Sin duda la ortodoxia liberal es, y ha sido, absolutamente eficaz en la creación de una terminología eufemística y aséptica para denominar medidas, situaciones o políticas que suponen de una u otra forma el empeoramiento de las condiciones de vida y empleo de muchas personas y el enriquecimiento de otras.
Claros ejemplos los tenemos en los términos, ya de uso común, como flexibilización, desregulación, liberalización, consolidación fiscal, moderación salarial, reformas estructurales y, por supuesto, austeridad y austeridad expansiva…
En el caso concreto del término austeridad, las connotaciones positivas de rigor y moderación frente al despilfarro han enmascarado reducciones del gasto público, que en la práctica han supuesto la desaparición o la degradación de servicios públicos esenciales para garantizar un mínimo nivel de vida de la población –protección social, prestación por desempleo, sanidad, etc.- o han puesto freno a la capacidad de desarrollo económico –congelación del presupuesto en educación o I+D-.
Un foco esencial de la austeridad es la “devaluación competitiva”, basada en la bajada de salarios, abaratamiento del despido y precarización del empleo.
Otra consecuencia, que a su vez es toda una declaración de intenciones políticas, es asumir el empobrecimiento y aumento de la desigualdad económica como un elemento estructural, puesto que el diseño de las políticas protege las posiciones financieras de las rentas altas, en perjuicio de la calidad de vida de las rentas medias y bajas.
El capitalismo financiero se ha quitado la careta, haciendo patente la disparidad de poder económico e influencia en las instituciones de las diferentes clases sociales.
Lo más curioso es que se sigue insistiendo en la teoría de la “austeridad expansiva” con este escenario de estrangulamiento económico resultado de una demanda deprimida por las reducciones salariales y ausencia de un presupuesto público de estabilización; algo así como el milagro de los panes y los peces trasladado a la recuperación económica de la eurozona.
La consecuencia es que quedan pocos meses para que se cumplan nueve años del inicio de la crisis y el FMI asegura que “la recuperación mundial continúa, pero a un ritmo cada vez más lento y frágil” y “un riesgo importante es el retorno de la turbulencia financiera, que perjudicaría la confianza y la demanda”.
No debería tenerse ninguna duda del fracaso de las políticas económicas que se han llevado a cabo, pero desgraciadamente parece que la estrategia de las “autoridades europeas” es la de profundizar en el error.
No podemos olvidar que el origen de la crisis y de las políticas actuales se encuentra en los años ochenta, cuando las ideas neoliberales se implantaron en las economías desarrolladas y la fe ciega en los mercados se impuso, y una ola de privatizaciones recorrió Europa.
En los años noventa, el objetivo de conseguir la unificación monetaria sacrificó el crecimiento en aras de los objetivos de inflación, déficit público y tipos de interés.
El corsé monetario para conseguir la unificación de las divisas en el euro ejerció una contracción sobre el crecimiento, dado que todo se sacrificó para conseguir los objetivos de Maastricht.
A partir de 1995, la gran reducción de los tipos de interés, convergiendo con los alemanes, consiguió un efecto balsámico, por el efecto riqueza que supuso. La euforia financiera se desató con espectaculares subidas de las bolsas y el crédito comenzó su escalada.
En varios países -Reino Unido, España, Irlanda, Islandia- comenzó a incubarse una burbuja inmobiliaria, basada en financiación abundante, que se apoyaba en garantías hipotecarias cada vez más infladas por la escalada de los precios del suelo y de las viviendas.
El estancamiento de los salarios reales fue atenuado con abundante financiación para el consumo de las familias, para inversiones y gasto corriente de las empresas y para la compra de viviendas.
Sin embargo, la acumulación de deuda privada no era sostenible y los bancos incurrieron en riesgos crecientes.
En este proceso, las finanzas públicas, obligadas a cumplir con los acuerdos de Maastricht, se mantuvieron con déficit moderado, incluso con algunos superávit, salvo los casos de Francia y Alemania, que incumplieron de forma prolongada los acuerdos.
En esta aparente abundancia la corrupción, el cortoplacismo y la falta de estrategia se instalaron mermando las posibilidades de políticas de cambio del modelo económico y por tanto en contra del futuro de la mayor parte de la población.
El estallido de la crisis financiera en Estados Unidos fue el catalizador de la crisis en Europa; la reacción de los bancos siguió el guion establecido, similar al de otras crisis. A una burbuja de crédito le sigue una contracción violenta de la oferta crediticia. Las empresas y familias, fuertemente apalancadas, reaccionaron también siguiendo el guión.
Las familias, reduciendo el gasto, y las empresas, reduciendo la actividad y despidiendo a millones de trabajadores
La crisis económica estaba servida.
La contracción económica originó la caída de los ingresos fiscales, que, con el mantenimiento del gasto público corriente, más el gasto adicional para los desempleados y las enormes ayudas para las diferentes fórmulas de rescate de las entidades financieras, disparó las necesidades de financiación de los gobiernos.
El aumento del déficit y de la deuda pública es una consecuencia de la crisis y no es la causa de la crisis. Las políticas de “ajuste presupuestario” han conseguido múltiples efectos a cuál peor: ahogar aún más una demanda interna absolutamente deprimida y nueve años de recesión o estancamiento -la gran depresión-; profundizar en la desigualdad económica y llevar a la pobreza y al sufrimiento a ciudadanos que tampoco disfrutaron de la bonanza anterior; y, por último, aprovechar el colapso para, con el manido argumento de la “ineficiencia del gasto público”, ceder la gestión de la prestación de servicios públicos a empresas que dudosamente conseguirán mejorar las condiciones del servicio y abaratar los costes.
La austeridad es la cara opuesta del despilfarro, sin embargo la economía de mercado dejada a sus propias fuerzas es una fuente de enorme despilfarro.
Frente a la imagen ortodoxa de la asignación eficiente de los recursos, la realidad que se impone es el fruto de las fuerzas políticas y económicas que conforman la estructura social en la que los mercados se insertan.
Los mercados, las supuestas fuerzas de la oferta y la demanda, necesitan de una regulación eficaz, que va más allá de unas normas de buenas prácticas, sino que exigen un potente régimen sancionador.
En la burbuja hubo, al menos, una expresión de un gran despilfarro en la enorme desviación de recursos a la construcción de viviendas con sobreprecios, que incluían la enorme corrupción que se ha destapado.
Ese despilfarro de recursos financieros y productivos benefició al núcleo de especuladores inmobiliarios y a los políticos corruptos.
Otra profunda manifestación de despilfarro durante la crisis ha sido el enorme talento perdido fuera de España, en la inmensa mayoría de los casos formados con recursos públicos, la ingente fuerza productiva ociosa de empresas o en bajo nivel de actividad, o cerradas, el número elevado de personas sin trabajo, y la cantidad enorme de viviendas sin utilizar o derruidas.
La austeridad impuesta en la Unión Europea es sinónimo de recortes y deterioro para los débiles coexistiendo con los enormes despilfarros, tanto en la burbuja como en la crisis.
La solución de la austeridad apoyada por las fuerzas sociales dominantes no ha consistido sólo en una política de recortes sociales y regresividad fiscal, también ha supuesto una amplificación de la economía del despilfarro.
