Yolanda de Barcacía dice tener documentos con nombres, cédulas y libros en los que se identifican personas que murieron en el barrio de El Chorrillo el 20 de diciembre de 1989, al calor de las bombas de la milicia de Estados Unidos.
Es discreta, habla pausado, pero cuando se refiere a la invasión frena toda expresión a su alrededor: “el cálculo de los chorrilleros es que fueron dos mil muertos”.
Sin embargo, veintiséis años y medio después, Panamá no ha podido generar consenso sobre ese detalle. Los muertos de la invasión han quedado enterrados bajo el exuberante ritmo de crecimiento del país, sin identificación ni derecho a homenaje.
La Organización de Naciones Unidas ha estimado que poco más de 500 personas fallecieron durante la invasión, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha informado al menos 345 y las organizaciones de víctimas establecen la cifra de hasta 5,000.
“Pero la verdad tiene que ser única”, dice el ingeniero Juan Planells, que ha quedado a cargo de la comisión que pretende darle rostro y nombre a los muertos, y así conseguir que el país les rinda honor. Sacarlos del anonimato eterno.
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Planells: Ya es hora. Ha pasado mucho tiempo… 2 6 años es demasiado tiempo
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Planells: Ese es nuestro principal enemigo. Hay que evitarlo en los jóvenes sobre todo, porque aun cuando no hayan vivido la invasión, la generación millenial es muy sensible.
La hazaña de ubicar los muertos (y los vivos)
Antes de recoger las versiones y documentos que den pistas de la verdad, la Comisión "20 de diciembre de 1989" se ha planteado determinar de cuándo a cuándo fue la invasión militar. La intervención, recuerda Planells, empezó la noche del 19 de diciembre, pero su fin es todavía tema de debate.
Rolando Murgas Torrazza, otro de los comisionados, cree que el período de investigación bien puede extenderse hasta marzo de 1990, dos meses después de que Manuel Antonio Noriega, el objetivo de la “Causa Justa”, se entregó a Estados Unidos, cuyos militares lo asediaron con bocinas con ' heavy metal' a todo volumen, afuera de la Nunciatura Apostólica, en Paitilla.
En la investigación “La verdad sobre la invasión”, publicada por la revista Lotería en 1994, el sociólogo y dirigente de izquierda Olmedo Beluche recoge testimonios de familiares de fallecidos por la intervención no sólo en El Chorrillo.
La lista se amplía a Balboa, San Miguelito, Río Hato, Colón, Chilibre y Tumba Muerto. También, dice, hubo intervenciones del Comando Sur de EEUU en Santa Fe de Veraguas.
"Hay cajas con documentos rodando y tendremos que pedir la desclasificación de información a Estados Unidos”, insiste Planells en una entrevista con TVN Noticias en la que no desestima que las pesquisas puedan levantar espinas en “algunos” sectores políticos del país.
Temiendo a eso, el Gobierno ha prometido que la investigación “será científica y desapegada de intereses políticos”.
Luis Cedeño, miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre, asegura que para llegar a la verdad final, la Comisión no sólo tiene que ser “independiente e imparcial”, sino “transparente”.
Cerca suyo, afuera del Salón Amarillo de la Presidencia, donde se hizo el anuncio de la integración de la Comisión, el miércoles, los comisionados se adelantan a ese supuesto: han anunciado que habilitarán un portal web para aquellos que quieran aportar datos, lo hagan sin mayores cortapisas.
“Hay que buscar información de las fuentes primarias, de los afectados, y es imprescindible hacer evaluación de todo el daño desde la invasión norteamericana hasta nuestros días. Sin eso no vamos a poder recuperar la memoria histórica”, sostiene, por su lado, Elena Miró, una de los ciudadanos que se acercó a la instalación de la comisión.
Si bien ella no perdió a un familiar alguno durante la invasión estadounidense, cree que la medición del daño debe abarcar a la gente que sigue con vida y que comúnmente queda invisibilizada.
Secuelas que perviven
Según la Cámara de Comercio, la invasión causó hasta $2 mil millones en daños al país. En el barrio más afectado por la intervención (El Chorrillo), todavía gravitan las secuelas de la crisis de esa noche del 89.
Casas en decadencia, armas sin control y delincuencia. Tal cual en 1990. Uno de los tantos estudios sobre el tema que recoge la revista Lotería de noviembre de 1994, establece que poco después del 20 de diciembre habían más de 160 familias chorrilleras residiendo en la Universidad de Panamá.
En ese sentido, Ernesto Fitzroy Hay, un joven vendedor de oro que vivió de niño la invasión, asegura que la investigación también debe poder recoger el impacto de los hechos en los hoy adultos de al menos 30 años.
Post invasión, en todas esas áreas donde hubo conflicto directo, gran parte de los niños quedaron en pandillas. Esa es una de las principales secuelas”, sostiene Fitzroy.
Planells contempla todo eso. "Esta einvestigación no es sólo sobre los fallecidos. Hay gente que quedó con discapacidades, hubo afectaciones de bienes, y eso también se va a determinar”.
“Si bien, la comisión no definirá las reparaciones a las víctimas, porque es algo que le compete a la esfera judicial, este informe dará luces sobre eso”, afirma.
Pero Yolanda de Barcacía se sacude de tantas proyecciones sobre la Comisión "20 de Diciembre de 1989". Cree que ha llegado el tiempo de que los deudos y el país se quiten de encima el peso de los muertos sin nombre y sin descanso, y los pongan en un lugar justo.
"Esta es la primera vez que en 26 años vemos aunque sea un cachito de luz. Llegó la hora de la verdad”.
http://www.tvn-2.com/nacionales/Invasion-panama-EEUU_0_4534796543.html
