Nicaragua: LOS HEROES DE “LA RENTA” -

¿Sienten vergüenza por invocar a la ultraderecha norteamericana en contra de su país?

 No, las sonrisas en sus rostros lo dicen todo. Junto a la congresista Ileana Ros-Lehtinen –de claras ideas fascistas-, aparecen Ana Margarita Vijil, presidenta del MRS

Cualquier ley que se pudiera aprobar en el Congreso de Estados Unidos para presionar al gobierno de Nicaragua por asuntos políticos y restringir los préstamos en las multilaterales, para satisfacer demandas de la "oposición criolla", solo afectaría a los más pobres… 

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El economista y Presidente de COPADES, Néstor Avendaño, dijo a INFORME PASTRAN que “en la actualidad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA) prestan anualmente al sector público de Nicaragua alrededor de US$210 millones y US$40 millones respectivamente para la ejecución de programas y proyectos de inversión, que representan el 62% del total de préstamos oficiales que recibe Nicaragua de fuentes bilaterales y multilaterales de cooperación”… 

“Desde 2009, después de la denuncia de la oposición política sobre un fraude electoral municipal, ambas instituciones financieras multilaterales no conceden a Nicaragua préstamos de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario.

 Además, el FMI tampoco concede préstamos para apoyo a la balanza de pagos del país, o sea, para aumentar las reservas internacionales del país, porque el gobierno no volvió a suscribir un nuevo programa económico desde 2012”, anotó… 

Avendaño estima que “con el supuesto de que se estableciera un boicot financiero desde el BID y el BM/IDA con la aprobación de la ley Nica Act, su impacto en Nicaragua se podría caracterizar por el empobrecimiento de la población rural, la caída de la inversión pública en infraestructura económica que desaceleraría la inversión privada, un menor crecimiento económico, la reducción del gasto de consumo público y el consecuente desempleo en la actividad del Gobierno Central, el deterioro de los indicadores sociales, la mora en el pago de la deuda pública externa con las dos instituciones financieras multilaterales, y la creciente volatilidad del tipo de cambio financiero y de la presión inflacionaria que provocarían una fuga de capitales”… 

Por tanto, Estados Unidos tiene que sopesar que eso también debilitará la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional y eso pone en peligro su seguridad nacional, al debilitar el muro de contención en que se ha convertido Nicaragua…

 “Habría que tomar en cuenta la existencia de un importante riesgo geopolítico con la aprobación de la Ley Nica Act. 

Aunque Nicaragua coopera con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular, el Triángulo del Norte podría transformarse en el Rectángulo del Norte”, resaltó Avendaño.

La iniciativa de ley conocida como Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) of 2016, o llamada coloquialmente Nica Act, fue promovida por la congresista republicana de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen junto a su colega demócrata, Albio Sires.

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 Se trata de una iniciativa bipartidista que fue aprobada de forma expresa y por unanimidad, lo que ha generado asombro.

Tras el visto bueno de la Cámara de Representantes ahora la iniciativa, que impone sanciones al gobierno de Ortega, por las violaciones a los derechos humanos, el retroceso de la democracia en Nicaragua y el desmantelamiento de un sistema de elecciones libres, debe ser ratificada por el Senado, para que se convierta en ley.

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Estos son algunos de los puntos más importantes que establece la iniciativa, registrada en el Congreso de Estados Unidos bajo el código H.R.5708:

1. De convertirse la iniciativa en ley obliga al Gobierno de Estados Unidos a oponerse a los préstamos de las instituciones financieras internacionales solicitados por el Gobierno de Nicaragua -siempre que no sean para hacer frente a las necesidades humanas básicas o promover la democracia-, a menos que el Gobierno de Nicaragua tome medidas eficaces para realizar elecciones libres, justas y transparentes, y para otros fines.

2. El Presidente dará instrucciones al Director Ejecutivo estadounidense en cada institución financiera internacional para utilizar voz, voto, y la influencia de los Estados Unidos para oponerse a cualquier préstamo para el beneficio del Gobierno de Nicaragua, a menos que el Secretario de Estado certifique e informe a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas eficaces para: realizar elecciones libres, justas, transparentes y supervisadas por observadores electorales nacionales e internacionales creíbles; la promoción de la democracia, así como un sistema judicial y consejo electoral independientes; fortalecer el estado de derecho; y respetar el derecho a la libertad de asociación y de expresión.

3. En lo relacionado al Waiver, la iniciativa establece que el el Presidente podrá renunciar a la dispensa si él determina que dicha renuncia es de interés nacional de los Estados Unidos.

4. La iniciativa establece que la política exterior de Estados Unidos en relación a Nicaragua debe estar sustentada en el apoyo a el Estado de Derecho y un poder judicial y electoral independientes, el apoyo a las organizaciones pro-democracia independientes en Nicaragua, el apoyo a elecciones libres, justas y transparentes que cuenten con observadores internacionales y nacionales en Nicaragua en 2016 y 2017.

5. El Secretario de Hacienda de Estados Unidos presentará a los comités pertinentes del Congreso un informe escrito en el que incluirá información sobre la eficacia de las instituciones financieras internacionales en la aplicación de salvaguardas aplicables a Nicaragua.

6. El Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID) deben dar prioridad a la ayuda exterior para el pueblo de Nicaragua, con el fin de ayudar a la sociedad civil en los programas de democracia y gobernabilidad, incluyendo la documentación de respeto a los derechos humanos.

7. A más tardar 120 días después de la fecha de la promulgación de esta Ley, el Secretario de Estado, en consulta con la comunidad de inteligencia (como se define en la sección 3 (4) de la Ley de Seguridad Nacional de 1947 (50 USC 3003 (4)) , presentará al Congreso un informe sobre la participación de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, incluyendo a los miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, en actos de corrupción pública o violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. 

El informe requerido se presentará de forma no clasificada, pero puede contener un anexo clasificado. 

La porción no clasificada del informe se pondrá a disposición del público.

http://www.informepastran.com/index.php/2016/09/19/iniciativa-nica-act-solo-afectaria-a-pobres/