El "Manual de Guerra del Departamento Defensa de Estados Unidos", en realidad una Ley del Pentágono para la guerra, sostiene que el derecho de guerra es independiente y reemplaza a todas las otras ramas del derecho, incluidos los tratados internacionales de derechos humanos y la Declaración de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, nada menos que una fórmula para la ley marcial, la dictadura militar y la suspensión de la Constitución.
Citando un tratado jurídico titulado ‘Derecho Militar y de los precedentes’, el manual indica que el derecho de la guerra puede prevalecer sobre la Constitución ‘en el teatro real de las operaciones militares’, y como está señalado por un juez ‘las leyes ordinarias de la Tierra se sustituyeron por las leyes de la guerra’.
La jurisdicción de todo magistrado civil se suspende, y ‘la autoridad militar y la fuerza sustituyen efectivamente su autoridad original, en los poderes de guerra del Congreso y del Ejecutivo, y por lo tanto en su fuente constitucional, el derecho de la guerra puede en su ejercicio reemplazar sustancialmente de manera temporal incluso la propia Constitución’.
Con el mundo entero declarado campo de batalla en la ‘guerra contra el terror’, esta es una fórmula del Pentágono para imponer la dictadura militar en todo el planeta.
Cuando el Pentágono se refiere al ‘derecho de la guerra’, no se está refiriendo a los precedentes históricos o tratados internacionales.
La frase ‘ley de guerra’, en el contexto del manual, es un eufemismo de ‘ley de acuerdo con al Pentágono’.
Bajo tal marco pseudo-legal, el ‘derecho de la guerra’ es una fuente independiente de la autoridad judicial que anula todos los derechos democráticos y arbitra las sanciones por la regla de los militares.
‘Aunque el derecho de la guerra es generalmente visto como ley prohibitiva, en algunos aspectos, sobre todo en el contexto de la legislación nacional, el derecho de la guerra puede ser visto como permisivo o incluso como una fuente de autoridad’.
El ideólogo nazi Carl Schmitt
Esta doctrina es casi una copia de los escritos del jurista nazi Carl Schmitt (1888-1985).
En ‘Estado de excepción’ bajo condiciones de una emergencia nacional, al ejecutivo se le permite anular las protecciones democráticas y no tener en cuenta el estado de derecho.
Bajo esta doctrina, los derechos democráticos no son derogados formalmente, pero se suspenden indefinidamente.
La doctrina de ‘Estado de excepción’ de Schmitt fue utilizada en 1933 como una justificación legal de la ‘Ley para aliviar la angustia de las personas y el Reich’, también conocida como la ‘Ley Habilitante’, que codificó la dictadura de Adolf Hitler.
El manual del Pentágono invoca la teoría de Schmitt en todo menos en el nombre. Habiendo afirmado que el derecho de la guerra es una disciplina ‘especial’ de la ley, en lugar de una disciplina ‘general’, el manual indica que ‘la norma especial prevalece sobre la ley general’.
Para el efecto, una máxima legal agregada se cita como ‘lex specialis derogat legi generali’.
Así, según el Pentágono, el derecho de la guerra es la excepción a la general ley de tiempos de paz, nada menos que una doctrina legal nazi incorporada por el Pentágono en un documento político crucial, por el cual cada vez que la política de conflictos del Pentágono entre en disputa con los tratados de derechos humanos, éstos deben ser ignorados.
El manual continúa: ‘Detrás de este enfoque está el hecho que el derecho de la guerra está firmemente establecido en el derecho internacional consuetudinario como un cuerpo bien desarrollado de ley que está separado de los principios de la ley de aplicación general en tiempos de paz’.
La implicación es que en tiempos de guerra, el inmenso establecimiento militar de Estados Unidos es una rama de separada e independiente del gobierno, sujeto a sus propias normas y sin rendir cuentas a nadie.
A pesar de las referencias a los poderes de guerra del Congreso y el ejecutivo bajo la Constitución de Estados Unidos, las concepciones del Pentágono son lo contrario del marco previsto por los redactores de la Constitución.
La Declaración de la Independencia, en su lista de quejas en contra de la monarquía británica, acusa que el rey ‘afecta para hacer independiente y superior lo militar al poder civil’, y describe al presidente como el comandante en jefe de la marina y el ejército como una forma de expresar la subordinación de los militares al poder civil.
Esta frase no estaba destinada a elevar los militares, con el presidente como su cabeza, en una especie de autoridad suprema sobre el resto del Estado y de la población.
Según el Pentágono, los tratados de derechos humanos, son principalmente aplicables a la relación entre un Estado y los individuos en tiempos de paz.
Por lo tanto, en tiempos de ‘guerra contra el terror’ de alcance y duración indefinidos, los derechos humanos y otras garantías de las libertades civiles no se aplican, con argumentos presentados por el manual para justificar la suspensión de la Declaración de Derechos de todo tipo como una ley de ‘tiempos de paz’, que se sustituye mientras dure la ‘guerra contra el terror’.
Pero ¿por qué detenerse ahí? Las elecciones también forman parte de un sistema de leyes de aplicación general en ‘tiempos de paz’.
¿Qué pasa con otras libertades civiles?
¿Y el derecho a la libertad de expresión o el derecho a formar partidos políticos?
¿Qué pasa con el derecho a un juicio con jurado?
¿Y el derecho a la privacidad, y la prohibición de castigo cruel e inusual?
¿Qué pasa con las leyes contra la discriminación racial o el derecho a un salario mínimo?
Llevado a su conclusión lógica, la Ley del Manual de Guerra justifica la imposición de una dictadura militar, la suspensión de todos los derechos democráticos contra toda clase de disidentes como derecho y obligación de segregarlos de la comunidad normal durante la duración del conflicto, dejando al descubierto planes que se han discutido ampliamente, desarrollados y aprobados en los más altos niveles del Estado.
En tiempos de guerra, la ley se silencia. Según el Pentágono, las masacres de civiles son permisibles si ayudan a lograr ‘objetivos operativos’.
De conformidad con este enfoque, un derecho democrático básico o principio jurídico se afirma en términos abstractos, y entonces será ‘equilibrado’ contra el principio autoritario, con el resultado que el principio básico será privado de sentido.
En otras palabras, después de aplicar la fórmula de ‘equilibrio’, resulta que es aceptable matar a civiles, si en conjunto se espera que una ´ventaja militar’ sea mayor que el daño a los civiles.
Esto hace efectiva la norma que prohíbe matar sin sentido a civiles.
En la práctica, la fórmula de ‘equilibrio’ se traduce en el poder sin trabas de los líderes militares para ordenar asesinatos en masa y destrucción.
‘Por ejemplo’, dice el documento, ‘si un comandante determina que tomar precaución podría resultar en riesgo operativo (es decir, el riesgo de no poder cumplir la misión) o un mayor riesgo de daño a sus propias fuerzas, entonces la precaución no sería factible y no se requiere’.
Esto es un cheque en blanco para los asesinatos en masa de civiles si un líder militar decide que no hacerlo sería un ‘riesgo operativo’.
Si el exterminio de la población de una ciudad hostil reduciría el ‘riesgo de daño’ a las fuerzas estadounidenses, entonces el Manual Pentágono lo permite.
El manual también codifica el término tendencioso de ‘escudos humanos’, en que las muertes de civiles se atribuyen a los objetivos de bombardeos indiscriminados.
‘Una incursión que está sujeta a un ataque podría no tomar las precauciones posibles para reducir el riesgo de daño a los civiles, por la separación de la población civil de los objetivos militares, la capacidad de discriminar y reducir el riesgo de daño a la población civil probable será disminuida por tal conducta enemiga’.
Esto no es más que una justificación con otro nombre para el castigo colectivo. Si el Pentágono identifica un ‘objetivo militar’ en un área densamente poblada, a continuación, los militares supuestamente tienen el derecho legal a anular con explosivos el sitio por extenso que sea y culpar a la población civil por ser ‘escudos humanos’.
El castigo colectivo es, según el derecho internacional, un crimen de guerra. Está diseñado para aterrorizar a una población y desalentar la resistencia.
El manual autoriza expresamente los asesinatos selectivos.
‘Las operaciones militares pueden dirigirse contra combatientes enemigos específicos, y las fuerzas estadounidenses a menudo han llevado a cabo este tipo de operaciones’.
El manual censura y focaliza a los periodistas como ‘beligerantes no privilegiados’, e incluso los trata como espías potenciales. ‘La presentación de informes sobre las operaciones militares puede ser muy similar a la recogida de inteligencia o incluso el espionaje’.
El Manual de Guerra del Pentágono pide por tanto ‘capturar y castigar’ a los periodistas, prohibirles trabajar de forma anónima, y requiere que los periodistas obtengan ‘permiso y documentos de identidad’ de los militares de Estados Unidos para llevar a cabo su trabajo’.
José Couso, víctima del permiso autoconcedido por las autorides militares de E.E.U.U . para escarmentar a los periodistas que van por libre.
Dice: ‘Un periodista que actúa como espía puede ser objeto de medidas de seguridad y castigado si es capturado. Para evitar ser confundidos con espías, los periodistas deben actuar de manera abierta y con el permiso de las autoridades pertinentes.
La presentación de los documentos de identificación, como la tarjeta de identificación emitida a los corresponsales de guerra autorizados u otra identificación adecuada, pueden ayudar a los periodistas a evitar ser confundidos con espías’.
Los periodistas pueden ser sometidos a censura militar. Declara que ‘puede necesitar censura el trabajo de los periodistas o tomar otras medidas de seguridad para que los periodistas no revelen información sensible al enemigo.
En el marco del derecho de la guerra, no existe un derecho especial para los periodistas de entrar en el territorio de un Estado sin su consentimiento o para acceder a las zonas de operaciones militares sin el consentimiento del Estado que realiza esas operaciones’.
En este marco legal propio de un estado policial autoritario, por ejemplo, se justificaría la creación de un campo de internamiento militar para encarcelar a cada periodista que publique material sensible. No hay nada en el manual que prohibiría el Pentágono lanzar ataques aéreos contra periodistas específicos que considere estar actuando como ‘espías’, y argumenta que quienes critican la ‘guerra contra el terror están ayudando al enemigo’, y de tal manera deben ser tratados como ‘combatientes ilegales’ en el marco del derecho de la guerra, porque están trabajando al ‘servicio de los islamistas que buscan destruir la civilización occidental y volver a crear los califatos’, siendo culpables de ‘escepticismo del poder ejecutivo, socialización profesional, pacifismo pernicioso y cosmopolitismo’, y pueden ser considerados ‘objetivos legítimos’ del ataque militar en el marco del derecho de la guerra.
El manual del Pentágono codifica esta posición y autoriza a los militares para llevar a cabo medidas represivas contra los periodistas que cubren conflictos.
El rostro del soldado que disparó contra José Couso, un crimen impune justificado por la ralea de tertulianos pagados con petrodólares ensangrentados del tito Sam Es significativo que las palabras ‘libertad de expresión’ y ‘libertad de prensa’ no aparezcan en el manual del Pentágono.
En una sección que establece la autoridad del Pentágono como ‘Potencia ocupante’, el manual indica que ‘a los efectos de la seguridad, una Potencia ocupante podrá establecer la regulación de cualquiera o de todas las formas de medios de comunicación (por ejemplo, prensa, radio, televisión) y entretenimiento (por ejemplo, teatro, cine), del correo y de otros medios de comunicación.
Por ejemplo, una Potencia ocupante podrá prohibir totalmente la publicación de periódicos que representan una amenaza a la seguridad, o puede prescribir normas para la publicación o difusión de los periódicos de otros medios de comunicación con el propósito de cumplir con sus obligaciones de restablecer el orden público’.
Una nota al pie incluye la advertencia que ‘esta sub-sección se centra únicamente en lo que está permitido por la ley de la guerra y no se ocupa de las posibles consecuencias de la censura bajo la Primera Enmienda de la Constitución’. Presumiblemente, los autores sostienen que se aplica la Primera Enmienda sólo en ‘tiempos de paz’, y que está superada por la ‘ley especial’ del Pentágono en toda la duración de la ‘guerra contra el terror’.
El Manual de Guerra del Pentágono autoriza pues el asesinato de civiles durante los conflictos armados y establece un marco para las detenciones militares masivas. Discute libremente el uso de armas nucleares, y no prohíbe el napalm, las municiones de uranio empobrecido, bombas de racimo y otras armas indiscriminadas.
El manual es una expresión de la incompatibilidad del militarismo imperialista y la democracia.
En los 27 años transcurridos desde la liquidación de la Unión Soviética, y en especial durante los 16 años transcurridos desde el lanzamiento de la llamada ‘guerra contra el terror’, Estados Unidos ha estado perpetuamente en guerra, tratando de compensar su decadencia económica por las amenazas y la violencia militar en todo el mundo, difícilmente se puede esperar que permanezca fiel a la ley y los principios democráticos de la nación.
(Fuente: http://noficcin.blogspot.com.es/)
Publicado por posesodegerasa
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