El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó formalmente al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones de la Nación Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa en el marco de las denuncias penales que se hicieron por supuestos delitos por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino.
En un dictamen, el fiscal impulsó la acción penal con el objeto de iniciar una investigación para “corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal” tramitado en el expediente sobre el concurso del Correo.
“En la presente investigación se deberán verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”, sostuvo el fiscal.
Zoni tomó en cuenta las presentaciones efectuadas por el abogado Daniel Igolnikov y por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro.
De las denuncias surge una audiencia realizada en junio de 2016 entre funcionarios del Gobierno, en cabeza de Mocoroa, y el Correo Argentino, propiedad de la familia Macri.
Según remarcaron los denunciantes, el Estado ofreció cobrarle al Correo Argentino el 50 por ciento de la deuda y a pagar en el 2032 y 2033.
En ese sentido, advierten que tomando en cuenta los intereses de la deuda original que era de 296 millones de pesos, hubo una quita de 70.163 millones de pesos, el 98,82 de la quita de la suma original.
Además, los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco.
Las acusaciones judiciales aseguran que Mocoroa, quien ya dejó el cargo que ocupaba, actuó bajo las órdenes de Macri, al realizar una “propuesta abusiva, irrazonabale y ruinosa para los intereses de la comunidad”.
También, los denunciantes agregaron que el propio Macri cedió sus acciones de SOCMA, pero se quedó con un “usufructo” de las mismas, por lo que continúa siendo beneficiario económico del holding.
El fiscal Zoni también se hizo eco de lo advertido por su colega ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin, donde se tramita el concurso preventivo.
“La fiscal general ha sostenido que si bien a primera vista la propuesta recepta los requerimientos del Estado Nacional, el análisis económico lleva a concluir que la propuesta aceptada no implica mejora alguna”, sostuvo Zoni.
“Ello toda vez que el porcentaje de quita para mejora de la oferta efectuada y aceptada asciende al 98,82 del valor del crédito del Estado Nacional lo que la convierte en una propuesta abusiva, resultando inexistente una mejora que justifique el cambio de posición del Estado que da la conformidad”, subrayó en su requerimiento.
También, valoró la opinión de la fiscal Boquin sobre que la actuación del abogado Mocoroa “debió contar con autorización expresa de autoridad competente, máxime que en el caso por la entidad económica de los intereses en juego la cuestión ameritaba la intervención del Poder Ejecutivo”.
Zoni fundamentó la apertura de una investigación a raíz de las sospechas que está teñido el expediente 94360/01 caratulado “Correo Argentino s/concurso preventivo”.
Al respecto, consideró que ya pasaron más de 15 años de la existencia de la deuda y que el acuerdo podría provocar un perjuicio patrimonial multimillonario.
En ese sentido, pidió investigar si existió un “cambio de estrategia” del Estado Nacional en el marco del concurso preventivo, a partir de que prestó conformidad a una “propuesta abusiva que implicaría un perjuicio patrimonial”.
Planteó, además, que la actuación de Mocoroa al ofrecer las condiciones de pago de la deuda no correspondería por no tener competencia para ello y haber sido designado con carácter transitorio.
“Resulta pertinente destacar que dicho funcionario desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación que a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”, señaló.
Ante el juez Lijo el fiscal ofreció algunas medidas de prueba para avanzar en la causa.
Para el gobierno ”no hay un conflicto de intereses” y acusa al kirchnerismo
El Jefe de Gabinete dijo que no es un tema político sino ”técnico-judicial” y pedirá que se investigue por qué no se llegó a un acuerdo antes.
A lo largo de la conferencia de prensa que brindó en Olivos, junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, Peña anunció que el Poder Ejecutivo pedirá a la Cámara Federal que “aborde de manera integral” el caso. Además, dijo que se le solicitará a la Auditoría General de la Nación que se expida al respecto, antes de la firma de un acuerdo y definió al escándalo como un problema “de índole técnica y judicial”.
En ese marco el jefe de ministros anticipó que el Gobierno solicitará “una audiencia de carácter urgente” a la Cámara para pedirle que “aborde la problemática de manera integral” y que investigue, además, los motivos por los cuales los sucesivos gobiernos desde 2002 no llegaron a un acuerdo con el Grupo Macri por el Correo.
La comunicación del Gobierno volvió a recurrir a su caballito de batalla preferido y retomó el relato de la “pesada herencia”. Por eso Peña no dudo en dejar de lado la firma del acuerdo cuestionado en la justicia y puso el foco en que pedirá que se investiguen las razones por las cuales los gobiernos del Frente para la Victoria no sellaron un acuerdo con el Grupo Macri.
“Esto es una discusión de carácter judicial que viene dándose hace muchos años, desde 2002, en el marco de la ley de quiebras. Luego de 12 años de desidia y no resolución por parte de las autoridades del gobierno anterior, el Ministerio de Comunicaciones trabajó en un esquema de un acuerdo para poder darle fin a esta discusión que claramente perjudicaba al Estado al no resolverse”, sostuvo Peña.
Diputados piden interpelar a Macri, Aguad y Marcos Peña por la condonación millonaria
La diputada nacional Soledad Sosa, del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores, presentó un proyecto de interpelación para que concurran a la cámara de Diputados en una sesión abierta a dar explicaciones por el hecho: al jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de comunicaciones Oscar Aguad y en su turno el presidente Mauricio Macri.
“La condonación presidencial sobre la deuda de la empresa familiar Macri es una usurpación de las finanzas del Estado, es un agravio a todas las instituciones, por eso reclamamos la interpelación del Presidente, del jefe de gabinete y del ministro de comunicaciones que vengan al recinto a dar explicaciones en una sesión abierta y transmitida en cadena pública.”
“Se trata de un beneficio no ya para los amigos del poder, sino directamente a los padres y hermanos del poder, con el antecedente de haber intentado beneficiar a familiares de funcionarios públicos con el blanqueo de capitales. Para los ex y actuales trabajadores del Correo a quienes les deben el pago de las acciones de Propiedad Participada (PPP) solo ha habido ninguneo por todos los gobiernos desde la privatización menemista de 1997. Nuestra banca presentó un proyecto de ley de resarcimiento de estos trabajadores que reclamamos sea aprobada. Esta condonación estatal es parte de un rescate sistemático del Estado y sus partidos patronales a la clase capitalista que rechazamos profundamente”.
Juez que decretó la quiebra del Correo: “No tiene sentido cobrar el 1%”
El ex juez comercial Eduardo Favier Dubois, quien decretó la quiebra del Correo Argentino, consideró “no tiene sentido que el Estado acepte cobrar el 1%” de la deuda que la empresa mantiene desde hace 15 años, y que además “esté con la contingencia de un juicio millonario en su contra”.
“No tiene sentido que el Estado acepte cobrar el 1% y esté con la contingencia de un juicio millonario en su contra. Firmar para recuperar el 1% de la deuda y después tener una demanda atrás, no resiste”, opinó Dubois en diálogo con FutuRock FM.
Respecto al acuerdo, el exmagistrado señaló que “la Ley de Quiebras dice que se suspende los intereses de las deudas, pero no que se eliminan”. El acuerdo avalado por el Gobierno acepta cobrar $ 555 millones en cuotas hasta 2033, sobre una deuda de $ 300. Para la fiscal ante la Cámara Federal, Gabriela Boquín, ese acuerdo tendría un serio perjuicio para los fondos públicos e implicaría un beneficio al Grupo Socma. Para el Gobierno, en cambio, todo se hizo de forma transparente, y asegura que no se le perdonó “ni un mango” al padre del Presidente.
“Yo decreté la quiebra cuando era juez. El juez tiene prohibido avalar una propuesta abusiva. Y eso tiene que contemplar el valor real”, afirmó Dubois. Y agregó: “La única forma de avanzar era aceptar una propuesta que consideraban ruinosa. En 2003 el Correo le hizo a una propuesta al Estado y el Estado no la aceptó”.
Por último, el exmagistrado sostuvo que la Cámara Federal “debería llamar a una nueva audiencia” para resolver la disputa.
