Mientras el Senado consumaba la destitución de la presidenta electa Dilma Roussef, en las calles los movimientos sociales manifestaban su repudio al mismo:
”Hoy la resistencia apenas comienza.
En las calles y en las instituciones. En los locales de estudio, trabajo y vivienda y antes de lo que piensan, el pueblo brasileño retomará el camino”.
El Senado brasileño consumó el golpe de Estado en ese país.
La mandataria constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, fue señalada como culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder Ejecutiva.
Con 61 senadores a favor, y 20 en contra y un quórum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente.
La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.
Dilma Rousseff no fue inhabilitada políticamente, debido a que no se obtuvieron los dos tercios (54 votos) necesarios de apoyo para la aprobación de la medida.
Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015.
El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida definitivamente por más de dos tercios del Senado.
Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del país sudamericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación, en el poco tiempo que lleva en el poder, de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y la privatización de servicios y beneficios para el ciudadano común.
Temer, señalado como retrógrado, está por echar marcha atrás en las reivindicaciones sociales alcanzadas por los más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.
El golpe blando
Para nadie en Brasil era un secreto que el impeachment contra Rousseff se trataba de un “golpe blando”, tal como lo calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel:
“Los golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente en países como Honduras (con Manuel Zelaya) y Paraguay (con Fernando Lugo).
Ahora, la misma metodología, que no necesita a las Fuerzas Armadas, se está utilizando aquí en Brasil”, manifestó.
El abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, calificó el proceso judicial como “una gran farsa” y un golpe contra la democracia.
Durante el proceso, incluso se filtraron grabaciones secretas en las que se desprendía la premisa de que el impeachment solo fue un intento de frenar las investigaciones del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó tanto al partido de Rousseff como al de Temer.
“Hay que resolver esa mierda.
Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría”, afirmaba en las grabaciones el exministro de Planificación, Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio.
El entonces ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también cayó tras otra filtración en la que se evidenciaba que criticaba la investigación de la corrupción en Petrobras.
Aunque la defensa de Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir tales grabaciones entre las pruebas a ser analizadas para demostrar que el impeachmet carecía de fundamento; el senador Antonio Anastasia (encargado de elaborar el informe final y favorable al impeachment) rechazó el pedido y consideró los hechos “ajenos al objeto del proceso”.
Movimientos contra Tener
Luego del 12 de mayo, cuando Rousseff fue separada del cargo, las movilizaciones en contra del Gobierno interino de Michel Temer empezaron a reproducirse en todo el territorio nacional, e incluso fuera de las fronteras brasileñas, y cada vez se hace mayor el rechazo, lo que demuestra el poco apoyo popular con el que cuenta Temer.
Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, incluso sirvieron de escenario para alcanzar una mayor visibilidad internacional a las protestas llevadas a cabo en contra del presidente interino.
Para el mes de junio, de acuerdo con el sondeo de MDA / CNT el Ejecutivo de Temer solo contaba con una valoración positiva del 11,3%, mientras que el 30,2% por ciento considera regular su gestión.
La encuesta también indicó que el 50.3% de los consultados aboga por la celebración de las elecciones anticipadas este mismo año, frente al 46,1 por ciento que cree que los comicios deben realizarse en 2018 como estaba previsto.
A este respecto, Rousseff propuso y prometio públicamente que si retomaba sus funciones celebraría un plebiscito para consultarle al pueblo si realmente deseaba adelantar las elecciones presidenciales:
“La restauración plena de la democracia requiere que la población decida cuál es el camino para ampliar la gobernabilidad y mejorar el sistema político electoral brasileño”, opinó Rousseff.
En cuanto a Temer, pese al voto de confianza que los mercados depositaron en el Gobierno del ex vicepresidente, éste no consigue salir de la crisis producto de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto su partido.
A esto se le suma el hecho de que Temer lucha por estabilizarse en medio de fuertes cuestionamientos por su legitimidad y de una severa recesión económica.
Los movimientos del Frente Brasil Popular se manifiestan contra el golpe
A través de una carta pública, los movimientos que integran el Frente Brasil Popular expresaron su repudio a la decisión del Senado para destituir a Dilma Roussef, la presidenta electa: “Hoy la resistencia apenas comienza.
En las calles y en las instituciones.
En los locales de estudio, trabajo y vivienda. Antes de los que piensan los usurpadores, el pueblo brasileño será capaz de rechazar sus planes y retomar el camino de los grandes cambios”, manifiestan los movimientos en la nota.
“La mayoría de los senadores brasileños se arrodillaran frente al fraude y a la mentira, aprobando un golpe parlamentario contra la Constitución, la soberanía y la clase trabajadora.
Los golpistas quieren, entre otras medidas, reducir inversiones en salud, educación y vivienda, eliminando derechos laborales, acabar con la vinculación de la jubilación básica al salario mínimo, enterrar la reforma agraria y vaciar programas sociales, señala en su misiva el Frente Brasil Popular
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