El ex ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, visitó París el sábado, para enviar un mensaje de “solidaridad” a las movilizaciones contra la reforma antiobrera del movimiento ‘Nuit Debout’ y sus seguidores.
Después de su discurso frente a los partidarios del movimiento, Varoufakis dio una declaración a medios locales de comunicación acerca de su opinión sobre la crisis de los refugiados, diciendo “cuando las personas llaman a su puerta en mitad de la noche y tienen miedo, por ellos y por sus hijos, lo que se hace es abrir la puerta y se les deja entrar, usted no hace un análisis coste-beneficio”.
En un país como Francia donde la tasa de desempleo se ubica hoy en torno el 10 por ciento, cualquier asunto relacionado con lo laboral, resulta especialmente sensible.
El presidente François Hollande condicionó su candidatura a las presidenciales de 2017 precisamente a ese tema, ya que reiteró que sólo se presentará si se registra una baja creíble de la desocupación, una de sus promesas de campaña electoral de 2012.
Sin embargo, cuando falta poco más de un año para dichos comicios, es evidente que las medidas emprendidas por el gobierno hasta el momento, no lograron ese descenso creíble del paro.
La iniciativa más reciente presentada por el Ejecutivo con tal fin, es un proyecto de reforma laboral que, según sondeos, provoca el rechazo de la mayoría de los franceses.
Para la ministra de Trabajo, Myriam el Khomri, se trata de una iniciativa justa y necesaria que debe permitir la disminución de la desocupación.
Empero, desde principios de marzo se efectuaron manifestaciones, huelgas y otras acciones para protestar contra ese polémico plan que, a juicio de sus detractores, perjudica los derechos de los trabajadores, beneficia al empresariado y alimenta la precarización laboral.
A mediados de marzo, el primer ministro Manuel Valls presentó una nueva versión del proyecto la cual elimina el establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por “un baremo indicativo” que servirá de referencia.
También prevé que la justicia laboral tenga más margen para interpretar la situación económica de una empresa que quiera despedir a trabajadores.
El texto inicial buscaba facilitar los despidos por motivos económicos.
Las pequeñas y medianas empresas no podrán modular de manera unilateral el tiempo de trabajo, como estaba previsto en la primera versión. Para hacerlo se necesitará un acuerdo colectivo, sin el cual se seguirá aplicando el derecho actual, según lo expuesto por el primer ministro.
Los dos principales sindicatos del país, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, mantuvieron su demanda de retirar el proyecto.
En tal sentido, argumentaron que el texto mantiene la definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos: dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante cuatro trimestres.
Los detractores señalaron además que atenta contra la igualdad de negociación entre trabajadores y patronos al otorgar primacía a los acuerdos en las empresas por encima del convenio colectivo.
También las organizaciones estudiantiles defienden sus planes de movilizaciones.
El Partido Comunista Francés expresó mediante un comunicado que la lógica del texto, que organiza la precariedad, facilita los despidos llamados económicos, ataca la duración del tiempo de trabajo, es la misma: debilita a los empleados.
El Partido abogó por retomar las negociaciones sobre nuevas bases en aras de un código de trabajo que responda a las necesidades de seguridad real de los profesionales y que ataque realmente al “cáncer del desempleo”.
Por su parte, los sindicatos llamados “reformistas” opinaron que “los cambios expuestos por Valls van en el buen sentido”.
El gobierno busca que el proyecto, cuyo debate en la Asamblea Nacional está programado para principios de mayo, sea adoptado definitivamente antes del verano.
Entretanto, el rechazo contra ese plan, sigue poniendo al descubierto el descontento existente con relación a políticas implementadas por el gobierno.
