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| Clara López Obregón, ex-candidata presidencial de Polo Democrático Alternativo |
La ministra del Trabajo, quien es mencionada como una posible candidata presidencial de una coalición de centroizquierda, considera que un gran desafío que enfrenta Colombia en este momento es la unidad de quienes respaldan los acuerdos de paz. Rafael Croda. Corresponsal en Bogotá. La ministra del Trabajo de Colombia y excandidata presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López Obregón, considera que la derecha de su país está empeñada en someter a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “al apartheid político”, a pesar de que esa guerrilla está cumpliendo con su desarme y con su proceso de reincorporación a la vida civil.
López Obregón, quien participó el pasado fin de semana en Cartagena en una reunión entre funcionarios del Gobierno y el alto mando de las FARC, señala que a partir del 1 de junio próximo esa guerrilla habrá concluido la entrega de sus armas a una misión de Naciones Unidas “y eso hará entrar a todos sus integrantes al ejercicio pleno de su ciudadanía, con iguales derechos y responsabilidades que cualquier actor político”.
En entrevista con EL TELÉGRAFO, la dirigente izquierdista dice, sin embargo, que existe una campaña para evitar que las FARC ejerzan sus derechos políticos luego de su desarme, y “esa fronda solo la podemos contrarrestar con la verdad, con la unidad en la diferencia y en el respeto entre todos los sectores que defienden la paz, y con un frente amplio para rodear los acuerdos de paz”.
La ministra, quien ingresó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos como parte de una alianza con la izquierda para apoyar desde una plataforma pluripartidista los pactos con las FARC, sostiene que en este momento la derecha plantea un desafío muy importante a los acuerdos suscritos con esa guerrilla el 24 de noviembre pasado.
Sobre todo porque en Colombia ya comienzan a calentar las precampañas políticas con miras a los comicios presidenciales de mayo de 2018, y eso ha hecho que las fuerzas más conservadoras y reaccionarias del país busquen atacar el pacto de paz con las FARC.
“Está en marcha —dice López Obregón— un proceso muy concertado de todos los sectores de la derecha de abierta rebeldía con el compromiso del Estado colombiano para implementar los acuerdos de paz”. Esta campaña, explica, se expresa en el Congreso, donde la derecha ha obstaculizado la aprobación de las leyes para implementar los acuerdos de paz.
Una de esas leyes es la que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual se encargará de juzgar y sancionar a los guerrilleros, agentes del Estado y civiles que hayan cometido crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano.
Aunque la JEP finalmente se aprobó la semana anterior en el Congreso, el debate legislativo y las dificultades para sacar adelante esa legislación dejaron en claro que hay sectores muy poderosos dispuestos a obstaculizar la paz con las FARC.
No solo el ultraderechista Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, sino Cambio Radical, del exvicepresidente y virtual candidato presidencial de la derecha no uribista, Germán Vargas Lleras; y una facción del Partido Conservador.
Legisladores de esas organizaciones políticas fueron los que más se opusieron a la JEP y hasta lograron modificar un artículo que dificulta procesar a altos mandos militares.
Aquello fue porque en esa ley quedó establecido que los oficiales de las Fuerzas Armadas solo responderán por los delitos graves cometidos por sus subalternos en medio del conflicto si queda suficientemente probado que conocían las actuaciones irregulares de sus subordinados.
Pero aun con esas modificaciones, el expresidente Uribe y su partido insisten en que la JEP garantiza la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los jefes de las FARC.
Ese argumento se basa en el hecho de que esa legislación prevé que los responsables de delitos atroces puedan pagar sus penas con restricción de libertad y con trabajo comunitario, como construcción de infraestructura, erradicación de cultivos ilícitos o labores de desminado.
López Obregón considera “muy grave” que el uribista Centro Democrático, en alianza con el ultraderechista procurador general, Alejandro Ordóñez, quien busca la candidatura presidencial del Partido Conservador, estén promoviendo la recolección de firmas para convocar a un referendo que permita revocar la JEP.
“Esta jurisdicción es uno de los puntales de los acuerdos de paz, y la quieren revocar junto con la norma constitucional que los hace de obligatorio cumplimiento e implementación durante las próximas 3 administraciones presidenciales”, señala la excandidata presidencial de la izquierda.
La posverdad tipo Trump La ministra del Trabajo sostiene que el solo hecho de pretender revocar la JEP y la constitucionalidad de los acuerdos “es muy delicado y es algo que, a través de una campaña muy efectista, con el nuevo esquema de la posverdad, puede generar una desestabilización muy preocupante de los acuerdos de paz”.
La posverdad es un concepto que se ha puesto en boga en el mundo con los triunfos y avances electorales de la derecha populista, desde los impulsores del Brexit en Reino Unido, hasta Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia y Álvaro Uribe en Colombia, que ha logrado convencer a amplios sectores de colombianos de que los acuerdos de paz con las FARC son un “pacto de impunidad” entre esa guerrilla y el gobierno de Santos.
Según el diccionario de Oxford, el fenómeno político de la posverdad implica que “los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales”. Aunque, en ocasiones, los artífices de ese concepto también apelan a las mentiras, las verdades a medias y las distorsiones.
“En eso está la derecha colombiana frente a los acuerdos de paz”, afirma López Obregón.
La ministra, quien es mencionada como una posible candidata presidencial de una coalición de centroizquierda que congregue a todas las organizaciones políticas y sociales que respaldan los acuerdos de paz, afirma que ella está dispuesta a participar en un frente amplio que dé garantías a Colombia de una paz duradera, sostenible y con reformas sociales que reduzcan la inequidad. Considera que un gran desafío que enfrenta Colombia en este momento es la unidad de quienes respaldan los acuerdos de paz, porque la derecha apuesta a llegar al poder en 2018.
¿Existe el riesgo de que la derecha gane la presidencia y de que desconozca los acuerdos en 2018?
Pues no pienso que vaya a ganar la derecha —responde—, pero esa es su plataforma para las elecciones de 2018, echar para abajo los acuerdos de paz.
¿Y precandidatos presidenciales como usted pueden aglutinar una corriente de izquierda a favor de la paz? Nosotros actuamos en función del país, no de candidaturas, hemos venido convocando a la más amplia convergencia, de amplio espectro, con todos los sectores que han apoyado la paz para hacerle frente a esa amenaza.
Llamo y me hago parte de esa unidad, porque la dejación de los fusiles por parte de las FARC no es el punto de llegada del acuerdo de paz, sino el punto de arranque para un cambio transformador en esta sociedad que está gritando por más justicia, más equidad y una democracia real.
Hay sectores, como el Centro Democrático del expresidente Uribe, que hablan abiertamente de impedir que las FARC, una vez que se desmovilicen, participen en política.
Eso sería desconocer los acuerdos de paz… Y sería un apartheid político que iría en contra de los acuerdos de paz.
Eso sería algo muy inconveniente para llegar a una paz sostenible en el país. El pasado fin de semana, López Obregón participó en el lanzamiento de una propuesta de reforma política que hizo un grupo de expertos en temas electorales como parte de los acuerdos de paz con las FARC.
La ministra del Trabajo considera que esa iniciativa, que prevé la creación de un Consejo Electoral presidido por una directiva de 5 miembros sin militancia partidista y el financiamiento estatal de partidos emergentes como el que crearán las FARC, es una oportunidad para avanzar en la democratización del país y para debatir el tema “a profundidad”.
“Por lo pronto, lo que estamos viendo es que hay muchas divergencias de opinión, pero mucha unanimidad frente a la necesidad de un reforma política a la altura de un país en paz”.
Según el acuerdo de dejación de armas de las FARC fijado en los acuerdos de paz, esa guerrilla deberá estar desarmada el 1 de junio a más tardar, lo que le permitirá transformarse en partido político y competir electoralmente. (I)
La ministra de Trabajo, Clara López, abanderada de los derechos humanos y de los derechos de los presos políticos, siempre se ha mostrado a favor de la negociación con los grupos insurgentes. Foto: Cortesía / Ministerio de Trabajo de Colombia LOS SONDEOS
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras figura hoy para los ciudadanos como el más probable sucesor de Juan Manuel Santos en la Presidencia de Colombia, según la encuesta Polimétrica de marzo pasado, realizada para Caracol Radio y Red Más Noticias, en alianza con Cifras & Conceptos que dirige César Caballero.
En el estudio se hacen varios módulos de preguntas que pretenden identificar cuáles de los probables candidatos tienen actualmente mayor acogida por los ciudadanos y en todos los casos figura Vargas Lleras (22%) que tendría como más fuertes competidores al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro (7%) y a la congresista Claudia López (6%).
Con cifras más bajas también están Humberto de la Calle, exjefe de la delegación de paz del Gobierno con las FARC; el exprocurador Alejandro Ordóñez, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el senador Juan Manuel Galán y el exministro Carlos Holmes Trujillo.
DATOS SUELTOS Vinculada a la izquierda La economista Clara López Obregón pertenece a una de las familias tradicionales de Bogotá, la del expresidente Alfonso López Michelsen, con quien trabajó como secretaria de la Presidencia, pero su trayectoria ha sido -ante todo- en los movimientos de izquierda.
Los cargos alcanzados Sus primeros pasos políticos los dio al lado de Luis Galán y el Nuevo Liberalismo, con el que llegó a ser concejala de Bogotá.
En 1986 se vinculó a la UP, partido por el que aspiró a la alcaldía de Bogotá en 1988.
En 2011 fue designada alcaldesa encargada de la capital y actualmente es ministra de Trabajo del presidente Juan Manuel Santos.
