A las mujeres que vestían blusas cortas en Ocaña, Norte de Santander,los paramilitares les hacían cortaduras en el estómago cuando las sorprendían en la calle.
A varios homosexuales de la misma zona les borraron tatuajes usando cuchillas. En Puerto Gaitán, Meta, a las jóvenes que no obedecían los toques de queda les cortaban el cabello o las rapaban. Hubo casos en los que algunas jóvenes fueron obligadas a barrer las calles, desnudas.
Y a guerrilleras capturadas en combate las violaban y les mutilaban sus órganos sexuales.
Vejámenes como esos, cometidos por los paramilitares desde finales de los 90 hasta el 2006, fueron documentados en un crudo informe de Justicia y Paz.
Magistrados de ese tribunal en Bogotá recaudaron historias de 269 casos de violencia de género e identificaron siete prácticas recurrentes en el país: violaciones, abusos sexuales, prostitución, esclavitud forzada, tratos degradantes, feminicidios, abortos forzados y torturas.
Esos casos, que padecieron miles de víctimas de violencia sexual ya registradas o aún en las sombras, hacen parte de seis condenas contra exparamilitares de siete bloques. Las sentencias concluyen que en el 56 por ciento de violaciones hubo más de un agresor y que el 93 por ciento de las víctimas eran mujeres. (Lea también: El lento retorno de una desplazada a su tierra)
En lo que respecta a los bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María, que estuvieron bajo el mando del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, las investigaciones dicen que, por el ascendiente que la mujer tiene en la costa caribe, los paramilitares se ensañaron de manera especial contra líderes y pioneras en comunidades.
Contra esos bloques se documentaron 645 hechos de violencia sexual, principalmente en Magdalena, Córdoba, Cesar, Bolívar, La Guajira, Atlántico y Sucre.
Allí, los paramilitares “accedían de manera violenta a las viviendas de las víctimas, las sometían a la convivencia obligada con un integrante del grupo ilegal y les hacían visitas frecuentes, en las que se aprovechaban sexualmente de ellas”.
Embarazos forzados
En el fallo del año pasado contra Ramón Isaza, alias el Viejo, jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, los magistrados evidenciaron cómo se perseguía a las mujeres señaladas de tener algún tipo de relación con la guerrilla.
En medio de estos procesos se documentó la historia de una mujer, supuestamente hermana de un guerrillero. La secuestraron y uno de los paramilitares del ‘Viejo’ la violó en repetidas ocasiones. “Tras ser víctima de abuso, la víctima trató de escapar. Por eso la asesinaron”.
Los crímenes sexuales de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que comandó Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, marcaron para siempre a sus víctimas. Ese exjefe para salió de prisión esta semana, tras pagar los ocho años de pena alternativa de Justicia y Paz. (Vea aquí: 'Botalón', el tercer exjefe paramilitar que sale de prisión)
En esa región, la Fiscalía encontró los casos de dos mujeres que quedaron embarazadas por violaciones repetidas, y el de una niña que fue obligada a convertirse en mujer del temido criminal, cuyo prontuario data de la década de los 80: “Tenía 16 años (...), me llevaron a donde el comandante, se quedó viéndome y me dijo que yo iba a ser su escolta y su mujer. Desde esa noche me forzó”.
En Catatumbo obligaban a las mujeres a desfilar
El fallo contra Armando Madriaga Picón y Jesús Noraldo Basto, del frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’, cuenta cómo sus hombres impusieron códigos morales y se ensañaron contra las mujeres y la población LGBTI en el Catatumbo (Norte de Santander).
Aunque al comienzo ese frente se dedicó a luchar contra los guerrilleros,“poco a poco fue copando espacios de la vida íntima”. Así, terminaron mediando en los noviazgos y matrimonios, hasta el punto en que las disputas maritales eran falladas por el jefe ‘para’, muchas veces a fuetazos.
“Se castigaba a los jíbaros, se cobraban impuestos por permanecer en las calles, salir de noche, estar en bares, hablar con miembros del Ejército, por mirar a la cara a los paramilitares, por no pagar deudas, realizar demostraciones de afecto en público, por ser infiel”, dice la sentencia.
Según las evidencias de la Fiscalía, castigaban a las mujeres que usaban minifalda o blusas con escote. Cuando se las encontraban en una calle, incluso, “les cortaban el estómago con cuchillas”.
La Fiscalía documentó, además, varios casos de mujeres a las que obligaban a desfilar en las fiestas de los jefes de las Auc. También las obligaban a cocinar y lavar.
Las prostitutas estaban obligadas a atenderlos, sin posibilidad de negarse o de pedir retribución. Y las que tenían enfermedades de transmisión sexual eran asesinadas.
El ‘castigo’ a los LGBTI, según el testimonio de una de las víctimas, era la tortura. “Se dieron cuenta de que mis amigos eran homosexuales y por eso les cortaron el cabello con machete. A otros les echaron bóxer, y a los que tenían tatuajes les rayaron el brazo con una cuchilla”.
A guerrilleras les cercenaban los senos
En Putumayo, el bloque Libertadores del Sur tachaba indiscriminadamente a las mujeres de pertenecer a la guerrilla.
La persecución comenzaba con amenazas de muerte y terminaba con el ultimátum del destierro.
Así aparece en la sentencia contra el exjefe paramilitar Guillermo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, y sus hombres.
En el proceso, el Centro de Memoria Histórica presentó 285 diferentes casos de violencia sexual cometidos contra mujeres a las que las Auc señalaron de ser compañeras sentimentales de guerrilleros.
Según los magistrados, los paramilitares sacaron de pueblos a madres, novias y esposas de presuntos guerrilleros, “quienes eran concebidas como canales de comunicación con el enemigo”.
Una de sus tácticas fue detener a mujeres en retenes.
A las que llevaban algún tipo de elemento que les permitiera, arbitrariamente, relacionarlas con la guerrilla; a las que no tenían cédula o no podían decir el número al revés las esclavizaban y las obligaban a recoger basura, cocinar y lavar el uniforme para las tropas.
La violencia no solo fue contra la población civil.
Las mujeres de las Farc que eran retenidas en combate llevaban, según los magistrados, la peor parte.
“La mutilación de órganos sexuales, el cercenamiento de los senos, el empalamiento y la violación sexual fueron algunos dispositivos de terror empleados para escarmentar a las combatientes y enviar mensajes desmoralizantes al enemigo”, indicó el tribunal.
Las ‘niñas calvas’ de los Llanos
El informe del Tribunal recoge fallos contra las Autodefensas campesinas del Meta y Vichada en los que se documentaron hechos como el de las ‘niñas calvas’: menores de edad que sin ninguna razón eran ‘castigadas’: las rapaban y las sometían a prácticas degradantes.
Uno de esos casos ocurrió en Puerto Gaitán, Meta. Allí, antes del 2000, no había servicio de energía estable y los paramilitares emprendieron la construcción de redes eléctricas.
En medio de ese plan tomaron a por lo menos 100 niñas, a las que, como castigo por no seguir sus reglas en los toques de queda, las sometían a castigos infrahumanos.
Por orden del exjefe paramilitar José Baldomero Linares, “fueron sometidas a violaciones y distintas formas de castigo, como ponerlas a hacer obras, picar piedra, restaurar calles y embellecer la ciudad”.
Esas mujeres hoy, según el Tribunal, “llevan aún el signo de la estigmatización, la deshonra y la vergüenza”, pues en sus poblaciones las recuerdan como las mujeres a las que los paramilitares castigaban porque “se portaban mal”.
EL TIEMPO
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Publicado por Odio de Clase
