Ecuador buscará que en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) se apoye la iniciativa de crear un tribunal que juzgue los delitos de las transnacionales, aseguró el Presidente, Rafael Correa, durante un conversatorio con periodistas de agencias y medios internacionales que trabajan en el país.
“Todo poder puede atentar contra los derechos humanos. Como el poder mediático, económico, extranjeros, etc.”, sostuvo el mandatario, quien cree necesario un tribunal internacional para juzgar los abusos y atentados de las grandes empresas.
El canciller Ricardo Patiño explicó que después de muchas décadas las Naciones Unidas resolvió constituir un grupo para elaborar un instrumento legal que permita relacionar los derechos humanos con las acciones de las empresas transnacionales y que les obligue a proteger los derechos ciudadanos.
“El año pasado Ecuador trabajó en esta iniciativa con varios países y, finalmente, se eligió a nuestro país para para que coordine esa labor entre todos los países”, destacó.
La propuesta fue presentada en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según lo explicó días atrás María Fernanda Espinosa, representante permanente de Ecuador ante ese organismo, durante una entrevista con el programa Ecuador No Para.
“Hasta el momento no teníamos un instrumento internacional vinculante, o sea obligatorio, que establezca un equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de las transnacionales para que cumplan estándares de Derechos Humanos y estándares ambientales”, explicó entonces la diplomática.
“Esto es una respuesta estructural porque los mecanismos de arbitraje internacional y los tratados bilaterales de protección de inversiones, lo que hacen básicamente es poner la balanza a favor de las transnacionales, en detrimento de los pueblos y de las víctimas. Las transnacionales han adquirido un enorme poder y no hay un contrabalance”, agregó.
La siguiente reunión de negociación está prevista para octubre de este año, en la que se establecerán los puntos que contendrá el tratado, con el objetivo de que la negociación definitiva se efectúe en 2017.
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