El ex-presidente Antonio Saca González enfrentará juicio por enriquecimiento ilícito por 4.5 millones de dólares, según lo ordenó este lunes 7 de marzo la Corte Suprema de Justicia.
Esto es dos millones de dólares menos de lo que la Sección de Probidad de la Corte Suprema había cuestionado en su investigación de febrero.
El caso será enviado a una Cámara de lo civil donde Saca podría aun desvirtuar todos los señalamientos.
Residencia del expresidente Antonio Saca a la que se mudó al salir de su quinquenio en 2009. Esta residencia, en las faldas del volcán de San Salvador, ha sido "congelada" por la Corte Suprema de Justicia este lunes 7 de marzo. Foto: Archivo de El Faro.
La Corte Suprema de Justicia firmó, después de dos semanas de discusiones internas, la resolución con la que ordenan la apertura de un juicio por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la República Antonio Saca González y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca cuyo caso ahora pasará a manos de una Cámara de lo Civil de San Salvador. El expresidente enfrentará juicio civil por 4 millones 559 mil 621 dólares con 65 centavos, dos millones menos que lo que se le había cuestionado en febrero.
La resolución, que fue firmada por los magistrados y divulgada este lunes 7 de marzo, también congeló de manera preventiva cinco cuentas bancarias de la pareja, así como su residencia en las faldas del volcán de San Salvador, en el cantón El Carmen, en una zona conocida como la Finca Linda Vista, Plan del Guayabo. La Corte también congeló las acciones que Saca, su esposa y sus tres hijos tienen en cuatro de seis empresas que conforman el emporio radiofónico que el exmandatario comenzó a construir en los años 80.
La Corte tardó 13 días para firmar la resolución que tenían preparada desde el martes 23 de febrero. La discusión se centraba, entre otras cosas, en decidir a qué Cámara de lo Civil debían enviar el expediente. Saca está domiciliado en San Salvador con lo cual la Corte tenía la opción de enviarlo a cualquiera de las dos Cámaras de lo Civil que existen. Contrario a los otros juicios por enriquecimiento ilícito, los magistrados de la Corte enviaron el caso Saca a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, y no a la Cámara Segunda, como ocurrió con el expediente del Mauricio Funes Cartagena, el del diputado del PCN Reynaldo López Cardoza y el del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa.
La fortuna cuestionada a Saca bajó de 6.5 millones a 4.5 millones de dólares después de que la Corte estudió un escrito que el expresidente envió como descargo el lunes 15 de febrero. Los 4.5 millones de dólares que siguen cuestionados corresponden a 2.2 millones de dólares que Saca acumuló, supuestamente, durante su mandato; 1.7 millones fuera del quinquenio presidencial, y 589 mil que la exprimera dama no logró justificar.
La Corte no compró el argumento de que 667 mil dólares que Ana Ligia Mixco Sol de Saca había depositado en cuentas corrientes provenían de préstamos que ella cobraba a sus amigos, empleados y familiares, o que era dinero que ella recibía de parte de las empresas como parte de eventos que ayudaba a organizar aun siendo primera dama de la República. La Corte señala que es imposible que la exprimera dama haya transferido cantidades de dinero que ella no tenía ni para sí.
La Corte dice no saber de dónde ella obtuvo 508 mil dólares para depositarlos en dos cuentas corrientes durante la administración presidencial. Saca intentó defender a su esposa pero al final fue infructuoso. Dice la Corte: "Saca González expresó que los ingresos (...) provenían parcialmente de las cuentas del suscrito pues le cambiaba cheques con sus empleados, o le entregaba cheques a su nombre, para cubrir gastos personales y del hogar". Bajo esa modalidad, la exprimera dama recibió 94 mil dólares, según Saca. Otros 260 mil provienen que recibió la exprimera dama son de pequeños préstamos que ella hacía a sus allegados.
"[El expresidente] expone que la señora de Saca tenía la práctica de cambiar efectivo para hacer préstamos a sus amigos, empleados y familiares que posteriormente cancelaban y ella los reunía y los depositaba a su cuenta personal, estos montos, sumados, llegan a unos 6 mil o 7 mil mensuales que no representaban ingresos pero estaban 'circulando' y depositándose a sus cuentas personales, valores que al sumarse en os 40 meses ascienden a 260 mil dólares".
Saca también aseguró a la Corte que Ana Ligia Mixco recibió 150 mil dólares de las empresas radiofónicas "para ciertos eventos de la empresa que ella, aun con sus múltiples ocupaciones adhonorem como primera dama de la República, se encargaba de cubrir". Pero para Probidad hay datos que no cuadran. "La diferencia entre lo percibido y lo reportado por el ministerio de Hacienda y los reportes bancarios de sus cuentas es que permiten mantener sin justificar la cantidad de 508 mil dólares", dice la resolución.
Entre los bienes congelados por la Corte está la residencia Saca. Esta es una mansión que Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. —empresa donde Saca es accionista— compró en mayo de 2009 por 2.1 millones de dólares a una compañía propiedad de Nicolás Salume Barake, ya fallecido, y quien fuera designado de la Presidencia de Mauricio Funes; y el hijo de aquel, Nicolás Salume Babún, quien dirigió la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (Cel) durante la administración de Saca y en el inicio de la administración de Mauricio Funes.
De las cinco cuentas congeladas dos son del banco Agrícola, de las cuales una está a nombre del expresidente Saca y otra a nombre de su esposa Ana Ligia. Las otras tres cuentas congeladas son del banco Davivienda, todas a nombres del exmandatario.
Las empresas cuyas acciones han sido inmovilizadas son Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V., Grupo Samix S.A. de C.V., Radiodifusión de El Salvador S.A. de C.V., y Stereo Noventa y Cuatro Punto Uno S.A. de C.V. Estas son cuatro empresas que entre 2004 y 2009 experimentaron un incremento de hasta 1,600% en sus ganancias y en su patrimonio.
Para enviar a juicio civil al expresidente, la Corte concluyó, entre otras cosas, que las empresas relacionadas a Saca transgredieron normas contables al mezclar sus patrimonios, sus finanzas y su contabilidad, lo cual va contra el Código de Comercio, el Código Tributario, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como algunos principios de la contabilidad universal, en especial, el denominado principio de "entidad contable". Este principio, según Probidad, establece la obligación para que cada sociedad posea sus propios activos, pasivos, ingresos y gastos y que los contabilice como tal.
"El concepto de entidad representa una frontera para la preparación de informes, es decir, se trata de una unidad separada con personalidad jurídica propia e independiente diferenciada de sus propietarios y otros", dice la Corte.
Entre los señalamientos que se mantienen en pie están los depósitos por 1 millón 94 mil dólares que Saca hizo a una cuenta a su nombre de Promotora de Comunicaciones, entre el 2 de julio de 2004 y el 19 de marzo de 2009 y que, como lo publicó El Faro hace tres semanas, provenían de empresas del negocio de la publicidad, así como de personas naturales como el locutor Raúl Beltrahan Bonilla y el primo del exmandatario Herbert Saca Vides. Saca, según se lee en la resolución de la Corte, presentó fotocopias simples de créditos fiscales junto a una lista de empresas que eran clientes de sus radios porque pautaban publicidad. Pero la Corte resuelve que esos alegatos no son suficientes para desmontar la presunción de que ese millón de dólares en depósitos no está justificado.
"Al verificar la lista de cobros por pautas publicitarias en medios radiales adjuntada a su escrito de contestación, y al confrontarla con el detalle de soportes de depósitos efectuados en cuenta corriente consolidadora, se encontraron diferencias (...) Si se suman las cantidades relacionadas en las copias de comprobantes de crédito fiscal, no correspondería a la cantidad antes señalada por lo que se concluye que la información proporcionada en el escrito de contestación y sus anexos, no son confiables", dice la resolución.
El siguiente paso será que la Cámara Primera de lo Civil abra el juicio por enriquecimiento ilícito y quede a espera que la Fiscalía acuse formalmente al expresidente. En su resolución de este lunes, la Corte también aclara que la Fiscalía podría activar la Ley de extinción de dominio contra alguno de los bienes de la pareja expresidencial o también presentar cargos penales en su contra.
