Lula no debería ser juzgado por poseer un apartamento triplex que nadie probó que es de él. Hay cosas mucho más graves.
El 13 de setiembre, Joaci Cunha, profesor de la Universidad Católica de Salvador, presentó la conferencia “Finaciarización y efectos sobre la estructura agraria brasilera”, durante el coloquio del Instituto Humanitas Unisinos.
Según él, en los últimos 50 años, la ampliación latifundista en el Brasil ocurrió en dos momentos principales:
Durante la dictadura militar de 1964 y, vean sólo, bajo los gobiernos petistas.
De 1967 a 1977, lo generales ampliaron el área ocupada por grandes propiedades en el Brasil en cerca de 70 milllones de hectáreas.
Durante los gobiernos Lula, ocurrió una concentración latifundista de más de 104 millones de hectáreas, afirma el profesor.
Citando datos del Ipea (Instituto de Investigación Económica Aplicada), Cunha afirma que solamente las exportaciones del complejo de soja se apropiaron de 129 millones cúbicos (m³) de agua, en 2013. Un volumen equivalente al consumo anual de las poblaciones chinas y latinoamericanas juntas.
Mientras la agricultura familiar, responde por 70% de la producción de alimentos y emplea 74% de la fuerza de trabajo rural del país.
Pero recibe apenas 14% del crédito agrícola nacional y ocupa 24% de las tierras agro-cultivables.
Hubo avances, admite el conferencista, pero fueron sectorizados y particularizados, aumentando la diferenciación entre los campesinos.
La agricultura familiar llega a superar la producción del agro-negocio en la producción de café, arroz y maíz.
Pero en otros sectores, 80% de los campesinos apenas consiguen generar ingreso para mantener a su familia.
Y en ciertas regiones, 20% de ellos no generan ingreso alguno.
Estos son los verdaderos crímenes por los cuales Lula y sus dirigidos deben responder ante los tribunales de la Historia. Y mucho más...
Más pruebas
En noviembre de 2006, Lula afirmó que la cuestión indígena estaba entre las trabas al desarrollo nacional.
Esta visión se tradujo en una política de enorme desprecio por las causas indígenas.
En cuanto a la homologación de sus tierras, por ejemplo, los gobiernos petistas perdieron con los del PSDB por el resultado de 84 a 148, según la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).
El otro lado de esa política fue la entrega y destrucción de territorios indígenas a los grandes proyectos como Belo Monte y el Complejo Tapajós.
Obras que hacían parte del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC), utilizado abundantemente por Lula para elegir su sucesora.
Pero lo más grave son los siguientes números divulgados por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI)...fueron registrados 167 asesinatos de indígenas en el gobierno FHC (Fernando Henrique Cardoso), media de 20,8 muertes por año.
Mientras en el gobierno Lula el número subió a 452 asesinatos, 56,5 de media por año, un crecimiento de 271%.
En 2011, primer año del gobierno Dilma, fueron contabilizados 51 asesinatos de indígenas por el CIMI y en 2012 otras 57 muertes, de acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), media de 54 muertes por año, próxima a la del gobierno Lula y 260% mayor de que el gobierno tucano (NdT: del PSDB).
Esos datos vergonzosos son el producto directo de la apuesta de los gobiernos petistas en complejo empresarial “agro-minero” dominado por los gigantes del sector.
Son esos los crímenes que Lula realmente cometió mientras ocupó o frecuentó el Palacio del Planalto.
Y por ellos debería responder.
Son ellos que debemos recordarse para que la lucha por derribar a Temer, jamás se confunda con movilizaciones por la vuelta del PT al poder.
Sergio Domingues es sociólogo y funcionario público federal
Correio da Cidadania
Traducción: Ernesto Herrera
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