectadas por esta situación, han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y el proceso de desalojo.
"No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones, se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión", ha explicado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España, que asegura que el derecho a la vivienda ni siquiera está "protegido con las máximas garantías en la Constitución".
El oscurantismo de los desahucios por impago de alquiler
Así la organización denuncia que, diez años después del inicio de la crisis económica, el derecho a la vivienda se sigue violando y que, además, no hay datos desagregados sobre los 34.193 desahaucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016.
Además, lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo.
La Policía saca a la fuerza a una activista que se manifiesta para evitar un desahucio en Parla, Madrid. Febrero de 2017Juan MedinaReuters
"Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad", denuncia la directora adjunta.
Según los datos presentados por la organización, en España se produjeron 144.055 desahucios por impago de alquiler desde el año 2013. Solo en el 2016, se efectuaron un total de 34.193 desalojos.
De ellos, el 34% se llevaron a cabo en las provincias de Madrid y Barcelona, con 4.760 y 6.710 desahucios por impago de alquiler, respectivamente.
Además, durante el año pasado, el 11% de las familias no pudieron pagar a tiempo su hipoteca o alquiler, una situación que afectó al 17,3% de los hogares monoparentales.
Madrid y Barcelona, las provincias más afectadas
En el caso concreto de Madrid, la ONG señala que es preocupante el hecho de que haya personas que estén siendo desahuciadas por la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión, llevada a cabo por el Ayuntamiento y la Comunidad entre 2.011 y 2.013.
A pesar de que las autoridades prometieron que las condiciones de los inquilinos no cambiarían, no ha sido así.
Un activista contra los desahucios porta una pancarta entre sus manosJuan MedinaReuters
"Los gastos de alquiler subieron, muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda puesto que ya no son de propiedad pública, y todo ha sucedido en un clima de miedo, estigmatización y desinformación", asegura Koldo Casla.
Es horrible recoger todo lo que has vivido durante ocho años
De esta manera, más de cuatro años después, las personas afectadas siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución.
Este es el caso de Paula, de 39 años, y con tres hijos. Sin haber sido informada del proceso, un día recibió una notificación de cómo la vivienda social en la que vivía desde hacía ocho años había sido vendida a la empresa Encasa Cibeles por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).
"Era desesperante pensar que no podíamos luchar y teníamos que aceptar las condiciones que el nuevo propietario nos imponía", ha explicado la afectada, que cuenta que tras la subida del alquiler, no pudo seguir pagando y finalmente fue desahuciada.
"Es horrible recoger todo lo que has vivido durante ocho años y explicarles a tus hijos, que no entienden que deben dejar su casa, sus recuerdos, su infancia", añade.
Después de decirle que no podría solicitar una nueva vivienda social porque ya había sido adjudicataria de una, el consejo que recibió fue sobrecogedor: ser desahuciada de nuevo para acceder a una vivienda de emergencia social.
"No voy a permitir que mis hijos pasen por eso otra vez. No pretendo vivir gratis, solo una vivienda que podamos pagar", afirma.
En cuando a Cataluña, Amnistía Internacional indica que, a pesar de que se han dado pasos positivos sobre el derecho a la vivienda, los protocolos que existen entre los servicios sociales y las autoridades judiciales para hacer frente a los desalojos no siempre se cumplen.
Como consecuencia, no se garantiza una respuesta efectiva y un alojamiento alternativo a las personas en riesgo de exclusión social, especialmente cuando afecta a menores.
Las mujeres, las que más sufren el problema
La ONG también lamenta que no se tenga en cuenta la desigualdad de género, lo que lleva a una discriminación hacia las mujeres, ya que son quienes más sufren la precariedad laboral y la brecha salarial, además de ser las que a menudo se hacen cargo del cuidado de los familiares dependientes.
Esta desigualdad también se aprecia en la dificultad de acceso a la vivienda social para muchas mujeres víctimas de violencia, a pesar de que en teoría deberían tener prioridad, según estipula la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004.
"De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social", señala Koldo Casla, investigador y autor del informe.
La organización precisa que España destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente a 32% de Holanda, 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia.
El país también se sitúa a la cola en gasto público en vivienda, ya que destina a este servicio el 0,5%, en comparación con otros como Francia (1,44%) o Eslovaquia (0,61%).
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