Hace unos días hubo protestas a lo largo del territorio español contra una lacra existente en España que debe denunciarse con toda intensidad: la violencia de género en contra de la mujer.
Según datos oficiales del Estado español, en el año 2014 fueron asesinadas en España 54 mujeres por hombres, en situaciones y contextos de violencia en el ámbito familiar, conocidos en España como violencia de género. Catalunya y Andalucía estaban en 2014 a la cabeza del ránking de esta violencia de género.
Previsiblemente, todos los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones vecinales, los grupos profesionales, y muchos otros salieron a la calle para expresar su profundo rechazo y protesta. Aplaudo tal movilización que espero se extienda a lo largo del territorio español para subrayar un ‘Basta ya’ a este tipo de violencia que nos empobrece a todos y que señala lo mucho que todavía nos queda por hacer contra la discriminación de género.
Pero quisiera ahora referirme a otra enorme violencia que, de ser tan común, ya pasa desapercibida. Y me estoy refiriendo a la violencia contra el mundo del trabajo, resultado de otro tipo de discriminación en España, de la cual apenas se habla y que es una de las formas de discriminación más extendidas en este país, la discriminación por clase social, discriminación que, por cierto, está aumentando y que apenas se reconoce como tal.
En realidad, incluso el término ‘clase trabajadora’ está desapareciendo en las culturas mediáticas y políticas del país, siendo sustituida por el término y concepto de ‘clase media’, que se asume (erróneamente) que define mejor la clase social de la mayoría de la ciudadanía. Una supuesta transformación de la clase trabajadora en clase media ha hecho desaparecer esta última clase del panorama mediático y político del país. La tozuda realidad muestra, sin embargo, que si a la población se le pregunta, utilizando en lugar de la pregunta más utilizada (¿es usted miembro de la clase alta, de la clase media o de la clase baja?) otra en la que aparezca el término ‘clase trabajadora’ en lugar de ‘clase baja’ (¿es usted miembro de la clase alta, o de la clase media o de la clase trabajadora?), hay más personas adultas en España que se definen como pertenecientes a la clase trabajadora que a la clase media.
La violencia contra la clase trabajadora
Según los datos del informe anual de muertes en el puesto de trabajo en España en el año 2014, elaborado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social e Higiene en el Trabajo, en aquel año hubo 467 muertes que ocurrieron, no en el desplazamiento a los lugares de trabajo, sino en los mismos lugares de trabajo. Repito, ¡cuatrocientas sesenta y siete muertes. Más de un muerto cada veinticuatro horas! Y la noticia apenas apareció en los medios. Es tan ‘normal’ que ni siquiera es digno de ser destacado. Y que yo sepa, no ha habido mayores manifestaciones de protesta en ninguna ciudad de España frente a este hecho.
La mayoría de muertes ocurren entre trabajadores agrícolas, entre trabajadores de la construcción y entre trabajadores de la manufactura, aunque incluso hay muertos en el sector servicios. Y lo que es incluso más preocupante es que la mortalidad no ha descendido tan rápidamente como debería haber ocurrido al descender el empleo durante la desaceleración del crecimiento económico y, por lo tanto, del decrecimiento de la actividad económica en cada sector.
En el sector industrial, donde se encuentra el trabajador de la manufactura, el descenso del empleo ha ido acompañado de un aumento de la mortalidad muy notable en los años del inicio de la crisis, 2009 a 2012, e incluso más acentuado en los años 2013 a 2014.
La causa forense de tanta mortalidad incluye una enorme amalgama de razones, que incluye desde infartos y derrames cerebrales (una de las mayores causas) a ser aplastado y sepultado, o a ser electrocutado, o a ser golpeado por un objeto en movimiento, entre otras. La enorme predecibilidad de tales muertes muestra que gran número de ellas podrían haberse prevenido.
En cuanto a las primeras causas (tales como los infartos y derrames cerebrales), la causa mayor de ello es el enorme crecimiento de las condiciones estresantes de trabajo que ha tenido lugar en los puestos de trabajo durante los años de recesión (y que continúan). España es uno de los países donde (como consecuencia de sus reformas laborales realizadas por los gobiernos Zapatero y Rajoy, y aplaudidas por Ciudadanos) ha habido mayor crecimiento del estrés en el trabajo (ver la encuesta de las Condiciones de Trabajo de la OIT) en el periodo 2007-2012.
El enorme daño ocasionado en el mercado del trabajo
Estas muertes son el vértice de un témpano enorme que cubre lo que se llama (errónea y tendenciosamente) ‘accidentes’ laborales. La mortalidad es sólo el tope de la enorme violencia de clase. Existen en España, según las cifras de 2014, 424.625 accidentes al año, siendo en la minería donde el número es mayor (37.758 ‘accidentes’), pero es sorprendente su extensión en todos los sectores de la actividad económica.
El término ‘accidente’ parece asumir una cierta neutralidad en el hecho. Se presenta así como algo casi impredecible, que le puede ocurrir a cualquiera. Y ello no es cierto. Como he indicado antes, tales accidentes son predecibles. Se puede predecir cómo y cuándo se producen tales accidentes. En realidad, gran número de empresas empleadoras de los trabajadores que sufren los accidentes calculan ya a priori el número e intensidad de los accidentes, cuyos costes (sobre todo en su aseguramiento financiero) ya se incorporan en los costes de producción de las empresas.
Los estudios científicos muestran, con toda contundencia, que la gran mayoría de muertes y mal llamados accidentes pueden prevenirse. Y las empresas son plenamente conscientes de ello. Que lo hagan o no depende de su cálculo de coste-beneficio, en donde el coste de la vida humana es hoy en España relativamente barato. Son, pues, resultado de un enorme desequilibrio de poder, en el que los culpables raramente son sancionados al nivel que deberían serlo. Si un trabajador al salir de su lugar de trabajo atropella involuntariamente y mata a su empresario con su coche, tendrá un coste elevadísimo y es más que probable que vaya a la cárcel y pierda su permiso de conducir.
Si un empresario evita tomar las medidas preventivas que puedan causar la muerte de un trabajador, es más que probable que no termine en la cárcel, y desde luego no perderá su licencia de la empresa. Pero no sólo el empresario, sino también la autoridad pública, laxa en la aplicación de la todavía insuficiente legislación protectora del trabajador, o el gobernante responsable de la aplicación de políticas (como el aumento del desempleo) que aumentan el estrés en el lugar de trabajo, no recibirán ninguna sanción. Todo ello se considera ‘normal’.
¿Se da usted cuenta, lector, de cómo la discriminación de clase —la discriminación más extensa y menos denunciada— funciona en nuestro país? Mientras, casi nadie habla de la clase trabajadora. ¿Entiende usted por qué? La respuesta es muy fácil. Porque aparece más neutral el término clase media, pues eso de clase trabajadora suena algo más político y más problemático, que puede desembocar en una revitalización de la conciencia de clase que complicaría las cosas para el establishment mediático-político del país, que representa los establishments financieros y económicos, que tienen un enorme poder en España.
Y con estos, no se juega. -
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